El país asiste a una nueva narrativa del poder: la violencia como argumento dirimente de las discrepancias. Y decimos del poder, porque el relato presidencial así lo confirma. Guillermo Lasso, agobiado por sus oponentes, cercado en un juicio político que puede terminar en la destitución del cargo público que regenta, ha extraviado el norte de la conducta que debe exhibir un gobernante -no se diga un líder- en tiempos de crisis.
La violencia en las palabras
En la semana que concluye, el mandatario ecuatoriano ha dado muestras de un grave descontrol sobre sus hechos y palabras y ha utilizado las cadenas televisivas para posicionar un relato que genera preocupación en la ciudadanía. El presidente Lasso ha incorporado a su léxico político términos con una carga semántica muy fuerte en tiempos de paz: guerra, asesinato, armas, entre otros. En sus intervenciones televisadas ha incurrido en frases desafortunadas y carentes de todo criterio político cuando se está a las puertas de un juicio legislativo donde se juega su permanencia en el poder. Lasso, al referirse a dicho enjuiciamiento político habló de “intento de asesinato de su reputación”. El error comunicacional salta a la vista cuando el mandatario refiriéndose al asesinato de un intangible -su propia reputación-, ubica su ego por sobre la preocupación de los ecuatorianos que vemos horrorizados como se cometen múltiples asesinatos reales, a sangre y fuego, con víctimas indiscriminadas entre hombres, mujeres y niños.
¿A quién puede interesar, sino exclusivamente a él, su amenazada reputación frente a la violencia real que tiñe de sangre las calles del país? Insistir en ese argumento es una obvia falta de tino frente a una realidad innegable: en los primeros 78 días de 2023, Ecuador registró 1.355 muertes violentas, es decir, 17,4 muertes violentas diarias.
La especialista en comunicación de crisis y gestión de reputación, Sonia Yánez B. sostiene que el término “asesinato de reputación” proviene del inglés character assassnation, que sucede al difamar o mentir públicamente sobre una persona. Y que, además, según el Laboratorio de Políticas de Reputación y Asesinato de Personajes (CARP), dicho asesinato es “la destrucción deliberada de la reputación o credibilidad de un individuo a través de ataques a su persona. Las técnicas incluyen campañas negativas, difusión de rumores, difamación anónima en línea y muchas otras tácticas”.
Hablar de “asesinato de mi reputación” en un país agobiado por la violencia real, además de ser un síndrome de egocentrismo extremo, implica estar al margen de la realidad que sufren los ecuatorianos frente a la inseguridad. Cuando la gestión gubernamental no tiene una mirada profunda hacia lo que ocurre en el país, la reputación e imagen de la familia del presidente importa un bledo.
La violencia en la práctica
En las últimas horas un asesinato real acabó con la vida de Rubén Cherres, principal testigo contra Lasso en el juicio político y eventual enjuiciamiento penal. Una vez más, el discurso presidencial quedó corto y los hechos fueron más allá de las palabras en el relato del mandatario. El presidente Lasso, en un tácito reconocimiento de la ineficacia del Estado en el control de los hechos delictivos y de la violencia desatada en las calles, modificó el Reglamento que regula la tenencia y porte de armas y anunció en cadena nacional que “los civiles también podrían usarlas en defensa personal”. También se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa contra la delincuencia. El mensaje presidencial equivale a decir que la violencia delincuencial no atañe al Estado, sálvese quien pueda: allá ustedes, mátense con sus propias armas. Durante el comunicado presidencial, la puesta en escena habla por sí misma: Lasso aparece ante las cámaras vistiendo camisa de color neutro y una gorra de uso policial, en la que se lee “Policía Nacional”.
¿Qué nos está diciendo el presidente en esa imagen oficial?: Pues, que el poder armado policial está por sobre las instituciones civiles, puesto que se presenta con indumentaria policíaca siendo él un mandatario que regenta el poder civil bajo un Estado de derecho. Esa puesta en escena no es casual, refleja en un mensaje subliminal la idea de que el “orden” debe estar en manos armadas de uniformados, en este caso policías, estamento de los aparatos represivos estatales que ha prometido “defenderlo con 60 mil efectivos”, según declaración del ministro Juan Zapata.
El país asiste a una vorágine violentista en los hechos y en las palabras. Es la narrativa del poder de un presidente que pierde, vertiginosamente, liderazgo y reconocimiento popular. Sin duda, el instrumento más nefasto utilizado por el presidente es el micrófono, cada vez que hace uso de él genera un clima de incertidumbre, de temor, un relato de violencia ante la cual los ecuatorianos estamos ante la total indefensión por la ineficacia del Estado a su mandato.
Los ecuatorianos queremos vivir en paz, retornar a la convivencia armónica, a la seguridad, a la racionalidad política y a una democracia que, por lo menos, garantice la vida de los habitantes de este país. En esa perspectiva que todos anhelamos, esta vez no se trata de cambiar un presidente, sino de poner un alto al modelo político que representa, a los sectores políticos, sociales y económicos que lo pusieron y lo mantienen en el poder: el modelo empresarial neoliberal. Acaso, no es necesario un juicio político que llevaría al poder a uno de los mismos adláteres presidenciales. Acaso sea preferible que quienes tienen que caer, caigan por su propio peso y por el volumen de sus errores y omisiones. Al final del túnel el país vislumbra una luz de esperanza: la salida democrática y pacífica a la crisis que vivimos es el reto, dar una respuesta electoral certera, y acaso definitiva, a la derecha violentista en el 2025. Es la alternativa histórica.
