Por Luis Onofa
La libertad de prensa, cuyo día internacional se celebra hoy, es un territorio en disputa silenciosa, pero intensa y de larga data, entre los poderes mediáticos y los ciudadanos, en todo el mundo y, por supuesto, en Ecuador.
Se remonta al menos tres siglos atrás, cuando la revolución industrial posibilitó la aparición de los periódicos de circulación masiva en Estados Unidos y Europa, y evidenció de forma patética las restricciones a la libertad de expresión del pensamiento a las que habían estado sometidas las sociedades de esos tiempos. Aparecieron entonces las primeras declaraciones parlamentarias o gubernamentales que buscaban garantizar la libertad de prensa.
El desarrollo del capitalismo, la revolución industrial y el crecimiento urbano llevaron a que la impresión de diarios se convirtiera en una industria y un negocio próspero que dio lugar a la aparición de conglomerados mediáticos dueños de cadenas de diarios. Destino parecido siguieron más tarde los medios electrónicos (radio, cine y televisión) y ahora los digitales. Se generaron e impusieron entonces líneas editoriales que, no obstante, su diversidad y matices tenían un tronco ideológico común, y los ciudadanos quedaron a merced de contenidos hegemónicos: era la visión de los dueños de los medios la que se imponía, sin contrapeso alguno o con un contrapeso reducido. Procesos parecidos ocurrieron más tarde en todo el mundo, según su desarrollo histórico.
Hasta avanzado el siglo XX la batalla tuvo un bando victorioso indiscutido: los conglomerados mediáticos. Los estados y sus gobiernos, marcados por el discurso mediático o por convicción propia, emitieron declaraciones de principios y leyes que garantizaban la libertad de prensa, garantía aplicable únicamente a esta a industria, que era parte de la estructura económica que había desarrollado el capitalismo, y no al ciudadano común, desorganizado para el efecto.
En esa dinámica histórica recuperó espacio en las sociedades de ese tiempo el derecho a la libertad de expresión, categoría democrática que yacía engavetada en los archivos de los estados y de las sociedades desde hace más de tres siglos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, consagró en su artículo 19, el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, y poco tiempo más tarde germinó y floreció en algunos de los países del Tercer Mundo, muchos de los cuales estaban saliendo del colonialismo, la tesis del desequilibrio informativo mundial: ese pensamiento ponía en la mesa de debate la hegemonía informativa de los países desarrollados sobre los llamados subdesarrollados, a través de sus vehículos mediáticos: las transnacionales de noticias, las corporaciones mediáticas y la industria del entretenimiento.
En ese contexto apareció el Informe McBride, auspiciado por la UNESCO, documento que denunciaba el desequilibrio informativo mundial y proponía un nuevo orden en este campo. Ese documento, no obstante, fue engavetado por presión de las grandes potencias mundiales, particularmente de Estados Unidos, pero activó un debate sobre el tema, y en medio y después de él, la aparición y legitimación de medios alternativos públicos y comunitarios, particularmente en América Latina, y la expedición de leyes que buscaban democratizar no solo las libertades de prensa, expresión e información, sino la comunicación, elevarla a la categoría de derecho, y garantizar a los ciudadanos una comunicación contextualizada, plural y objetiva.
Ecuador experimentó ese proceso: en 2013 se expidió la Ley Orgánica de Comunicación que, regulaba en términos éticos la comunicación mediática y daba a los ciudadanos derechos como el de la réplica y rectificación frente a la comunicación mediática.
Sin embargo, sometido a fuertes presiones políticas, ese instrumento ha experimentado sucesivos cambios en años recientes, que han vuelto a liberalizar la comunicación mediática y han restado la capacidad ciudadana de poner en cuestión los contenidos de los medios.
El desarrollo histórico de la comunicación de masas -marcada ahora por otros ruidos como el linchamiento y el silencio mediático, framing y otros-, ha mostrado que los progresos y retrocesos por democratizar la comunicación en general van de la mano con los avances y traspiés de los pueblos. La disputa continúa.
