La palabra terrorismo es, quizás, el apelativo más duro que se puede aplicar a ciertas prácticas violentas que tienen lugar en la sociedad. Se califica de terrorista a quien infunde terror, realiza actos que atemorizan a la población con hechos sangrientos concretos que buscan inhibir la acción ciudadana o de las instituciones de un país.
El calificativo “terrorista” adquiere notoriedad estos días en Ecuador cuando desde la autoridad central el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se pronunció a favor de la necesidad de que se declare como terroristas a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). El objetivo, según trascendió, es que el orden público incremente su acción bajo una reforma parcial a la Constitución que “permita a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interna sin la necesidad de un estado de excepción”. Esta acción militar es definida por Cucalón como “una nueva misión para las Fuerzas Armadas porque el crimen organizado y el narcotráfico han elevado su peligrosidad”. Consecuentemente, las bandas criminales organizadas, deben ser consideradas como “grupos terroristas”. Según el ministro de Gobierno, el fin es que “entre con toda la fuerza que tiene el orden público para detener esta amenaza”.
Desde esferas del gobierno se manifestó que “la declaratoria será una acción importante porque es un mensaje que dé el Estado para tener claro los enemigos a los cuales hay que enfrentar”, señaló Cucalón, quien considera que la declaratoria sobre los GDO implicará un mejor desarrollo de las actividades de las FFAA e incluso la utilización de armamento letal justificado para que sepan “que la fuerza va a ir tras ellos”.
¿Dónde están los terroristas?
La confusión surge a partir de que no esté clara una definición de terrorismo y los involucrados. El terrorismo abarca toda una serie de complejas amenazas: el terrorismo organizado en zonas de conflicto, los combatientes terroristas extranjeros, los “lobos solitarios” radicalizados y los atentados con materiales químicos, biológicos, radiactivos, nucleares y explosivos. Los organismos policiales de todo el mundo suelen intercambiar información y avisos sobre redes terroristas transnacionales, a fin de comprender mejor sus métodos, móviles y medios de financiación, y, en última instancia, descubrir y detener a los sospechosos
El ex ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señala que “cuando se aplica a la población civil violencia planificada por parte de grupos no gubernamentales, se considera como terrorismo”. No obstante, según el ex ministro, no se les puede calificar como “grupos terroristas”. Sin embargo, sus jefes deben ser reprimidos y, en esa línea de acción, Jarrín considera que es necesaria la conformación de un “grupo de búsqueda” para la investigación, persecución y detención de los cabecillas de los grupos delincuenciales organizados. El ex titular de la cartera de Defensa, sugiere que “hay que prevenir, combatir y eliminar” los actos que se cometan con el criterio de terrorismo y de subordinar a la población al terror y generar caos. Para el militar, las estrategias deben provenir de una política y esa política no está relacionada con lo que tiene en mente la Secretaría de Seguridad que “tiene que ser eliminada”, porque la ley establece que quien haga las veces de coordinador de seguridad, corresponde al gabinete de seguridad como órgano ejecutor. Las FFAA tienen planes específicos que deben ser actualizados y, en tal sentido, cabe preguntarse si los militares están capacitados. Jarrín manifiesta que, según la ley, existe la complementariedad militar en condiciones de apoyar a la Policía en forma permanente, no solamente en estado de excepción; muchos delitos justamente deben ser cubiertos en prevención de que puedan cometerse otros actos de terrorismo, y esto, en forma permanente. “Cuando hay necesidad en situaciones diferentes ya no del crimen organizado, sino de violencia política, manifestaciones y disturbios, se emplearán a las FFAA de acuerdo a la normativa establecida”, sugiere Jarrín.
Si bien la Asamblea Nacional estableció la capacidad de las FFAA para que puedan realizar estas acciones de complementariedad, sin necesidad de estados de excepción, no es menos cierto de que, siendo las FFAA una fuerza de protección que está relacionada con la soberanía y la protección de la población en sus derechos y libertades”, surge la preocupación de que toda vez que los aparatos represivos del Estado -Policía, FFAA- han intervenido reprimiendo la protesta social, el hecho se pueda convertir en un acto criminal, bajo la figura de terrorismo de Estado. Es decir, la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Surge, entonces, la pregunta pertinente: ¿Quiénes son los terroristas?
