En los detalles está el mito, manifestó alguna vez el semiólogo Roland Barthes. Cada discurso tiene una narrativa construido de partes sintagmáticas, como un rompe cabezas de detalles que apunta hacia un solo contenido. El discurso oficial respecto del terrorismo, es un collage de opiniones construido por los voceros oficiales ante las cámaras y los micrófonos de los medios de información con clara utilidad política. La voz campante en ese ejercicio de comunicación pública y publicada en canales, radios y periódicos, la lleva el presidente Lasso al declarar “la guerra al terrorismo”, un enemigo hasta ayer abstracto, anónimo y sin rostro. Sin embargo, en las últimas horas el terrorismo adquiere cuerpo y alma e incluso nombre propio.
El presidente Guillermo Lasso rastrilló el arma política y puso la firma en el Decreto Ejecutivo 730 que “declara al terrorismo como amenaza al Estado”, un documento que ordena al Comando de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata acciones para reprimir a la amenaza terrorista. El 27 de abril pasado, Lasso había firmado la declaratoria que identifica al terrorismo como amenaza, no obstante, faltaba la expedición del Decreto que apruebe determinados procedimientos para la fuerza pública.
En su artículo 1 el decreto señala: Disponer a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas; aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial y la vigencia plena de la Constitución y el Estado de derecho.
Este decreto es una orden presidencial que tiene un marco teórico, o fundamento doctrinario, proporcionado por Paco Moncayo, Consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional. Moncayo manifestó ante la televisión, -luego de que el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, mencionara días atrás que la idea era “declarar como terroristas a los grupos delincuenciales»-, que declarar como terroristas a estos grupos iba a traer dificultades para aplicar la norma. Por tanto, era necesario declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y, por consiguiente, a su seguridad integral y no limitar la definición a un solo tipo de grupo delincuencial como terrorista. En otras palabras, el terrorismo es una categoría móvil aplicable a todo acto que las autoridades consideren como tal. Moncayo, en ese sentido, explicó que «son grupos que tienen una alta movilidad, una alta capacidad de reciclaje, entonces cambian de nombre”. Si se les declaraba como grupos terroristas resultaba “menos eficiente”. En cambio, declarar como terrorismo la actividad que realiza una persona o un grupo es más fácil para aplicar la norma sin especificar. Si aparece otro grupo delincuencial se tenía que declararlo, nuevamente, como terrorista, según Moncayo. De ese modo, la condición de «terrorista» se hace extensiva a todo aquel que, según el Estado, considere que comete por acción, palabra u omisión, un acto terrorista.
Para poner en práctica el nuevo concepto político criollo, al calificativo terrorista se le puso nombre y apellido. Y fue el ex presidente Oswaldo Hurtado quien aportó en entrevista de prensa ese otro detalle de la mitología terrorista, al calificar como terroristas a los dirigentes de la Confederación de Organizaciones Indígenas de Ecuador (CONAIE), encabezados por Leonidas Iza. Acto seguido, denunció la existencia de “un grupo paramilitar armado al margen de la ley que tiene armas y que las usa”, e instó a las autoridades a “que condenen a estas bandas paramilitares y terroristas indígenas”. El círculo se cierra en la estrategia de militarizar la política, y de ese modo, el mito del terrorismo criollo, con detalles fríamente calculados, está completo en el que no falta ninguna variante.
En los detalles está el mito. Peligroso discurso que se complementa con pormenores y acciones prácticas inéditas en el Ecuador. Por decisión oficial efectivos de la Policía Nacional serán entrenados por agentes del FBI de los Estados Unidos que dictarán clases “a domicilio” en territorio ecuatoriano. La pregunta cae por su peso, ¿es esto constitucional, hasta dónde resulta vulnerada la soberanía nacional con la presencia de un aparato de inteligencia extranjero operando en el país?
Estos son temas que deben ser analizados por la academia, por la política de altura y por los ciudadanos que se sientan llamados a reflexionar sobre el destino de un Ecuador pacífico y soberano.
