La situación política nacional da muestra de algunas salidas posibles a la coyuntura, a partir de las declaraciones de sus protagonistas. Luego de la reunión que mantuvo en la Casa de la Cultura para analizar el resultado de los diálogos sostenidos con el gobierno , el Consejo Ampliado de la CONAIE anunció una movilización nacional el 8 de marzo próximo con motivo del día Internacional de la Mujer. En el marco de la reunión, la organización indígena acordó pedir la renuncia al presidente Lasso, “por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos”, y seguir en un proceso de lucha contra todas las formas de opresión que se han afianzado, a través del colonialismo y el patriarcado, afirmaron sus dirigentes. También los líderes de la CONAIE solicitan a la Asamblea Nacional y a su Comisión ocasional que investiga el caso Gran Padrino y a la Corte Nacional, activar los mecanismos para proceder con un juicio político al primer mandatario. El pedido se hace al tiempo que el presidente de la CONAIE comentó que “existe una nula coordinación nacional y política dentro de la bancada legislativa de Pachakutik”. Leonidas Iza indicó que asambleístas de Pachakutik “perdieron el horizonte político y ahora apoyan a las políticas neoliberales que difunde el gobierno nacional”. Los pedidos del movimiento indígena sintonizan con el masivo descontento popular expresado en las urnas en 5 de febrero contra el régimen, y con la negativa de varias organizaciones de acudir al llamado que hizo el presidente luego de la derrota electoral.
Se enciende la fogata
En esta coyuntura, el dirigente indígena considera que las acciones del presidente Guillermo Lasso “encenderán una fogata en la que el único responsable será el Gobierno Nacional. Esto ante el incumplimiento de los acuerdos en los procesos de diálogo”. Mientras tanto, Lasso mantiene en su discurso que ha cumplido el 90% de los acuerdos de las mesas de diálogo y no descarta la opción presidencial de llamar a una “muerte cruzada”, disolviendo la Asamblea Nacional y quedándose a gobernar mediante decretos por un periodo de seis meses, hasta la realización de nuevas elecciones generales. Ante esta opción del Ejecutivo, el dirigente de la CONAIE señaló que, si el mandatario activa la muerte cruzada, el movimiento indígena saldría al paro nacional.
Desde los primeros días de marzo las organizaciones que integran el llamado Frente Popular (FP) realizarán plantones y mítines a nivel nacional, como medidas previas a la gran movilización del 8 de marzo en las diferentes ciudades del país. El FP exige la renuncia inmediata del presidente de la República, Guillermo Lasso: “Un Gobierno que está vinculado de manera directa a la corrupción y al narcotráfico no puede seguir al frente del país”, dijo el presidente de la organización, Nelson Erazo.
A la postre, no existen puntos de coincidencias entre gobierno y oposición. Sectores conservadores y activistas de la derecha buscan perpetuar en el poder a un gobierno acusado de ineficiente e insensible ante la demanda popular que se expresó en el mayoritario rechazo ciudadano a la consulta plateada por el régimen. Frente a los resultados electorales, estos mismos sectores se propusieron, desde un primer momento, la estrategia de deslegitimar y poner en duda el desarrollo del proceso electoral.
Las acciones comenzaron el mismo día de las elecciones, cuando una encuestadora difundió el resultado de un sondeo anterior a los comicios con cifras diferentes a los resultados reales. Luego, en forma por demás irresponsable, el propio CNE generó la incertidumbre denunciando supuestos centros de cómputos paralelos en el seno de la institución, situación que no se demostró y resultó ser falsa. Los medios informativos obsecuentes con el régimen se hicieron eco de estos hechos que contribuían a la incertidumbre.
Cuando la realidad política nacional deja avizorar algunos posibles escenarios, la incógnita prevalece en la eventual reacción de las FFAA y la Policía nacional, a la postre único sustento del régimen en los actuales momentos; dos instituciones cuestionadas por supuestos vínculos de algunos de sus miembros con el narcotráfico, según versión de la embajada estadounidense que denunció la existencia de narcogenerales. Las instituciones armadas tienen la opción de respetar la voluntad popular o sumarse como apoyo a un régimen mayoritariamente cuestionado.
La paz nacional pende de la respuesta que dé el régimen en esta coyuntura: apaciguar los ánimos escuchando las demandas ciudadanas o encendiendo la mecha de la hoguera popular.
