La política tiene bemoles singulares. Una cosa es lo que los organismos de investigación establecen a través de sus indagaciones, y otra es la respuesta que los implicados oficiales deciden dar sobre los hechos investigados.
En el caso de El Gran Padrino o Encuentro como se lo ha denominado, la contradicción es evidente. La investigación periodística, en conocimiento de la Fiscalía, avanza por su cauce político en la «Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, justicia y la lucha contra la corrupción», que ha convocado a presuntos implicados a escuchar sus versiones. Entre los llamados a declarar constan el presidente Guillermo Lasso, quien decidió no asistir a la sesión de la comisión, y en su lugar compareció el ministro del Interior, Juan Zapata, también citado por la comisión. Los ministros fieles al rol de cubrir las espaldas al presidente, se encuentran en la disyuntiva de actuar con transparencia en el esclarecimiento de los hechos o sumarse a las irrealidades que puedan sugerir las versiones oficiales. El flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón, tiene la responsabilidad de mostrarse superior en cuanto a las intervenciones de su antecesor Francisco Jiménez, en dos hechos diversos: responsabilidad de CNE en la existencia de irregularidades en elecciones seccionales; y responsabilidad del gobierno en el caso Gran Padrino o Encuentro.
En el primer tema, Cucalón ha manifestado que “el CNE tiene obligación legal y ética de abrir urnas en base a las impugnaciones presentadas. Debe prevalecer la democracia y la transparencia”. Sus palabras están insinuando la existencia de una oficina paralela en la delegación del Guayas, sumándose a la supuesta revelación de Enrique Pita. Frente a este caso Cucalón debe exigir una investigación solvente del CNE y no solo la lectura de las actas, con lo que pretende generar dudas sobre los resultados adversos al gobierno en el referendo. El ministro Cucalón actúa con la decisión de establecer la verdad o se suma a la farsa de una denuncia hasta ahora no comprobada.
En el segundo tema, de corrupción del gobierno en el caso Encuentro, el ministro Cucalón debería contribuir con la investigación de los hechos, y no justificarlos a priori. Cucalón ha dicho que “el traslado de policías asignados a la Fiscalía, en la investigación, corresponde a una tarea rutinaria y que se ha hecho en el pasado (…) y no hay obstrucción ni intromisión en la justicia”.
Si bien el presidente Lasso no compareció ante la comisión amparándose en la Constitución que dice que “el Primer Mandatario debe ir solo en casos señalados, como el Informe a la Nación”, el mandatario debió asistir por responsabilidad política e intención de aclarar la verdad ante el país. En su lugar, Lasso compareció a través de sus secretarios de Estado. No obstante, el ministro del Interior, Juan Zapata, no dio explicaciones convincentes solicitadas por miembros de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional, cuya indagación reitera los presuntos vínculos del cuñado presidencial, Danilo Carrera, con el ciudadano Rubén Chérrez fugado de la justicia y eventual miembro de la mafia albanesa dedicada a realizar envíos de droga desde Ecuador a Italia y los Estado Unidos. La comisión volvió a otorgar un plazo, inferior a diez días, para que el presidente Lasso comparezca a dar su versión sobre los vínculos de corrupción de su gobierno con el narcotráfico, investigados por la comisión y la prensa.
En esta línea de acción los cambios ministeriales exiguos -solo un ministro y algunos funcionarios de segundo rango-, generan una interrogante: ¿Para que ingresó el nuevo ministro? La alternativa de respuesta es, para sumarse a la verdad de los hechos o para adherirse a la farsa oficial.
