Cuando Chile aún no se sacude de la herencia de una Constitución pinochetista que consagra situaciones impuestas por la dictadura militar, el país está a las puertas de cumplir, este 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende e impuso el régimen fascista de Augusto Pinochet.
Más que la conmemoración de una efeméride, la fecha es una ocasión para poner en el tapete del debate político la vigencia aun de rezagos de la dictadura militar, cuentas pendientes con los asesinos de las fuerzas armadas, de carabineros y transgresores de los derechos humanos que provocaron miles de muertos, detenidos, desaparecidos y exiliados chilenos. De cara a ese debate existen muchos puntos de tensión entre las fuerzas políticas chilenas. Uno de ellos es la decisión de establecer nuevos Sitios de Memoria que se agrega a la demanda de cerrar el penal Punta Peuco donde guardan prisión en un sitio especial cientos de militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante los 17 año de dictadura pinochetista. En ese sitio los condenados por crímenes políticos siguen negando sus delitos, hacen fiestas y reivindican sus actos criminales, reivindican el no haber matado más comunistas, residen en verdaderos departamentos acondicionados, con baño propio, con regalías que la población carcelaria común no tiene, es una discriminación de clase frente a los delincuentes comunes. No es aceptable la existencia de un sitio con condiciones privilegiadas para este tipo de detenidos. Por otra parte, persiste la necesidad de mantener la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos por la dictadura.
En sectores militares existe la idea de abordar la efeméride en un tono reflexivo con un “mirada de futuro”, según dijo el comandante en jefe de la armada chilena. Aquello sugiere cerrar los ojos y los oídos frente al clamor de justicia frente a los atropellos del pasado a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por eso esta sugerencia se diluye ante la posibilidad de dejar aun impune la responsabilidad que incluye a partidos políticos conservadores, gremios empresariales, grupos de extrema derecha, embajadas extranjeras y altos mandos militares que están involucrados en el golpe de Estado pinochetista.
Pasado y presente
El pasado de Chile sigue incidiendo en el presente y futuro del país. Existe situaciones que tienen que ver con el presente influidas por las consecuencias del golpe de Estado militar. Se trata de heridas abiertas, temas sin resolver, juicios sin condena a los asesinos, medidas económicas vigentes, decisiones políticas militares aun intocadas, etc., todo un conjunto de situaciones derivadas del golpe de Estado y de una dictadura civil-militar que produjo miles de muertos y desaparecidos y llevó al país a los peores índices de pobreza, desigualdad y deterioro de la calidad de vida de chilenas y chilenos.
Estos hechos políticos forman parte de una trama que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), manifiesta haber sido impuesta por la dictadura con violencia psicológica y moral, que es el negacionismo, la bandalización de los Memoriales o Sitios de Memoria, la impunidad biológica, y una justicia demasiada tardía. Uno de los hechos más violentos es hacer un penal especial y de privilegios para los autores de los crímenes de lesa humanidad, criminales que ya han recibido beneficios como bajísimas penas de cárcel.
Otro tema de tensión a medio siglo del golpe de Estado, tiene que ver con la posibilidad de dar pasos concretos para hallar los restos de mil 159 chilenas y chilenos, detenidos desaparecidos, quienes fueron arrestados, torturados, ejecutados y hechos desaparecer por integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerzas Aérea, Carabineros y organismos represivos con la Dina y la CNI. Si no se encuentran esos restos de ciudadanos es porque las instituciones militares y policiales no han entregado la información necesaria y requerida. Se conoce un dato que señala que actualmente existen aproximadamente 573 Consejos de Guerra y se encuentra pendiente la respuesta de un oficio dirigido al Ejército de Chile mediante el cual se requirió copia de los expedientes de otros 396 Procesos Militares en Tiempos de Guerra. Existen cerca de 4.000 expedientes de procesos militares en tiempos de guerra los que se encuentran en poder del Archivo General del Ejército de Chile.
Extraoficialmente se sabe que los militares ven con malos ojos el cierre de Punta Peuco, y sostienen que no tienen nada que reportar respecto a los más de mil detenidos desaparecidos, cuestionan que recintos militares donde se torturó, se detuvo ilegalmente y se ejecutó a ciudadanos, sean declarados Sitios de Memoria, y estarían por sumarse a la tesis de “no volver al pasado” y “mejor mirar al futuro”. Sin embargo, la información oficial registra 90 unidades militares y policiales declarados Sitios de Memoria porque allí se violaron los derechos humanos y civiles de miles de chilenos. Esa situación, como colocar placas conmemorativas en cuarteles de las FFAA y Carabineros, quitar monumentos alusivos al golpe de Estado y a golpistas como Augusto Pinochet, José Toribio Merino y César Mendoza, han causado molestia en el ámbito de las ramas castrenses y de la policía uniformada.
Los chilenos enfrentan el cincuentenario del golpe militar el próximo 11 de septiembre como la opción de que sea un punto de encuentro y una instancia para cerrar heridas y divisiones, o revivir los mismos odios frente a una ley que no juzga a los culpables y una impunidad que impide que brille una justicia histórica en Chile.
De cara al cincuentenario del golpe de Estado las fuerzas políticas de la derecha y familiares de militares están planeando realizar conferencias y actividades para reivindicar lo que llaman “pronunciamiento militar” de septiembre de 1973, defender la acción de las FFAA y Carabineros y destacar “la obra” del régimen militar y particularmente el desempeño del dictador Augusto Pinochet. En tanto, las fuerzas democráticas y progresistas chilenas deben poner énfasis, no en venganzas emocionales, sino en la firme consciencia y acción política que impida que en el futuro del país y de la región vuelva a repetirse -en el contexto de un retorno fascista-, un hecho sangriento como el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Eso solo será posible zanjando las tensiones e imponiendo la voluntad popular de hacer justicia histórica en Chile.
