El eventual juicio político al presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional se tramita en un proceso que ha puesto en evidencia la mediocridad profesional y moral de nuestra clase política. Un proceso contrarreloj que no concluye por la dilación provocada por los propios interpelantes que han cometido toda suerte de errores técnicos y administrativos en la formulación del documento que solicita el enjuiciamiento del primer mandatario.
Hay que arar con los bueyes que tenemos, decían en su sabiduría nuestros abuelos. Y los bueyes que tenemos están allí en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo, en las Cortes, en la Fiscalía, en las instituciones públicas, están allí, y no hay otros. Los conocemos, por demás, a todos. Este es el país que nos vio nacer o nos vio crecer, no hay otro, lo conocemos del Carchi al Macará. Los bueyes que tenemos están allí jalando la carreta de la historia a duras penas en su condición de bueyes obesos, y no hay otros.
Estos personajes convertidos en regentadores de la vida de los ecuatorianos, para bien o para mal son los bueyes que tenemos dedicados a jalar el carro histórico de un país con una historia trágica, en sempiterna crisis, en descendente autoestima, en vergonzante condición de nación tercermundista por obra y gracia de los bueyes que tenemos que están allí, y no hay otros. En su obesidad política de tanta gula económica, de tanta flaqueza moral estos bueyes, más allá de las cuestiones formales, leguleyadas sobre debidos procesos y de tal, políticamente incorrectos son responsables y potencialmente culpables de desaguisados a millares surgir.
El proceso investigativo y político realizado por la Asamblea Nacional conduce a ciertas conclusiones, entre otras, el llamado informe León de Troya y el informe del ex Secretario de Anticorrupción, Luis Verdesoto. Mientras lúcidos economistas asesores del régimen subieron impuestos a la clase media y al pueblo, en el país no hay carreteras, se inundan ciudades enteras, no hay medicinas en los hospitales producto de una vergonzosa política de salud pública, ni seguridad en las calles como el más estruendoso fracaso técnico y ético de quienes deben proporcionárnosla. Mientras aquello ocurre en el país de los bueyes que tenemos, una pandilla de sinvergüenzas se llevaba a raudales la plata de las empresas públicas.
Acaso por eso es que el informe del ex Secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, fue interceptado por funcionarios de gobierno para impedir que llegue a la Asamblea Nacional, y para que no se conozca públicamente, porque demostraba fehacientemente la corrupción en las empresas públicas. A pocos meses de instalado el gobierno en Carondelet, los hombres del presidente y el propio mandatario, ya sabían que existía un círculo de personas, de amigos mafiosos cercanos al presidente Guillermo Lasso que estaban robando y festinándose los dineros públicos, pero no hicieron nada, no denunciaron ni dijeron esta boca es mía, ni se les apartó a los corruptos del gobierno y se les permitió que entraran y salieran de Carondelet, como Pedro por su casa. Hasta que la denuncia mediática fue inocultable, el pueblo ecuatoriano no se desayunó de lo ocurrido en las altas esferas del poder regentado por los bueyes que tenemos. Se trata de una escandalosa omisión de los bueyes que tenemos en el poder, están allí, y no hay otros.
¿Cómo se establece su complicidad política?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su articulo 23, habla de la acción y de la omisión en delitos que se cometen cuando no se impiden esos delitos y se tiene la obligación jurídica de hacerlo, lo cual equivale a ocasionarlos. Es lo que los juristas llaman la omisión impropia u omisión dolosa, cometida por un servidor público que precautela un bien del Estado o los recursos públicos.
Existen méritos evidentes para que todo este antecedente de corrupción económica y responsabilidad política sea juzgado en las instancias correspondientes. El juicio político al presidente Guillermo Lasso procede en base al artículo 129 de la Constitución de la República en grado de “comisión por omisión” y en concordancia con los artículos 23, 28, 42 y 422 del COIP, según los expertos.
Sin embargo, los bueyes que tenemos en el país están allí, y no hay otros, son los mismos que confundieron el articulo 131 con el 129 al citarlo mal, en un error colectivo de los interpelantes del Legislativo. Las acusaciones, -concusión y peculado-, están aparentemente bien formuladas y, según los expertos, deberían pasar el filtro de la Corte Constitucional. Se trata de invocar una responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso que, ante la comisión de un delito aun cuando no haya participado en él, por omisión permitió que siga adelante. Una cosa es que un funcionario público haya robado, pero otra cosa distinta es que Lasso haya participado de ese robo. Solo hay una responsabilidad política. La Fiscalía aporta lo suyo y certifica que no se ha presentado denuncias contra implicados en los delitos en cuestión. ¿Por qué no denunciaron? ¿Qué delitos se han cometido y cómo se prueban? Se ha cometido omisión ¿en qué grado? Eso es lo que tienen que revisar la Corte Constitucional.
Los bueyes que tenemos, que están allí, y no hay otros, ponen al descubierto la mala calidad de los asambleístas o que se actuó al apuro en el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Son parlamentarios y sus asesores, o asesores externos al Legislativo. Todos sin excepción son los responsables de un proceso complejo y trascendental para el país: cambio de presidente de la República. Proceso que implica que los asambleístas interpelantes generen un documento que debe ser revisado por la Corte Constitucional en sus aspectos formales y de contenido procedente de un juicio político al presidente de la República. Documento que, una vez revisado pasa a la Comisión de Fiscalización del Legislativo, presidida coincidentemente, por un asambleíta -Fernando Villavicencio- cercano a la presidencia de Lasso, seguirá su trámite. Luego el documento regresa al Pleno de la Asamblea Nacional que deberá aprobarlo con 92 votos a favor, o rechazarlo por mayoría simple. En este ínterin, el presidente Lasso tiene la prerrogativa legal de aplicar la llamada “muerte cruzada”, disolver la Asamblea Nacional y gobernar seis meses por decretos sometidos a control de las cortes pertinentes. Según expertos, esta opción es la peor “fractura política” que le pueden suceder al país, porque un gobierno con 8% de credibilidad y aceptación popular, según encuestas, hace que difícilmente se mantenga gobernando por decreto durante un semestre.
No obstante, más allá de las fracturas de peroné, y evitando la fractura política, en caso de condena política en el juicio al mandatario, el presidente Lasso debería dar paso a la sucesión vicepresidencial y que gobierne Alfredo Borrero. ¿Y si nos va peor? ¿Quién nos asegura que con el médico cuencano sanará la grave crisis que padece el país? Acaso resulte peor el remedio que la enfermedad.
Lastimosamente, el pueblo asiste con un rol contemplativo a este acarreo político de la historia nacional por una recua de bueyes que tenemos, con los que hay que arar políticamente, que están allí, y no hay otros.
