La denuncia sostenida por el medio digital La Posta y convertida esta quincena en noticia crímini acerca de la existencia una organización delictiva en las empresas públicas del sector eléctrico y petrolero del país, pinta para culebrón al estilo de novela seriada de previsible desenlace.
Recapitulando los hechos denunciados por el medio digital en mención, dicha investigación comenzó en junio del 2022, con el nombre de caso El Gran Padrino y fue publicada el 9 de enero del presente año. Bajo la fuerza de las circunstancias, tanto la Asamblea Nacional como la Fiscalía de la Nacional, abrieron sendas investigaciones basadas en documentación periodística proporcionada por el medio denunciante. Según la denuncia, en el sector de las empresas eléctricas estatales operaria una organización delictiva para poner y sacar funcionarios a instancia de los cuales se cometerían actos de corrupción, robo y peculado bajo la modalidad de contratos públicos, comisiones y sobreprecios.
Como antecedentes de los hechos el presidente Guillermo Lasso nombró en junio del 2022 a Hernán Luque Lecaro, Gerente de las empresas públicas con rango de ministro, quien actuaba junto a Rubén Chérrez, como delegado de la Presidencia de la República ante el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), cargo que ocupó entre julio de 2021 y noviembre de 2022. La investigación sugiere, además, que el presidente Lasso estuvo en conocimiento del reparto de las empresas eléctricas públicas, a través de su ministro de Gobierno, César Monge (+), y que el cuñado del mandatario, el banquero Danilo Carrera, sería el contacto para gestionar influencias políticas ante el presidente de la República en la decisión de poner, mantener o sacar funcionarios de altos cargos gerenciales de dichas empresas públicas del país.
Entre los documentos que constituyen la noticia crímini constan grabaciones de conversaciones sostenidas entre los señores Hernán Luque Lecaro y Rubén Chérrez en las cuales se evidencia el cometimiento de irregularidades en el sector eléctrico y petrolero público del país que involucrarían a Danilo Carrera. Chérrez sería “el operador de Carrera” en el caso. Las grabaciones las habría realizado Leonardo Cortázar, “un operador menor dentro de la estructura delincuencial del sector eléctrico”.
Las grabaciones revelan que el directorio de EMCO las decisiones se toman en base a tres votos: de Hernán Luque como gerente, de J. Merchant de SENPLADES y el voto del ministro del ramo pertinente. En la conversación se sugiere gestionar con Danilo Carrera para que, a su vez, hable con Lasso para cambiar a Merchant, que no es de su confianza porque es una persona que no se deja comprar. Carrera estaría supuestamente en condiciones de influir cobre Lasso para el nombramiento de un nuevo funcionario de “su confianza” en dicho directorio. Al tenor de los diálogos sostenidos entre Luque y Chérrez queda al descubierto, además, las irregularidades cometidas en Flopec, flota de barcos del sector petrolero, donde se habría cometido saqueos y robos millonarios a los recursos del Estado. Como antecedente, en la conversación se habla de poner en la gerencia de esa empresa estatal a Oswaldo Rosero, “para que haga las cosas bien y haga negocios” Esto ocurre en junio del 2022, y al día de hoy Rosero ya es Gerente de Flopec. Se evidencia también que, por sus gestiones, Luque solicitaba el pago de 150 mil dólares mensuales para abrir una cuenta bancaria en Andorra, y 30 mil mensuales para Danilo Carrera, según la conversación grabada.
¿Quiénes son Chérrez y Luque?
Hernán Luque Lecaro, ofició como delegado de la Presidencia de la República ante el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), entre julio de 2021 y noviembre de 2022. Fue designado mediante decreto ejecutivo, con la rúbrica del presidente Lasso. Como delegado del Ejecutivo, Luque ostentaba poder de influencia sobre las designaciones en las gerencias de las empresas públicas. Fue administrador de siete empresas distintas, entre las que se cuentan la Bolsa de Valores de Guayaquil, vicepresidente de Negocios del Banco Amazonas, y vicepresidente Comercial, de Banca personal y de Oficinas del Banco de Guayaquil. Según sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Controlaría demuestran que su patrimonio es de USD 339.000. En julio de 2021, su declaración fue de más de USD 580.000: Dos cuentas corrientes, con USD 22.000, acciones por un monto USD 105.000. Dos vehículos avaluados USD 30.000. Menajes, joyas y obras de arte por USD 75.000. Una oficina avaluada en USD 19.000, una residencia en Guayas, avaluada USD 336.000. Deudas por tarjetas de crédito por un monto de USD 119.000. El empresario Rubén Chérrez F., no aparece en el registro de Contraloría pues no ha ocupado ningún cargo público. En la Superintendencia de Compañías consta registrado como Gerente General de Inmobirealstate S.A. y Agricolasas SAS, compañía en la es accionista. También aparece como ex gerente y exaccionista de diversas empresas cuyo capital no supera los USD 800. Entre los socios constitutivos de estas empresas consta Dritan Gjika, relacionado con Leonardo Cortázar y Xavier Jordán, según denuncias del Frente Parlamentario Anticorrupción.
Reacciones oficiales
En carta, el presidente Guillermo Lasso señaló a la fiscal General, Diana Salazar, cómo investigar el caso El Gran Padrino, donde estaría involucrado su cuñado Danilo Carrera y otros funcionarios de empresas públicas. El Mandatario dice que es falso y que ha dispuesto a las dependencias del Ejecutivo que sean requeridas por la Fiscalía del Estado que entreguen toda la información necesaria. También, indica un plazo a la fiscal y le dice que la investigación concluya lo más pronto posible y que se ubique a los responsables: “Debo expresarle, señora Fiscal General, en adición a lo ya dicho en mi carta de ayer, que he dispuesto que el Ministro del Interior y el Comandante General de la Policía Nacional efectúen con urgencia todas las tareas que sean necesarias para ubicar a dichas personas, tanto en el territorio nacional como fuera de él”, dice el mandatario.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, deslegitimó la investigación del medio digital y el presidente Lasso pidió al subsecretario de Corrupción, Luis Verdesoto, que se hiciera cargo del caso, y conminó al periodista Juan Carlos Calderón, del medio Plan V, que investigue; Calderón se negó hacerlo, peor viniendo del poder, según dijo. El régimen las emprendió en contra del equipo de La Posta con amenazas y una demanda planteada por Danilo Carrera equivalente a medio millón de dólares en contra de los periodistas de ese medio digital. Se trata de un contrataque en bloque frente a una denuncia que pone al descubierto la supuesta influencia política de Danilo Carrera frente a Lasso, necesaria para poner gente de confianza en la estructura delincuencial de las empresas públicas el país. Según se denunció en La Posta, Rubén Chérrez, Jorge Orbe y Hernán Luque huyeron, uno de ellos, habría alquilado un camión blindado, presuntamente para llevar dinero en efectivo y algunos bienes. El ministro Jiménez reconoció que Chérrez esta fuera del país, al tiempo que manifestó que “en la función pública hay que ser valiente (…) jamás hemos pretendido tapar el sol con un dedo”.
Obviamente, un dedo no alcanza para tapar el astro rey de la corrupción brillando en el sector público. Según las Fiscalía General del Estado (FGE), se informó que cerró 2022 con 301 causas judiciales abiertas por este tipo de delitos. Del total, 111 ingresaron al registro del Ministerio Público en el último año. La mayoría por delitos de peculado, concusión, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. Un 85% de casos permanece en trámite reservado o investigación previa. Un 13% se encuentra en etapa procesal preparatoria de juicio. Apenas 2% de los casos ha obtenido sentencia y existen 88 procesados, 36 enjuiciados en 72 allanamientos.
El gobierno no niega la corrupción en el sector público, lo que dice es que la corrupción no toca al círculo íntimo del presidente Lasso. En tanto, Verdesoto reconoce su existencia e investiga los contratos eléctricos de empresas públicas de El Oro y Guayas y ofrece informar al respecto el próximo lunes. Mal hace el gobierno en esperar el pronunciamiento de la justicia que tarda, mientras tanto, la política más dinámica provocará efectos electorales antes del tiempo esperado.
En el caso de El Gran Padrino las preguntas caen por su peso: ¿Por qué Leonardo Cortázar decide denunciar ahora a la estructura delincuencial operando en el sector eléctrico? ¿Será suficiente como prueba un audio con conversaciones entre funcionarios sobre hechos de corrupción? ¿Es esto contundente como elementos de convicción fiscal, o se trata de un bluf electoral a pocos días de una elección seccional y una Consulta Popular propuesta por el régimen con fines políticos?
Queda por comprobar cuánto impactará el culebrón en curso en el resultado electoral. A ver si el pueblo asocia corrupción con el gobierno y con la decisión de elegir a sus gobernantes y castiga a los presuntos responsables. Caso contrario, no habrá pasado nada sustancial, como en los novelones de media tarde.
