La última novedad informativa en el país, convertida en noticia de la semana, es que la embajada norteamericana funge de “policía” en Ecuador, anticipando los atentados con bombas que van a ocurrir. La Embajada de los Estados Unidos en Quito lanzó una alerta de seguridad ante la posibilidad de atentados con bombas durante la noche de este jueves en la ciudad de Guayaquil y alrededores. En su sitio web, la misión diplomática estadounidense en territorio ecuatoriano aseguró haber recibido «información creíble de que criminales pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil en la noche del 13 de abril». El puerto principal se ha convertido en los últimos años en una de las principales plataformas de Latinoamérica desde donde se envía cocaína a Norteamérica y Europa, y con ello han incrementado los índices de violencia en esa ciudad. Frente a estos hechos, el Gobierno del presidente Lasso trata de responder a los repuntes de violencia con estados de excepción policial que, excepcionalmente dan resultados, y en una forma de guardar las apariencias ante la inutilidad de la medida se presenta en las ruedas de prensa con una gorra de policía.
Una real emergencia contabiliza 500 personas asesinadas por mes, es decir 17 al día, en el territorio nacional ecuatoriano. Se trata de la vida de ciudadanos que, aun con toque de queda nocturno excepcional, son asesinados a plena luz del día y a toda hora. Mientras esto ocurre, la Policía Nacional acude a contabilizar los muertos en las calles y a “enfrentar” a la delincuencia sin los elementos técnicos -armas, chalecos antibalas, municiones- suficientes para controlar al crimen organizado. Mientras esto ocurre, el presidente Lasso “autoriza a la población civil a tener y portar armas para defenderse de los delincuentes”. El anuncio lo hace puesta una gorrita policial en su testa ante las cámaras de televisión, probablemente para enviar un mensaje subliminal a la población de que, como presidente de la Nación, busca prestigiar a una institución que ha perdido credibilidad frente a la ciudadanía y efectividad en su deber de protegerla; o Lasso prefiere proyectar la imagen de un mandatario debilitado que se parapeta en la institución policial. Ni lo uno ni lo otro: el mandatario aparece como aquel clon disfrazado de un ser alegre con la cara pintarrajeada de una sonrisa, cuando la procesión va por dentro. ¿De quién fue la idea de la gorra policial en la testa presidencial, de algún asesor tan imaginativo como despistado de la realidad nacional o del propio presidente?
Cierto es que hay verdaderos policías, no disfrazados con indumentaria institucional, sino con espíritu de servicio comunitario y con valentía que hace honor a su condición de servidor policial sin chalecos antibalas, sin balas y sin armamento suficiente para reprimir a los narcotraficantes y sicarios armados hasta las muelas con armamento de grueso calibre, superior a la dotación policial. Mientras esto ocurre el ministro del Interior, Juan Zapata también policía, que se hizo famoso pintando corazones azules donde había caído muerto un ciudadano arrollado por un vehículo, sale dar declaraciones a la prensa, frente a una situación que escapa de sus manos. Si ahora la policía se dedicase a pintar las calles señalando los ciudadanos que caen muertos como víctimas directas y colaterales del sicariato, seguro que la institución tendría que invertir todo el insuficiente presupuesto que le asigna el gobierno en pintura, y aun así no alcanzaría.
“Estamos en el peor momento de crisis de violencia del país”, aseguró este viernes el ministro del Interior, Juan Zapata, en momentos en que se registran asaltos, secuestros, robos, extorsiones e incluso una masacre en la que fueron asesinadas nueve personas en la provincia de Esmeraldas. Y ante la advertencia de la Embajada de los Estados Unidos, Zapata dijo: “Estamos investigando quién es la fuente que reveló esta información hacia la Embajada americana. Nosotros, desde el punto de vista de Inteligencia, ningún oficial ha entregado”.
No obstante, el Comando de Policía de la Zona 8, que opera en Guayaquil, corroboró la información en un mensaje en redes sociales: “Ante la información que alerta sobre posibles acciones criminales en varios sitios de Guayaquil, la Policía Nacional informa que se mantienen desplegados patrullajes permanentes con sus unidades del eje preventivo”. Además, se informó que se ejecutan operativos con el personal de investigaciones e Inteligencia.
Ante la ola incontenible de crímenes que cada día cobra la vida de 17 ciudadanos que caen acribillados, se nos quiere vender la versión policial de que se trata de “terrorismo”, asociando un hecho delincuencial común con soterradas causales políticas. Nada más desatinado, puesto que se quiere generar un relato ideológico de que en el país hay una supuesta guerrilla armada o que la protesta social podría estar alcanzado esos niveles de manifestación. Incluso ante las amenazas de atentado con bombas o explosivos que advierte la Embajada norteamericana, la respuesta del Gobierno debió ser otra: llamar al embajador norteamericano a que entregue todos los antecedentes técnicos, administrativos y políticos que le faculta a la misión diplomática estadounidense a sostener esa afirmación.
En tanto, el personal de Embajada de los Estados Unidos en Quito, se percata de la situación, decide actuar y encarga a sus organismos de seguridad a monitorear el país. ¿Qué aparato de seguridad estadounidense le proporcionó los elementos de juicio al embajador Michael J. Fitzpatrick para anticipar un atentado con bombas en Guayaquil? ¿La Central Intelligence Agency, CIA, o el Federal Bureau of Investigación, FBI?
¿Desde cuándo las leyes de nuestro país autorizan y permiten a estos aparatos de investigación policial norteamericanos a operar en territorio nacional ecuatoriano? El Buró Federal de Investigación, FBI, es “una organización de seguridad nacional que responde a amenazas y que es regida por la recopilación e interpretación de información. Su misión es proteger y defender a los Estados Unidos contra amenazas terroristas”. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, es un servicio exterior de espionaje de naturaleza civil del gobierno federal de Estados Unidos encargado de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo, principalmente mediante la utilización de inteligencia humana (HUMINT). La CIA tiene sus oficinas centrales en Langley (Virginia), a pocos kilómetros de la capital estadounidense, Washington D.C. Sus empleados, por lo general, operan en las embajadas de los Estados Unidos repartidas por todo el mundo.
En territorio nacional, la única institución llamada a salvaguardar la seguridad es la Policía Nacional. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador que determina en su artículo 158, “La Policía Nacional es una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”, de igual manera estipula que “…la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional…”. En tal virtud, la misma norma en su artículo 163 establece, que la misión de la Policía Nacional es “atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia.
La pregunta que se desprende de cajón: ¿Dónde está la Policía?
