Se avecina una tormenta de verano en Chile provocada por vientos huracanados que levanta el llamado “Acuerdo por Chile”, y el malestar popular ante pronósticos de mal clima político en el país del sur, sentimientos que no pudieron ser disimulados aun por las sonrisas esbozadas por el presidente del Senado (Álvaro Elizalde), presidente de la Cámara de Diputados (Vlado Mirosevic) y políticos de la coalición demócrata que suscribieron el acuerdo “para avanzar en el nuevo “proceso constituyente” de cara al objetivo de tener una nueva Constitución”.
En el gobierno de Gabriel Boric, surgido al calor de las protestas sociales de octubre de 2019, pese a las valoraciones del mandatario, senadores y diputados, dirigentes políticos y de voceros empresariales, el acuerdo tiene fuertes críticos. Por lo expresado por el presidente Boric y varias ministras y varios ministros, en el Gobierno hubo complacencia con el resultado de las negociaciones, en la línea de darle continuidad al “proceso constituyente” y finalizar en los próximos largos meses con un nuevo texto constitucional.
Entre las observaciones señaladas, el documento en cuestión aparece “enredoso” y “bastante lejano de la preocupación y simpatías de la ciudadanía”, pese a la constante referencia “al pueblo”, a “las y los ciudadanos”, “a la gente” que hicieron muchas y muchos voceros políticos para explicar o justificar el saldo de la negociación.
Lo cierto es que, en el ambiente de la calle en Chile, en sectores sociales, territorios, organismos sindicales y el movimiento feminista el acuerdo no fue recibido con aplausos y a lo convenido por los partidos políticos, se sumaron sorprendentemente Amarillos y Demócratas, grupos no institucionales vinculados a la derecha chilena que votaron en Rechazo al cambio constitucional.
Entre las criticas constan el hecho de que el acuerdo considera “canalizar la participación popular y ciudadana a través de las Universidades, lo que no parecería responder a las inquietudes y aspiraciones sociales, más sobre los sectores que están por verdaderas transformaciones en el modelo económico y la estructura institucional del país. Nadie tiene muy claro qué pasará con cabildos, asambleas, encuentros y manifestaciones. Otro de los puntos cuestionados es que “elegir a las y los 50 integrantes del Consejo Constitucional por el sistema que se elige al Senado, ayuda a la derecha y a los sectores conservadores, quita representatividad proporcional a varias regiones y disminuye las opciones electorales de sectores progresistas, transformadores y de izquierda”. Y el cuestionamiento mayúsculo: la existencia de 24 “expertos” -sin derecho a voto, pero con enorme incidencia y capacidad de decisión respecto a cómo quede el texto de la nueva Constitución-, elegidos por el Senado y la Cámara Baja, dos de las instituciones menos valoradas por la ciudadanía y que han sido escenario de show mediáticos, agresiones, discriminaciones, incumplimiento de acuerdos políticos, fragmentaciones de toda índole y bajo trabajo legislativo.
Solo buenas intenciones
El presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, declaró que “el país demanda certezas” y quiere “sanar heridas, reconstruir confianzas y por sobre todo llevar adelante un proceso constituyente exitoso, para que la Constitución sea un factor de unidad, un marco constitucional del que todos nos sintamos orgullosos y en el que todos seamos parte”. No deja de ser “una buena intención” que se suma a otras provenientes de su tienda política socialista que señalan que “este acuerdo permite una buena capacidad de diálogo…lo que es finalmente lo que buscamos al construir el proceso hacia una nueva Constitución”. Desde la Democracia Cristiana se dijo, “esperamos que este camino nos lleve a un éxito”. Desde Renovación Nacional, se valoró que su conglomerado “actuó de manera unida y sólida para lograr el objetivo de un proceso participativo, mixto y democrático”. La Unión Demócrata Independiente expresó que “este es el principio de la segunda oportunidad para el proceso constituyente. El movimiento Independientes No Neutrales (INN), sostuvo que “no nos gusta en lo absoluto el acuerdo, pero creemos en la democracia representativa cómo forma de resolver nuestros conflictos. La democracia se respeta”. Por su parte, el Partido Comunista (PC) expresó: “En el Acuerdo Constitucional persisten los fantasmas de la democracia tutelada y la medida de los posible. Faltó coraje y convicción, y a pesar de que no es lo que el PC proponía, como siempre, ¡nos sumaremos al proceso a disputarle espacio a quienes siguen creyéndose dueños de Chile!”.
Bases del acuerdo
Las bases constitucionales del Acuerdo por Chile reconocen: Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Poder legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría General del República. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida; la igualdad ante la ley; el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones; la libertad de conciencia y de culto; el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos; entre otros. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas; y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
El “Acuerdo por Chile”, fue suscrito por representantes de los partidos Socialista, Comunista, Convergencia Social, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, Radical, Liberal, PPD, Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Democracia Cristiana, Revolución Democrática y Acción Humanista, que pudieron suscribirlo los grupos Amarillos, Demócratas y Unir, refleja un intento por marcar la cancha para futuros juegos constituyentes.
En el trasfondo de la realidad política chilena subyace una realidad innegable: los partidos que perdieron injerencia social durante la protesta social del 2019, buscan recuperar liderazgo perdido y desde esa posición tratar de canalizar e influir en el contenido de la nueva Constitución que el Chile democrático reclama, más allá de los acuerdos discordantes.
