Los generales Paco Moncayo y Wagner Bravo, dos militares retirados que están calificados como “héroes del Cenepa”, asumen una tarea en el momento más débil y terminal de un régimen prácticamente caído. El presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionó a Paco Moncayo como Consejero de Seguridad -cargo creado para él-, y a Wagner Bravo, como Secretario de Seguridad Pública. Lasso justifica los nombramientos señalando que se trata de “dos hombres con una gran trayectoria y patriotismo. Además, que tienen gran formación académica nacional e internacional en temas de seguridad”, lo que, según Lasso, servirá para aportar en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.
La pregunta que se hace hoy el país es: ¿de dónde salen estos dos ciudadanos considerados hoy paladines de la seguridad nacional? La respuesta es que emergen de su experiencia profesional como militares destacados en la guerra del Cenepa, que el país libró contra su vecino peruano en la década de los noventa. Moncayo fue comandante de la División Patuca que enfrentó la defensa nacional en 1995 contra los peruanos, y Bravo fue un efectivo militar destacado en esas acciones, consideradas de heroicidad nacional.
La interrogante previa que se formula el doctor Maximiliano Moreno, analista del tema, es “cómo fue posible que un general considerado héroe de la patria haya podido aceptar ser parte de un gobierno que es la esencia misma de la corrupción, la inoperancia y de la invalidez física y mental, cómo un general con una trayectoria importante, se haya prestado para ser un títere del gobierno de Guillermo Lasso”. Complementariamente, Moreno nos recuerda que “los militares en América Latina no son las personas más inteligentes de este continente, son la gente más estúpida que ha tenido este continente -Somoza, Batista, Videla, Pinochet-, estúpidos, crueles y corruptos que han librado guerras contra su propio pueblo”. Se trata de militares que, al igual que los dos generales ecuatorianos en cuestión, “se formaron en la Escuela de las Américas, del Departamento de Defensa de los EEUU en Panamá, o en Filadelfia y Brasil, y no fueron formados para proteger a la gente de su país. Se formaron para precautelar los intereses de los EEUU, según señala Moreno, en su guerra contra el comunismo, la guerrilla, los migrantes y el narcotráfico”.
El nombramiento de Moncayo y Bravo se explica por la necesidad oficial de sumar fuerzas frente al juicio político que enfrenta el presidente en la Asamblea Nacional, y apela a militares relacionados políticamente con la Izquierda Democrática, eventual aliado del régimen en el juicio contra Lasso.
Por esta razón, el tema no es personal. El asunto pasa por un plan de seguridad que no existe y no se lo hace de la noche a la mañana. No se trata de qué tipo de capacitación tengan las personas que lo ejecutan, y si son heroicas o no. El régimen ya tiene como adláteres en temas de seguridad a uniformados con el pecho lleno de medallas, probablemente, sin resultados óptimos, por tanto, nuevos militares no garantizan nada. La guerra contra el narcotráfico a la que condujo este gobierno al país, es una guerra diferente a la guerra convencional, conflicto en el cual la narcodelincuencia tiene mejor tecnología armada y comunicacional, y vulnera sistemas de seguridad de cárceles, fronteras, puertos y aeropuertos con toda facilidad.
En Ecuador hoy día se requiere de una política pública de seguridad que oriente las acciones operativas. La violencia no se soluciona armando más al país. No se trata de catalogar y clasificar a las bandas delincuenciales como terroristas. El calificativo de terroristas a las bandas delincuenciales que amenazan a los efectivos del régimen u otorgar prerrogativas a la Policía y FFAA para el uso de armamento letal, está a un paso de hacer que, por extensión, sea considerada terrorista toda manifestación contraria al gobierno. La protesta social podría ser calificada como terrorismo, desde el momento en que el régimen no pueda controlarla con gobernabilidad. Y eso sería el principio de un estado de represión fascistizado que pondría en jaque a la democracia formal.
Declararnos un país armado hasta los dientes, enfrentando una guerra de militares contra civiles no soluciona el problema de la violencia ni de la delincuencia. Tampoco se soluciona poniendo a la cabeza de los organismos de seguridad a militares con el pecho lleno de medallas. Esto no es un problema de personas, sino del modelo político que esas personas representan. Paco Moncayo ya fue asesor de Lenin Moreno, a través de Oswaldo Jarrin, y él representa el modelo que comparte con el gobierno empresarial regentado por banqueros y empresarios conservadores.
El nombramiento de Paco Moncayo y Wagner Bravo como paladines al frente de los temas de seguridad nacional, no responde a una política de seguridad sino al manejo político que se hace de la seguridad en función de salvaguardar a un gobierno considerado por el pueblo un régimen caído.
