El día de ayer la política criolla tensionó la cuerda de la democracia hasta el máximo nivel con el mínimo nivel cualitativo de fondo y forma. Se trató de un despliegue narrativo en la intervención de interpelantes e interpelado en un juicio político al presidente de la República en el Parlamento. Una pieza de comunicación política cuyas normas exigen, al menos, coherente correspondencia entre elementos formales y de contenido.
Entre los aspectos logísticos destacamos que demandantes y demandado desplegaron lo que a su juicio es su mejor artillería discursiva y, en un lapso de tiempo menor al permitido, esgrimieran argumentos en favor y en contra.
Guillermo Lasso lo hizo leyendo un Prompter de cristal transparente que disimula la lectura y da la apariencia de natural improvisación. Verónica Veloz y Esteban Torres, interpelantes, apelaron a su memoria y a papelillos puestos sobre la mesa de la curul como ayuda-memoria para hilvanar sus relatos.
Entre los protagonistas hubo contrastes notorios. Un Lasso aplomado, irónico y a momentos elegante, mostró lo que algunos calificaron un estilo de “orador del mundo griego”, en comparación con la debilidad semántica, pobreza conceptual y formal de sus contrincantes. Huelga decir que el discurso presidencial elaborado por asesores y redactores buscó mejorar la imagen del mandatario ante el país, de manera especial del ciudadano común, más que llegar a torcer la decisión de voto de los asambleístas. Si bien el formalmente “impecable discurso” de Lasso no fue de su pecunio sino del trabajo de sus asesores y redactores, el presidente tuvo la capacidad histriónica, teatral, de asumir con talante, desplante y convicción un libreto preestablecido. Y eso se notó y anotó puntos a su favor. En tanto que, en su intervención Veloz y Torres fueron a la caza de votos de algunos legisladores aun indecisos, más allá de los pactos preexistentes que pudieran haber sido establecidos con anterioridad entre las diversas bancadas parlamentarias. Sus argumentos rondaron alrededor de la idea de que el juicio era legal, enmarcado en la Constitución y que se trata de un enjuiciamiento político que no requiere pruebas jurídicas para su sentencia. Ambos acusadores se valieron de sus propios recursos. Veloz de su condición de mujer y Torres de su engolada juventud. La primera, con una desventaja en el tonillo de su voz aguda y estridente, que le hizo perder solvencia y aplomo al contenido de sus palabras. El segundo, con una formalidad gélida que no movilizó la pasión de sus oyentes.
Ya en el contenido, Lasso esbozó un relato embustero, torciendo la testa a la verdad, negando sin pruebas de descargo la acusación de sus interpelantes, hablándonos de un país que no se compadece con la realidad, poniendo pretextos a la ingobernabilidad que el mismo mandatario se ha dado.
Los inquisidores reiteraron lo que ya han dicho acerca de la responsabilidad política de Lasso que, conociendo de las irregularidades en los contratos de transporte de petróleo firmados entre Flopec y Amazonas Tanker, no realizó denuncia alguna -según consta en un certificado emitido por la Fiscalía General del Estado-, ante el nivel de corrupción contractual existente en ese negocio. De este modo, el mandatario actuó en calidad de cómplice por omisión de un acto de peculado; además de eventuales “vínculos del presidente con la corrupción y el narcotráfico”, a través de miembros de su círculo más íntimo. Lasso calificó de “absurda, ocurrida y pintoresca” a la acusación y acusó a sus acusadores de ser “anti legisladores de esta República”.
La lógica analítica de los interpelantes dejó que desear, porque se concentró en hechos ajenos a la disposición que les permitía la interpelación y avanzaron hasta argumentos políticos que censuran el ejercicio de la gestión presidencial, como si la política permitiera todo tipo de imprecaciones acusatorias. Lasso con habilidad reconoció el carácter político del juicio admitiendo que, al menos, se tenga otra práctica de la política.
El juicio político, como máxima tensión de la democracia, busca dirimir el problema del poder, al menos el del control del Gobierno, sin embargo, en su contenido nos queda debiendo elementos de convicción. La política es polémica, es la creación en controversia de escenarios posibles, verificables y aplicables en una praxis que, de un modo u otro, hacen que las cosas cambien, en el arte de hacer que las cosas sucedan. Eso no ocurre en este juicio de la política criolla. Y esta afirmación la sustentamos en el hecho de que no se muestran los fines con transparencia, ni se utilizan los medios con eficacia. Si es político el juicio, hay que reconocer que se busca tomar el poder, por una parte, y conservarlo por otra. Es un embuste hablar de que está en juego la democracia, puesto que ésta no es un fin en sí misma sino el medio para expresar la política con derechos. No están en juego las instituciones puesto que son instrumentos del ejercicio de la política. Si el juicio es político lo que está en juego es el modelo de sociedad que se propone conforme determinados principios ideológicos. La política para ser efectiva requiere de un mínimo de sinceridad y transparencia, caso contrario se convierte en un sainete embustero.
La actitud de Lasso le valió más que sus argumentos. La forma primó por sobre el contenido. Alguien le debió decir que tenía ventaja en la edad por sobre sus interpelantes que aparentaban ser imberbes y ese detalle contribuyó a sus propósitos. El tono de barricada utilizado por los interpelantes sirve para el video y la foto, pero no para torcer la voluntad de los parlamentarios indecisos.
¿Qué salidas quedan?
De parte de los acusadores, destituir al presidente y dar paso a una sucesión constitucional del vicepresidente en el cargo de primer mandatario y esperar posibles cambios en la forma de conducir del país. De parte del presidente queda en sus manos la “muerte cruzada”, con cierre de la Asamblea Nacional y elecciones generales en un plazo de seis meses. Ninguna de las salidas garantiza nada en términos de solución a los graves problemas que aquejan al país. No se trata de personas sino del modelo político económico que representan y propician. Y los modelos políticos cambian mediante la presión popular organizada y movilizada. La política es el arte de hacer que las cosas sucedan, pero debe hacérselas antes de que sucedan.
La muerte cruzada
Esta prerrogativa presidencial creada por el correísmo tiene apariencia legal porque está contemplada en la Constitución, pero no quiere decir necesariamente que sea democrática o justa. La carta magna de un país expresa la voluntad mayoritaria -dictatorial o no- en un momento determinado de la historia de un país. El problema no es si se cumplen las tres causales: Obstrucción de parte de la Asamblea Nacional de los planes del Gobierno; usurpación legislativa de funciones o grave conmoción interna nacional. El tema de fondo es que la democracia muestra la incapacidad de generar consensos mínimos entre las partes del conflicto político y otorga patente de corso a uno de los poderes del Estado de neutralizar a otro sacándolo del escenario político por cierre del Parlamento o renuncia del Presidente. Es un arma de doble filo porque una muerte cruzada en la práctica sirve tanto a fuerzas democráticas como a sectores fascistoides en el poder. En ambos casos queda al margen la acción popular organizada en el terreno político. El llamado a elecciones generales de Ejecutivo y Legislativo, de apariencia también democrática, no asegura la posibilidad de impedir que se repita el mismo esquema político que motivó a la muerte cruzada o se reedite el modelo político económico en el poder. Esto demuestra que la calentura no está en las sabanas y que la solución de los problemas nacionales por la vía de la política democrática supone la propuesta de un modelo de país que recoja las demandas ciudadanas tamizadas por una visión ideológica de la realidad nacional, es decir un proyecto político, concebido por la sociedad civil y no impuesto por las fuerzas de un régimen amparado únicamente por las fuerzas armadas custodias del orden establecido, que, una vez más emergen como dirimentes del conflicto social muchas veces al margen de la voluntad popular.
El desenlace debería ser mejorar el nivel de consideración por el país. Ecuador debe reinstitucionalizarse en el concepto de los políticos profesionales para lograr coherencias mínimas entre los hacedores del quehacer político criollo que nos permita hacer la vida cotidiana en elemental armonía. Ha quedado en evidencia que el escenario institucional de la política, el Parlamento, mostró sus limitaciones y debilidades. En tanto, el Ejecutivo exhibió denodadamente su intolerancia. Queda por confirmar el otro escenario de la movilización popular en calles, asambleas, sindicatos, comunidades, centros estudiantiles y barrios populares para hacer que la política genere cambios cualitativos en la vida del país. En tanto, la política seguirá siendo un simulacro de democracia, una mera simulación de cambio y un remedo de progreso.
La política la hacen los pueblos, los políticos solo la interpretan.
