En la política criolla las cartas parecen estar echadas por acción u omisión de los protagonistas, una vez que esta semana concluye con máxima tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, por el eventual juicio político al presidente Guillermo Lasso y la posible respuesta del mandatario con la disolución de la Asamblea Nacional.
¿Qué ocurrirá primero?
Esa es la pregunta que se hace el país. La respuesta depende de la iniciativa que adopten los actores políticos en cuestión, una vez que la Corte Constitucional entregue el fallo respecto de la constitucionalidad del enjuiciamiento al primer mandatario. Hoy sábado 4 de marzo es un día clave, porque en el pleno de la Asamblea Nacional se debate el informe de la comisión del caso Encuentro que, con toda seguridad, recomendará el enjuiciamiento político al presidente, para su aprobación se requiere de 70 votos. Aunque implica un largo trámite, la destitución presidencial comienza hoy con la petición de las bancadas de la mayoría legislativa, cuya parte formal del pedido debe revisar la Corte Constitucional. En caso de que la Corte de paso al juicio, existen dos escenarios: reunir 92 votos en la Asamblea nacional para sancionar y destituir a Lasso y que el presidente se anticipe y decida la muerte cruzada con lo que destituye a sus enjuiciadores y se queda gobernando vía decretos por un periodo de seis meses, tiempo en el cual habría nuevas elecciones generales.
En el caso de que la Corte Constitucional no apruebe formalmente el pedido de juicio político al presidente, la oposición mayoritaria esgrimirá otras causales como delitos presidenciales contra la seguridad del Estado o, incluso, la “incapacidad mental” del presidente Lasso y presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial. Estas alternativas causales ya marcan una diferencia de opiniones en la mayoría legislativa, el PSC no está de acuerdo con la causal de juicio por delitos contra la seguridad del Estado, en cambio, apoya la de delitos contra la administración pública.
Ante este escenario, la respuesta de Lasso debería ser la disolución de la Asamblea Nacional por obstrucción a sus planes de trabajo o por grave crisis política y conmoción interna. En cualquiera de los casos, Lasso se convierte en “dictador constitucional” exacerbando la animosidad política del país. El movimiento indígena organizado en la CONAIE ha manifestado su decisión de ir a un paro nacional en el caso de que Lasso disuelva la Asamblea Nacional. Este es un escenario no exento de bemoles: la ciudadanía no anhela nuevas movilizaciones y la medida no contaría con apoyo partidista del correísmo y otras fuerzas como ID y PK, por no responder a sus prioridades inmediatas. La CONAIE muestra, además, fisuras en su cohesión política, puesto que cada organización social que la acompañan -Fenocin, Feine- muestran una agenda propia y estrategias diversas para enfrentar al gobierno. Feine sostiene aun el diálogo con el gobierno, cuando el resto del movimiento indígena ya se retiró de las mesas de negociación e imputa a la Conaie de dividir sus bases. Ya no es misterio, además, la división entre la estructura política -Pachakutik- y la organizativa de la Conaie, y la propia confusión en la línea política ideológica.
Queda pendiente de ver si con esta realidad coyuntural, el movimiento indígena esta vez estará en capacidad de convocar con éxito a las centrales sindicales que forman parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que, en otras ocasiones, ha prestado el apoyo a sus llamados de movilización popular. En esta oportunidad por lo pronto, FUT, Conaie y Fenocin coincidirán en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
En tanto los políticos actúan por acción u omisión, la ciudadanía tiene el deber y el derecho de exigirles soluciones a los graves problemas nacionales a sus representantes, poniendo en claro las cartas sobre la mesa.
