Por Luis Onofa
Los días que han seguido a la derrota del gobierno en las elecciones seccionales y la consulta popular del cinco de febrero han estado marcados por una cascada de declaraciones y hechos políticos de los cuales su principal protagonista ha sido el presidente Guillermo Lasso. Ha ocurrido mucho y nada.
El mandatario ha cambiado una parte de la franja política de su gabinete, ha llamado al diálogo a todos los sectores del país, ha prometido seguir luchando contra el narcotráfico, la inseguridad y la corrupción y ha renovado su promesa de gobernar para el pueblo, que a su juicio es la razón de ser de su gobierno. Recientemente ha amenazado a un medio digital, con lo que ha comenzado a caminar por el filo de la navaja de la libertad de expresión que él ha ponderado que defiende.
Pero en ninguno de esos actos dio señales de que fuera a cambiar su política económica, punto neurálgico de su gestión, cuyos efectos, a decir de muchos analistas, inclusive partidarios suyos, constituye una, sino la principal, causa de su orfandad de respaldo popular, porque asfixia a un alto porcentaje de ecuatorianos. Su ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, responsable de ese campo y todo el gabinete que antaño se definía como frente económico, se mantiene en el gabinete. Ello indica que los ajustes fiscales y su política impositiva, que marcan su gestión y datan de la época de Lenin Moreno, se mantendrán intocados.
En 2022, el Presidente se ufanó de haber puesto en orden la caja fiscal, con una drástica reducción de su déficit. Lo redujo en 7.0 por ciento del PIB. Esa estrategia no es nueva: en 2021, cuya mayor parte corresponde a la administración de Lasso, el ajuste fue del 3.5 por ciento. Por esa gestión el mandatario ha recibido el respaldo de especialistas de pensamiento neoliberal o liberal dentro y fuera del país, porque consideran que es la fórmula acertada para recomponer la alicaída economía nacional.
Pero para otros especialistas, el efecto de esa estrategia económica es devastador para amplias capas de la población, porque esa meta se logra a costa de reducir el empleo, la inversión y el gasto público, que se traduce en desempleo y deterioro de servicios públicos esenciales como salud y educación.
En 2006, año previo a la Revolución Ciudadana, la inversión pública fue de 1.739,4 millones de dólares, lo que representaba el 4,3% del PIB, mientras que, en 2013, a mitad del proceso de cambio de políticas económicas, aquella se incrementó hasta 14.8% del PIB.
Estas políticas mejoraron los servicios públicos y la infraestructura vial y energética del país, y también el empleo, y provocaron el crecimiento y fortalecimiento de estratos medios de la población, lo que, a criterio de muchos analistas, fue uno de los factores que se tradujo en un fuerte apoyo ciudadano al gobierno de entonces.
Al haber procedido de manera inversa, el presidente Lasso perdió la Consulta Popular, más todavía cuando la población ha tenido la oportunidad de compararlo con el período de la Revolución Ciudadana. Pero el actual mandatario ecuatoriano no cambiará de rumbo: este año, su gobierno destinará apenas mil 800 millones de dólares a inversión pública.
La política económica de Lasso no está en debate en el momento actual. Pero podría volver a gravitar en el mediano plazo, en forma de un anémico respaldo político y popular al gobernante, si se concretase su enjuiciamiento político si la Asamblea Nacional encuentra méritos para ello, en caso de que la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, encontrase méritos para ello tras sus investigaciones del caso “Gran Padrino”. Esa alternativa la han barajado de manera pública algunos legisladores. De su lado, el banco de inversión JP Morgan ha aventurado el pronóstico de que su mandato podría acortarse, dada su debilidad política, en un escenario en el que las calles podrían agitarse.
Pero la complicada situación del gobernante ecuatoriano no solo radica en el propio país, sino también en los círculos financieros internacionales. Tras su derrota electoral del pasado cinco de febrero, se ha agudizado la desconfianza de aquellos. Dos días después de su pérdida, el riesgo país de Ecuador subió en 394 puntos para situarse en 1.514 puntos, uno de los más alto de América Latina. Ello implica un aumento de las tasas de interés de la banca privada internacional, en caso de que Lasso necesitara recurrir este año a esas fuentes de financiamiento.
Aunque el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, ha asegurado que el país no necesitará acudir a los mercados financieros internacionales en 2023, si los necesitara, ya se sabe que se encontrará con préstamos caros. Así, el país vive una crisis económica silenciosa de la que no se habla por el momento, pero podría atizar el fuego de la crisis política que parece venir, porque las dos son hermanas inseparables.
