Por Felipe Maia*
Pocas imágenes definen más claramente el trabajo de la extrema derecha y el llamado “Bolsonarismo” que las que se grabaron el 8 de enero en la sede de los tres poderes republicanos en Brasilia. La destrucción de edificios, muebles, obras de arte, todos de artistas brasileños, es la forma en que se materializa la destrucción de las instituciones, esos entes intangibles que necesitan cuerpos, edificios y objetos para hacerse presentes. La furia destructiva se vuelve hacia lo que fue obra de un esfuerzo común, que representa una historia común, como las pinturas de Di Cavalcanti, la arquitectura de Niemeyer o incluso una copia de la Constitución de 1988. Una afrenta no solo a la democracia, consagrada en el resultado electoral, sino también a la propia República, noción habitualmente ausente del imaginario actual. Antidemocrática y antirrepublicana, la destrucción continua es el motivo impulsor de la extrema derecha, en las diversas formas de manipulación del lenguaje, deterioro de las políticas públicas, revisión o desobediencia legislativa o, como se ve, en la invasión sin precedentes de los poderes republicanos.
No hay que entender lo que pasó como si fuera un rayo en un cielo azul o como si fuera un accidente, un experimento que se salió de control. No se trata de manifestaciones espontáneas, ni de aprendices de brujo. Por el contrario, el golpe del domingo es el resultado de una escalada cuidadosamente preparada en los últimos años y debe verse a raíz de un conjunto de actos golpistas que se han intensificado con la convocatoria del expresidente Bolsonaro desde marzo de 2021, siempre en torno a la invocación de poderes extraordinarios para la presidencia y desobediencia al Poder Judicial, en especial al Supremo Tribunal Federal, que es el último órgano de interpretación de la Constitución. Siguieron en motos y en las dos últimas vacaciones el 7 de septiembre. Muchos de ellos fueron financiados con dinero público y contó con la presencia del expresidente, ministros militares y varios líderes de extrema derecha. Tras el resultado de las elecciones, bloquearon las carreteras, a menudo con gran violencia. Y montaron campamentos de vigilia para un golpe militar frente a los cuarteles del ejército. Sin esa trayectoria, no habría domingo golpista.
Tampoco hubiera sucedido, al menos no en la forma que tomó, si las fuerzas de seguridad hubieran defendido los edificios de la República. La pregunta aquí solo puede ser: ¿por qué no lo hicieron? ¿Cómo fue posible que el presidente Lula estuviera visitando a víctimas de las lluvias en la ciudad de Araraquara cuando se dio tal golpe en Brasilia? ¿Cómo fue posible que el Ministro de Defensa, designado por Lula, no tomara ninguna iniciativa para defender los edificios? La connivencia del Gobernador del Distrito Federal y su Secretaría de Seguridad Pública ya ha sido demostrada, pero es parte y quizás ni siquiera la parte principal de un entramado más amplio de responsabilidades. Todo indica que los principales conspiradores siguen ausentes de los titulares.
La facilidad con que perpetraron la destrucción hace difícil tranquilizar el ánimo con la reacción institucional. Existía, los estafadores fueron sacados, muchos están siendo arrestados y señalados. El gobernador fue destituido y el gobierno federal tomó el control de las fuerzas de seguridad en el Distrito Federal. Medidas duras y necesarias. Abren una oportunidad para que las instituciones organicen una lucha permanente contra el movimiento golpista, vigilando y sancionando a las personas que participan y que lo financian. La competencia con la que se organicen los seguimientos y procesos penales será determinante para derrotar el golpe. Sin embargo, es una reacción ex-post a eventos que “normalmente” nunca podrían haber ocurrido.
Su ocurrencia revela un problema mayor, que se deriva de la politización de las Fuerzas Armadas y el entrelazamiento de los mandos militares con la extrema derecha golpista. Es bien conocida la presencia de familiares de oficiales en campamentos y movimientos golpistas. El domingo quedó constancia de la participación de militares en servicio activo en la invasión a la sede. ¿Quién puede creer que los comandantes no sabían lo que se estaba preparando? En las últimas semanas, el ministro de Defensa, José Múcio, hizo declaraciones conciliadoras, afirmando que Jair Bolsonaro era demócrata, que las manifestaciones eran pacíficas, que él mismo tenía familiares en los campos golpistas y que naturalmente se desmoronarían, tratando a los públicos con el tipo de paternalismo e infantilización propio de la falta de transparencia e impropio de una República democrática. Los cambios de mando previstos para el mes de diciembre, antes de la asunción de Lula, ya marcaban una negativa de la cúpula de las Fuerzas Armadas a reconocer explícitamente la legitimidad del presidente electo. Este conjunto dificulta entender de otra manera el “colapso” de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad el domingo del golpe.
Hay, pues, un problema político que no se resolverá sólo organizando la represión del golpe, y eso se vuelve decisivo. Hay una lista de preguntas por responder: ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad de los mandos militares actuales? ¿Cómo será posible despolitizar las fuerzas armadas? ¿Cómo restablecerlos dentro de los estrictos parámetros de sus funciones, con profesionalismo y respeto a los poderes republicanos y democráticos? Son cuestiones delicadas que exigirán mucho de los gobernantes y de la mirada atenta de la ciudadanía, de la que depende el futuro no sólo de este gobierno, sino del orden establecido por la Constitución de 1988. La historia brasileña, que suele ser conciliadora con los crímenes y fechorías de los más poderosos y acomodaticios con disfuncionalidades institucionales, no parece ser la mejor brújula para el presente. La reversión de la tendencia actual debería requerir reformas más profundas en la organización de las fuerzas de seguridad pública y militar que, si se llevan a cabo con firmeza y en un sentido democrático, podrían allanar el camino para superar la crisis actual. Para ello, también se debe trabajar en la reelaboración del lenguaje y los términos del debate político, en torno al pluralismo y la tramitación democrática de las diferencias. Nada de esto puede resolverse rápidamente, pero señalan la dirección de las acciones políticas y la dimensión de la tarea.
*Felipe Maia es profesor e investigador de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Doctor en Sociología por el IESP – UERJ (2014), con posdoctorado por el CPDOC-FGV (2015). Es coordinador del proyecto de investigación “Crisis y crítica: intelectuales, teoría y procesos sociales” y del Grupo de Estudios en Teoría Social (UFJF) e integra la coordinación del Grupo de Investigación del CNPQ “Metamorfosis de la sociología”. Organizador del libro Una democracia (in)terminada (2019), publicado por la Editorial Ateliê de Humanidades.
