Las elecciones seccionales entraron en tierra derecha -como se dice en lenguaje hípico-, es decir, en el último tramo antes del domingo 5 de febrero, día en el que se eligen prefectos, alcaldes y concejales, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), vocales de juntas parroquiales, y la respuesta ciudadana a la Consulta Popular plateada por el régimen. Y lo hacemos con desesperanza, ese estilo atribucional que consiste en una tendencia a hacer inferencias funestas sobre las causas, consecuencias e implicaciones para los ecuatorianos que tienen los sucesos vitales negativos.
Aunque la esperanza es lo último que teníamos que perder, la perdimos, puesto que elegir cada cierto tiempo a los políticos que fungen de salvadores de la patria y terminan saqueándola, aprovechándose de la confianza que un pueblo iluso deposita en ellos es, por decir lo menos, decepcionante. Y nótese que se trata de elegir representantes de las instituciones del Estado que, se supone, están más cerca de la ciudadanía como son alcaldes, concejales, y otros en mayor contacto con los problemas y soluciones populares; sin embargo, de poco o nada nos ha servido puesto que las ciudades ecuatorianas están en total abandono, inseguras, descuidadas y sus habitantes debatiéndose entre la violencia, el desempleo y la pobreza. Y nótese, una vez más, que este no es un problema solo de los gobiernos descentralizados, sino del propio gobierno central que hace caso omiso, que por acción y omisión condujo al país a la peor crisis de su historia con total desinstitucionalización y ausencia de políticas sociales en materias tan sensibles como salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y seguridad.
!Qué esperanza podemos tener los habitantes de las 24 provincias, 221 cantones y 1.228 parroquias del país, desde el momento en que las elecciones son un juego formal, obligado por ley, que no refleja la necesidad y voluntad popular de transformación estructural de los problemas nacionales!
Los aspirantes a representantes populares asisten a la brega electoral sin ideas nuevas, sin propuestas factibles, por tanto, sin soluciones verdaderas. Muchos de ellos insuflados por encuestas embusteras, otros confiados en su capacidad oratoria demagógica y tantos acolitados por la ignorancia ciudadana, la irreflexión popular o el falso instinto cívico que les indica malamente votar por los que no cambian nunca, que se atreven a terciar con la cara de siempre y aun aspirando a la reelección. Será por eso que las encuestadoras generan una falsa expectativa en torno a sus candidatos-clientes, mientras publican cifras claramente abultadas sobre los indecisos hasta 10 días antes de los comicios, fecha en que entramos en una especie de túnel oscuro sin saber nada sobre los sondeos de opinión impedidos de ser publicados por ley, para luego estos mismos encuestadores decir que el electorado se decidió y votó por tal o cual candidato, una vez conocidos los resultados. Viejo truco de manipular los datos durante la toda campaña para no perder la escasa confianza que ostentan frente a los ciudadanos, una vez conocidas las cifras oficiales. De ese modo se jactan de no errar nunca en sus sondeos previos y luego a «boca de urna».
El sistema político ecuatoriano permite una aberración singular con una sobredosis de políticos candidatos que da la falsa apariencia de mayor representatividad cuando no es así, el conglomerado de postulantes refleja nada más la incapacidad de unidad nacional, de consenso político en frentes amplios de una misma tendencia. Existen en estas elecciones más de 200 alianzas políticas, y tanto la derecha como la izquierda y el progresismo, enfrentan las elecciones divididos hasta con cuatro o cinco candidatos para un mismo cargo de la misma tendencia. Eso hace mal a la cultura democrática, y es en sí mismo un mal síntoma de la fallida democracia que vivimos.
La ciudadanía, no obstante, aspira a que se cumpla con un proceso formalmente democrático que garantice comicios transparentes, participativos, inclusivos e imparciales. Estos procesos no pueden darse si existe la ausencia de las mujeres en la política, que representan el 50% de la población. Tampoco pueden darse si participan candidatos financiados por la delincuencia organizada, mafias del narcotráfico o la minería ilegal, según ha denunciado el Ministerio de Gobierno que no quiere publicar nombres que acompañen su denuncia ante la Fiscalía. De igual modo se deja participar a candidatos a alcaldes con grillete en los tobillos, asuntos pendientes con la justicia o pérdida de sus derechos políticos. Un manido recurso que ya se puso en práctica en la elección anterior con ediles que resultaron electos, y luego fueron destituidos de la alcaldía. Esta vez la historia se repite como tragicomedia o como farsa. En total, 123 de los 221 alcaldes pretenden ser reelegidos, y al menos 95 de ellos se presentan por una tienda política diferente de la que fueron electos en 2019, defeccionando a través del innoble «camisetazo» político, sin atender a ideologías muchas veces escandalosamente contrapuestas.
La consulta amañada
En esta oportunidad las elecciones seccionales y su ya atiborrada lista de 63.518 candidatos inscritos, suman la exigencia de responder a una Consulta Popular de ocho preguntas que tampoco representan una alternativa de real solución a los problemas que se propone superar. El Referendo es una prerrogativa constitucional a la que el gobierno echa mano cuando no ha logrado consenso para sus planes oficiales y recurre a la voluntad popular en busca de legitimidad. Voluntad, la mayor de las veces manipulada, que se expresa sin conocimiento profundo de la problemática que platean las preguntas. Es nada más una treta oficial para lograr aceptación a una o dos cuestiones de interés político para el régimen, que son presentadas junto a preguntas de fácil respuesta afirmativa y provocar así una «aceptación triunfal» a la consulta y, de ese modo, mostrar supuesta legitimidad en los planes políticos del gobierno.
De las ocho preguntas de la Consulta Popular, seis son de Perogrullo que consultan, obviamente, a la ciudadanía si está de acuerdo con permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Se indaga si se está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, y esta pregunta la está planteando un gobierno investigado que se encuentra frente al más escandaloso caso de corrupción oficial en la historia del país. Es el mismo régimen que pregunta si existe acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal. También formula la pregunta si se está de acuerdo con reducir el número de asambleístas, como si su calidad de representación popular dependiese de la cantidad de miembros del Parlamento. Y se consulta si se está de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción, como si la calidad de las organizaciones políticas dependiera de la cantidad de sus afiliados. Existen preguntas de índole ecologista que buscan una respuesta acerca de incorporar o no un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y si se está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales.
No obstante, existen dos preguntas que son en realidad las que motivaron la Consulta Popular, conforme los planes del gobierno. La pregunta 5 plantea: El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garantizan participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 5?
Vale decir que serían designadas de ese modo las autoridades de las siguientes instituciones de control: Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, así como, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Los integrantes seleccionados serían definidos por los miembros de una comisión ciudadana conformada por cinco personas escogidas por méritos y otras cinco representantes del Estado. En caso de ser aprobada afirmativamente la pregunta cinco, el CPCCS perdería la atribución constitucional de designar los cargos de funciones de control del Estado, y esta atribución pasaría al Pleno de la Asamblea Nacional, aunque en realidad parte de esta atribución la ejercería dicha Comisión Técnica. La Asamblea no podría revisar o modificar las ternas y las listas porque se lo prohíbe la ley, y así está obligada a nombrar los candidatos impuestos por la comisión en un plazo no mayor a 90 días; caso contrario, quedaría automáticamente nombrado el primero de la terna o los primeros de la lista para integrar el cuerpo colegiado. Adicionalmente, las autoridades que actualmente deben ser designadas por el CPCCS y que no hayan sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas en sus funciones por un plazo de un año y nueve meses.
El asunto de fondo es que, de ser así, el presidente Lasso queda protegido por la impunidad, cubierto por las decisiones de organismos de control como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, superintendencias y SRI, actualmente afines al mandatario y su gobierno, viéndose bloqueada la fiscalización parlamentaria y la investigación de denuncias de corrupción en el sistema judicial por supuesta falta de méritos.
La pregunta 6 complementa los efectos de la cinco: El CPCCS es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?
Esta pregunta busca sustituir la voluntad ciudadana por la decisión de una comisión técnica conformada por 5 funcionarios del Estado, 2 universitarios y 2 ciudadanos, que impondría un listado del cual nombrar los siete miembros del CPCCS, en un plazo no superior a 90 días. De no hacerlo, quedan nombrados en forma automática los siete primeros nombres de la lista.
La Consulta Popular amerita un rechazo popular con la negativa a las ocho preguntas. Una doble negativa al contenido de las preguntas en sí, y una negativa al abuso que el régimen hace de esta prerrogativa legal, para intentar una grosera manipulación de la voluntad popular que se verá sorprendida por desinformación y engaño.
De cara a las elecciones seccionales, el pueblo ecuatoriano tiene como real alternativa repudiar esta perversa forma de vivir la democracia. No se trata de votar en blanco o anular el voto, se trata de castigar en las urnas a los responsables de tal despropósito.
