Frente a la medida presidencial de autorizar el uso de armas en manos de la población civil, Ecuador está a punto de convertirse en el viejo farwest, donde se salva “el más rápido del Oeste”, el que dispara primero a su atacante violento, porque esa es la ley del más fuerte.
Aunque los medios de información se esfuerzan por desviar el tema hacia el terreno de una discusión bizantina e interesada, acerca de qué será mejor si usar un arma de grueso calibre o una delgada botella de gas pimienta comprimido para defendernos de los delincuentes, violadores, secuestradores, sacapintas, estruchadores y toda una fauna y flora criminal que se ha tomado por asalto el país por acción y omisión gubernamental, a vista y paciencia de pusilánimes autoridades, ese no es el tema. Tampoco el tema es cómo se permitirá el ingreso a ciudadanos armados a lugares en los cuales, tradicionalmente, está prohibido el porte y uso de armas, universidades, iglesias, aviones, etc. El tema es si el Estado en manos de banqueros neoliberales, con instintos de cowboys, seguirá en disolución al abandonar sus responsabilidades sociales para las que ha sido creado, según el propio derecho constitucional.
¿Qué es el Estado?
En su Enciclopedia de la Política, el ex presidente Rodrigo Borja nos recuerda que el Estado está “Caracterizado esencialmente por la ordenación jurídica y política de la sociedad, el Estado constituye el régimen de asociación humana más amplio y complejo de cuantos ha conocido la historia del hombre. Es el último eslabón de la larga cadena de las formas de organización de la sociedad creadas por el instinto gregario del hombre y representa la primera forma propiamente política de asociación, puesto que tiene un poder institucionalizado que tiende a volverse impersonal. La horda, el clan, la tribu, la confederación de tribus y cualesquiera otras formas anteriores de organización social fueron “prepolíticas”. En ellas la fuerza y la arbitrariedad pusieron orden en la sociedad, con ayuda de invocaciones supersticiosas a la divinidad. No existió en ellas el grado superior de organización de la autoridad pública que se ha dado en llamar institucionalización del poder y que es atributo propio y diferencial del Estado”.
Es decir, en esa línea de pensamiento, es el Estado el que debe poner orden en la sociedad, no la fuerza y la arbitrariedad, peor la población armada, en una sociedad que se rige por un grado de organización superior de autoridad pública que se llama institucionalización del poder y que es -como señala Borja- atributo propio y diferencial del Estado. Borja complementa su conceptualización, señalando: “El Estado es una sociedad política totalizadora o, para decirlo con las expresiones del profesor John Rawls de la Universidad de Harvard, completa y cerrada. Lo es en el sentido de que el ser humano encuentra en ella cabida para todos los propósitos importantes de su vida -físicos, espirituales y morales- y de que además no puede retirarse de ella como pudiera hacerlo de cualquier otra asociación. En efecto, el hombre no puede aislarse del Estado o salir de él sino para insertarse en otro Estado, bajo cuyo ordenamiento legal y autoridad queda obligado”. Consecuentemente, al Estado no le es dado, tampoco, aislarse del ser humano, de los habitantes que en un país representa y gobierna bajo cuyo ordenamiento legal como autoridad queda obligado. A diferencia de organizaciones anteriores, “Estado designó una cosa enteramente nueva: la unidad de poder organizada sobre un territorio determinado, con un orden jurídico unitario, una competente jerarquía de funcionarios públicos, un ejército permanente, un sistema impositivo bien reglado y un régimen político en que los medios reales de gobierno y administración, que hasta ese momento fueron de propiedad de innumerables señores feudales, se transfirieron a favor de los monarcas absolutos, primero, y de los gobiernos representativos más tarde”, puntualiza Borja.
¿Seguridad para quién?
Lasso, insta a los ecuatorianos y ecuatorianas a ser sujetos de armas tomar, es decir, alguien que tiene un carácter o una personalidad fuerte que hace que sea una persona decidida y con pocos miedos, con pocas dudas, que, precisamente, no es el caso del mandatario ecuatoriano que ha dudado en actuar en otras circunstancias e incumplido sus propias promesas de campaña. El pusilánime mandatario nos manda a ser homicidas porque -como reflexiona Raúl Vallejo en su Acoso Textual-, luego de que los buenos matemos a todos los malos, solo quedamos los asesinos. Tener un arma en casa implica que, si se la usa, tenemos que estar dispuestos a disparar y matar porque de lo contrario el sujeto que nos amenaza lo hará primero ¿Estamos dispuestos a matar? La ciudadanía, abandonada por el Estado y estimulada a defenderse por sí sola, deberá armarse, entrenarse y estar dispuesta a matar. Así de grave.
Lasso, lejos de ser un presidente de armas tomar, nos insta a los ciudadanos a armarnos y defendernos por nuestra propia cuenta y riesgo para de ese modo -como dijo en cadena nacional- “el gobierno esté seguro”. El despistado mandatario olvida que el tema central es que el Gobierno está abandonando mandatos constitucionales acerca del rol que le compete al Estado, en cuanto a garantizar la paz social y la convivencia armónica que la sociedad requiere para su desarrollo y progreso. El estado debe encargarse de la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. El Estado está comprometido a normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales.
¿Para qué portar armas?
¿Con la nueva disposición presidencial, los ciudadanos que participan en la protesta social están autorizados a portar armas en las manifestaciones y la policía -aparato represivo del Estado- tiene la función oficial de enfrentarlos armados? ¿A dónde vamos a llegar por el camino de la violencia institucionalizada en Ecuador? No puede ser aceptable que la policía sirva solo para reprimir la protesta social y que los ciudadanos tengamos que usar armas de fuego para defendernos de los delincuentes y, de esa manera, el gobierno se sienta “seguro”, como señaló el presidente Lasso.
El Estado tiene claros roles definidos en el Derecho Constitucional respecto de su responsabilidad de brindar seguridad ciudadana para garantizar la vida que permita producir en paz. Según su función, el Estado debe responsabilizarse de la erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana y, por tanto, está comprometido a normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales.
Estudios realizados en la Universidad Autónoma de México, el Estado ejerce violencia de manera consensuada entre los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos años en América Latina, la creciente violencia proveniente de la delincuencia organizada ha colapsado a las instituciones del Estado, y la población se halla vulnerable ante los asesinatos, secuestros y la delincuencia en general.
Entre los aspectos de fondo del tema radica el hecho de que el presidente Lasso con su decisión se puso al margen de la ley y desconoció preceptos constitucionales sobre el tema. ¿No son estos motivos suficientes para su cuestionamiento político en el poder y eventual destitución? El mandatario con sus decisiones está generando, en la práctica, la disolución del Estado al quitarle cada día atribuciones contempladas en la Constitución. Existe una relación directa entre la ausencia del Estado o su vulnerabilidad y la violencia como mecanismo de control hacia la población por parte de las bandas del crimen organizado.
El negocio armamentista
Toda razón política tiene razones económicas. La autorización de usar armas entre los civiles estimula el pingue negocio armamentista. ¿Cuánto cuesta una pistola de grueso calibre y podrá comprarla cualquier hijo de vecino? Sencillamente no, por su oneroso costo. Entonces, el porte de armas se convierte en negocio millonario y en un privilegio aniñado, mientras los pobres de la tierra seguiremos en manos de la delincuencia, que sí tiene recursos ingentes para su accionar sin dios ni ley.
El abandono de la responsabilidad del Estado comienza con el hecho de que miles de guardias privados que existen en el país, ahora autorizados a usar de armas y apoyar a la policía en la represión delincuencial, son entrenados por la misma policía. Y los miembros de seguridad privada, son reclutados luego por ex oficiales de la Policía en sus propias empresas de seguridad que ofrecen servicios a compañías y residencias particulares. El primer paso de dicho beneficio, es que los guardias de seguridad capacitados por agentes policiales ahora deberán dotarse de miles armas lo cual representa, sin duda, un lucrativo negocio. La autorización de portar armas y que los guardias de seguridad privada “apoyen” a la policía es una creciente carrera armamentista que contradice toda norma de convivencia civilizada.
No en vano diversas instituciones culturales y organizaciones sociales civiles rechazan terminantemente la incivilizada decisión y exigen más libros y no armas, mayor presupuesto para la educación, medicinas en los hospitales, más libros para ser más libre de ignorancias oficiales en un país seguro regido por una cultura de paz.
El solo hecho de violar la Constitución, olvidando las responsabilidades del Estado con la población a la que debe gobernar y proteger en paz, es motivo para que cualquier presidente abandone el poder por la vía de la destitución. El solo hecho de soslayar principios de justicia social, garantía de derechos y paz ciudadana, es razón suficiente para que un mandatario se vaya a su casa.
Ecuador no necesita un presidente de armas tomar, sino de tomar decisiones acertadas. Al final del día, la decisión de Lasso de convertirnos a los ecuatorianos en cowboys criollos es discriminatoria, irresponsable e inconstitucional.
