Esta semana dos hechos noticiosos originados en diversos puntos de la región sudamericana aluden a un mismo acontecimiento: la lucha por el poder político que, con uso de todos los recursos legales e ilegales disponibles en función de los propósitos políticos, subsiste en los países latinoamericanos. Confrontación que tiene lugar en un contexto regional en el cual, con excepción de algunas naciones, la izquierda está en el gobierno y la derecha en el poder. Contradicción que vuelve extremadamente inestables a los países y a gobiernos que pretenden imponer un carácter social a su gestión. Esa lógica, tal vez para muchos incomprensible, se explica en una nueva restauración conservadora emprendida por las fuerzas políticas y sociales neoliberales en respuesta a la nueva tendencia progresista que, como fantasma, recorre Latinoamérica.
El enfrentamiento entre dos modelos -social y económico- caracteriza en estos momentos a los países de la región y en cada uno de ellos, con sus particularidades y ese fondo común, se expresa la lucha política que recurre a todos los medios constitucionales, o no, cooptando instituciones, corrompiendo a la justicia, alineando a la prensa y desplegando acciones orientadas a descreditar al contrincante con el objetivo de imponer uno u otro paradigma. El modelo social en marcha en la mayoría de los países latinoamericanos arranca de la idea de que el Estado debe ser un ente con responsabilidad pública en la creación y el mantenimiento de la igualdad de oportunidades y la cohesión social; esto exige, entre otras cosas, una alta carga fiscal, ausente en casi todos los países de América Latina. En la contraparte, el modelo empresarial o neoliberal que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado, un modelo económico común para los países y que intenta liberalizar el mercado único.
El tema subyacente en el debate político -se dice- es la corrupción, pero frente a este fenómeno capitalista latinoamericano nadie en el espectro político está en condiciones de lanzar la primera piedra o rasgar vestiduras. Si bien algunos gobernantes no se caen, los botan, no es menos cierto de que algunos mandatarios reformistas ponen en bandeja de plata motivos para que sus oponentes procedan, sin considerar objetivamente la correlación de fuerzas existente, el apoyo popular acumulado y cuán venida a menos está su imagen en el poder.
Destituido Pedro Castillo
El caso peruano, esta semana, con la destitución del presidente Pedro Castillo no escapa a esta dinámica de desgaste presidencial. El presidente Castillo fue destituido luego de ser acusado de perpetrar un golpe de Estado, y detenido por la policía de su país. Castillo que había logrado superar dos intentos de destitución anteriores por “incapacidad moral”, esta vez enfrentó una abrumadora mayoría política adversa en el Congreso peruano que rechazó su intento de disolver el organismo legislativo, instaurar un “gobierno de excepción” para proceder a gobernar por decreto y revisar la justicia. La mayoría del congreso declaró vacante el puesto de Castillo, frente a lo que calificó de “golpe de Estado”. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron: “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”. Esta advertencia militar demuestra hasta qué punto en la región el poder castrense sigue siendo dirimente del conflicto político civil.
El mandatario de origen campesino fue reemplazado por la abogada Dina Boluarte, quien se desempeñará como vicepresidenta del Perú en el gobierno de Castillo. Boluarte se constituye así, en la primera mujer en asumir el cargo de presidenta de la República del Perú, luego de que en un controversial proceso político la funcionaria renunciara a la vicepresidencia del país, embestidura que la llevó al cargo junto a la propia fórmula electoral de Castillo. Horas antes de estos acontecimientos Castillo había asegurado que su decisión de disolver el Congreso respondía a la «obstrucción» que ha enfrentado su gobierno por parte del Poder Legislativo. Pero la decisión no contó con el cálculo político necesario, había que medir las fuerzas con las que se contaba y éstas no fueron suficientes. Sumado al hecho de que los gobernantes reformistas a menudo privilegian contenido por sobre la forma, y es posible que Castillo hubiere subvertido ciertos procedimientos de ley en su accionar como gobernante. Accionar que, según las Fiscalía peruana corresponde a “delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión (…) con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas». Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que «no hay ningún fundamento real» y «esas acusaciones son orquestadas». Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha «una nueva modalidad de golpe de estado en Perú». Hasta eso, en Perú se impuso el poder de la derecha política unida, con despliegue de todos los recursos disponibles para deponer al mandatario.
Condenada Cristina Kirchner
A unos cuantos kilómetros de ahí, en Argentina, días pasados la vicepresidente Cristina Kirchner fue condenada por una corte a seis años de cárcel bajo cargos de corrupción. Kirchner escuchó el veredicto a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. Los jueces la absolvieron del delito de asociación ilícita, penada con hasta 12 años. El peronismo, y mucho más en su versión kirchnerista, sostiene que esta es la consumación de una larga estrategia persecutoria contra la política más influyente del país. Kirchner no irá a la cárcel, porque tiene fueros como vicepresidenta, sin embargo, el impacto político existe. La vicepresidenta exclamó al oír la sentencia: “Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”. Este tiempo, se habló en Argentina de lawfare, el uso de la judicatura con fines políticos; además, gran parte de la prensa instaló en la sociedad la idea de que Kirchner era culpable, cualquiera fuese el veredicto judicial. Elementos que recuerdan el caso Lula en Brasil, quien se mantuvo preso 500 días “por corrupción” y cuya sentencia fue anulada más tarde por errores de forma y Lula pudo ser candidato presidencial y volver al Palacio de Planalto.
Se cumple así, una semana de reveces políticos para las fuerzas reformistas en América Latina y el péndulo de la política regional sigue pendiente y oscila entre la opción de una izquierda en el gobierno y la derecha en el poder.
