En el sesudo juego de estrategias en el tablero de la política criolla, el juicio al presidente de la República entró en una suerte de paridad: No se avanzó aprobando la continuidad del enjuiciamiento a Guillermo Lasso, tampoco se archivó el proceso.
El Informe motivado en el seno de la Comisión de Fiscalización (CDF) del Legislativo no fue aprobado, porque obtuvo solo 4 de los 9 votos en disputa. Al no existir la opción de emitir un informe de “minoría” que contrapese a uno de “mayoría”, el informe único que no logró aprobación ahora es remitido al presidente de la Asamblea Nacional para que lo ponga en consideración del Pleno del Legislativo.
El informe de la Comisión que fue leído ayer sábado en su borrador durante cuatro horas y media, planteaba que el proceso no avance al Pleno de la Asamblea, pero estaba trunco porque no contenía los aportes de UNES, PSC e Independientes, interpelantes, que se oponían al tenor del texto recomendando no continuar con el juicio a Lasso. El llamado “informe motivado” que no fue aprobado y que no tiene informes de posturas mayoritarias ni minoritarias, -porque así lo establece la Procuraduría General del Estado a solicitud de quienes pretendieron blindar a Lasso de una posible censura y destitución-, deberá ser entregado por el presidente de la Asamblea Nacional para un nuevo debate del Pleno para decidir en torno al destino de su contenido.
El motivo es un presunto peculado cometido por Guillermo Lasso, en condición de presidente de la República, por omisión ante irregularidades que tuvieron lugar en el denso y oscuro mundo petrolero ecuatoriano. Al respecto, cabe enfatizar que sí existe un contrato firmado entre Amazonas Tanker y Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) en octubre de 2022, suscrito por sus respectivos representantes, y que perjudica al Estado ecuatoriano.
¿Y ahora?
Al momento, con el resultado de la votación en la CDF (4 votos de 9), no existe en la realidad un informe que No recomiende el juicio político en contra de Guillermo Lasso, porque el informe de Fernando Villavicencio, presidente de la CDF, no obtuvo los votos de respaldo, -solo bastaba verle la cara al legislador frustrado-, por tanto, lo que procede, según los interpelantes, es que se aplique el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; el mismo indica que “la votación es el acto colectivo por el cual el Pleno de la Asamblea Nacional declara su voluntad”.
En ese escenario, el Pleno deberá resolver sobre una moción si se llama o no nuevamente a un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. De ser afirmativa esa moción que solo requiere de 70 votos para su aprobación, se deberá convocar al presidente Lasso y a los interpelantes para que se presenten al Pleno de la Asamblea Nacional y se abra el debate. El presidente del Legislativo, con el informe no aprobado en sus manos, tiene hasta 48 horas para ponerlo en conocimiento de los legisladores y, luego, hasta 72 para convocar a la Asamblea Nacional en pleno.
En este ajedrez político, Guillermo Lasso continúa bajo amenaza de jaque mate al rey, en un juego de estrategias en el que el objetivo es «derrocar» al monarca del oponente. Ahora el país deberá esperar si las FFAA patean el tablero ante la eventual nueva jugada sobre los escaques de nuestra política criolla: un nuevo juicio al presidente Guillermo Lasso, con solo 70 votos necesarios para que así suceda. La suerte del rey está echada y en manos de un colectivo con sed de censura.
