Cuando Ecuador asiste atónito a hechos inéditos en su historia, el pequeño país sudamericano se debate entre el dilema de ser una nación precedida por la inteligencia versus el odio que lo amenaza con la desarticulación social. Aleccionándonos de la historia, podemos advertir que una formación social que admite la prevalencia del odio por sobre la inteligencia humana, y la descomposición de sus valores básicos de convivencia, corre el riesgo real de convertirse en esclava de sus más amenazantes instintos colectivos, camino a su propia destrucción como sociedad.
El país, en los últimos tiempos asiste a una malhaya suerte de irracionalidad política y social, merced a la cual ocurren hechos como los atentados con claros intentos intimidatorios contra comunicadores sociales o, al menos, actos anónimos de amedrantamiento a quienes ejercen una profesión con la palabra. El ataque con un dispositivo electrónico –pendrive- explosivo enviado desde Quimsaloma, provincia de Los Ríos, contenidos en sendos sobres, evidencia la imposición del odio por sobre la inteligencia humana. Los sobres con explosivos introducidos en un USB, estaban dirigidos a los periodistas Lenin Artieda de Ecuavisa; Mauricio Ayora de TC Televisión; Carlos Vera, conductor de programas locales; Milton Pérez de Teleamazonas y Miguel Rivadeneira de radio EXA. Uno de los artefactos explotó en la sala de redacción de Ecuavisa, en Guayaquil, cuando su destinatario, Lenin Artieda, lo conectó a su computador personal. Según la Policía, la carga usada en el dispositivo que explotó en Ecuavisa podría ser «RDX», «un explosivo de tipo militar».
¿Cuál es el común denominador de estos cinco comunicadores?
Los cinco se han pronunciado, en más de una ocasión, en contra de la violencia delictiva organizada, el narcoimperio del crimen callejero, y han hecho gala de su condición de comunicadores sociales para manifestarse a favor de la acción policial -también violenta-, en contra del sicariato. Y lo que llama más la atención, el mencionado quinteto, cada uno de sus miembros desde su tribuna periodística, había asumido la postura política de su medio informativo acorde con intereses del gobierno central, pero ante la ausencia de liderazgo presidencial y carencia de políticas públicas que se traducen en ingobernabilidad del régimen, los cinco habían comenzado a insistir en una visión, supuestamente, “crítica” al régimen, tanto en sus entrevistas como en sus comentarios de opinión periodística.
Este panorama da lugar a determinadas versiones hipotéticas: el amenazante ataque con explosivos provino directamente de bandas delincuenciales, comunes u organizadas; o bien, se trata de un acto político. Esta última hipótesis comienza a cobrar fuerza en la versión oficial, a través de la declaración de la Policía. En esa línea de indagación, la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó abrir una investigación por “presunto terrorismo”, y el Ministerio Público informó que por decisión de la fiscal Diana Salazar, todos estos hechos serán agrupados en una sola investigación “por delito de terrorismo”, castigado con trece años de prisión. Las diligencias estarán a cargo de la Unidad de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) de la Fiscalía. Además, el Ministerio Público pidió a la Policía la asignación de un equipo de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) para que colabore en esta investigación.
Ambas acciones determinan las líneas investigativas de la policía que ya estableció que la carga usada en el dispositivo que explotó en Ecuavisa podría ser explosivo «RDX», de tipo militar. La organización Fundamedios, que “promueve la libertad de prensa en Ecuador”, detalló que el sobre dirigido a Artieda contenía una amenaza contra el periodista. El sobre dirigido a Teleamazonas contenía una nota en la que se leía: «Esta información va a desenmascarar al correísmo. Si cree que es de utilidad, podemos llegar a un acuerdo y le envío la segunda parte. Yo me comunico con usted».
En el trasfondo de un hecho que tiene facha de violencia delictiva a secas, subyace un fenómeno que comienza hacerse paisaje en la sociedad ecuatoriana: el odio por sobre la tolerancia, la irracionalidad versus la inteligencia. Un panorama social que nos recuerda la vieja sociedad rusa de principios de siglo XX cuando la intelligentsia, que se definía así por un sentido crítico en sus actividades intelectuales y por utilizar el pensamiento como arma de lucha en un territorio donde las posibilidades de racionalidad política eran nulas. La intelligentsia dio lugar a una práctica política que había sido la vanguardia en la defensa y la promoción de los valores democráticos, en contra de la descomposición ideológica de la sociedad, cuestión que se manifestó sobre todo en la devaluación del poder de la palabra y la consolidación de la intolerancia violentista: se podía decir todo lo que se quisiera, ya que poco o casi nada iba a cambiar. Se dejó de creer en la poderosa idea de que la inteligencia podía cambiar el mundo. Años de temor y autocensura, pero también de conformismo y cinismo dejaron sus efectos sobre la intelligentsia que veía la posibilidad de reconfigurar sus tareas culturales y políticas.
¿Por qué el parangón entre la Rusia de entonces y el Ecuador de hoy?
Porque, si bien no desaparecieron el trabajo intelectual ni una destacada capa dedicada a él en Rusia, la reconversión al capitalismo, las instituciones de la democracia liberal y los valores asociados al individualismo, el conformismo y la competencia hicieron que los intelligenty se convirtieran en intelectuales en el sentido más tradicional y se pusieran al servicio de la consolidación de la nueva nación rusa. Sin embargo, es precisamente en un contexto como el actual en Ecuador, donde esa intelligentsia es vital y necesaria. No tanto como mera productora de ideas vanguardistas, sino más bien como un elemento que pueda ser nuevamente la conciencia social de un país, para sumarse de ese modo a la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Condición sine qua non para que Ecuador logre resolver el problema que, históricamente, hace de su convivencia una tragedia y que no puede disipar ni siquiera en los momentos de crisis: la existencia de un modelo político empresarial neoliberal que debilita al Estado ante sus enemigos endémicos y pandémicos, y deja en la indefensión a toda una sociedad.
Concordamos con Fundamedios en el sentido de que lo sucedido es «preocupante, inaceptable», que viola la libertad de expresión y «requiere la intervención inmediata del Estado». No obstante, un Estado liberado de prejuicios y de conclusiones a priori, que abra el cauce de la verdad ante la ciudadanía, y que no utilice argumentos falaces para denostar a sus oponentes en el contexto de un juicio político al primer mandatario que regenta ese Estado.
¿Prevalecerá la inteligencia versus el odio? Esta vez, está por verse.
