El complejo proceso político social chileno que se propuso poner fin a los rezagos de la dictadura militar consagrados en la Constitución pinochetista de los años ochenta, ha tenido como protagonista a la prensa de ese país que, desde las jornadas de protesta popular del 2019, ha sido objeto de ataques por parte instituciones represivas del Estado.
Un informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), ONG encargada de recopilar casos de represión contra periodistas señala que, al menos, existen 400 agresiones a comunicadores en Chile desde las jornadas de octubre de 2019. Las repercusiones de estos hechos para la democracia motivó un estudio de este observatorio junto a la UNESCO con el propósito de “promover la protección y seguridad de las y los trabajadores de la prensa”.
El preocupante incremento de las agresiones a periodistas en ejercicio de sus labores informativas por parte de fuerzas del orden público, ha sido monitoreado por el ODC, a través del seguimiento a casos, revisiones de prensa y solicitudes de acceso a la información mediante transparencia. Esta acción ha permitido detectar casos emblemáticos como el ocurrido en marzo del 2021 cuando se conoció de un ataque armado policial a un equipo del canal Televisión Nacional. Y en 2022 el fallecimiento de la reportera Francisca Sandoval que formaba parte del equipo periodístico de Señal 3 La Victoria, a causa de un disparo recibido mientras cubría la protesta el 1 de mayo en Santiago de Chile.
Organismos interesados en la defensa del periodista chileno, motivados por estos acontecimientos se abocaron a la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en Chile y pusieron en marcha el proyecto “Aplicación de los Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile”. El proyecto cuenta con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, y será ejecutado desde noviembre del año en curso hasta junio del 2023. El propósito es contribuir a la protección de las y los trabajadores de la prensa e impulsar el perfeccionamiento de políticas públicas en la materia.
Directivos del ODC han manifestado que “Chile se encuentra en una crisis de Libertad de Expresión que se ha agudizado desde el estallido social y la emergencia sanitaria afectando el ejercicio pleno de la democracia. Por eso con este proyecto se busca generar conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa”.
El proyecto resulta pionero, tanto en Chile como en la región latinoamericana, basado en las recomendaciones e indicadores de Seguridad de Periodistas realizado por UNESCO, al contemplar la realización de informes sobre la situación de la comunicación, una base de datos sobre agresiones registradas a la prensa desde 2019 y talleres de seguridad física y digital para el desarrollo de la actividad informativa. Los resultados de la investigación serán presentados al finalizar el proyecto en junio del próximo año durante un seminario que debatirá las reformas para proteger la labor periodística con agentes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.
Balance de la situación
Hasta el momento un balance de la situación de la prensa en Chile establece que “desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 403 ataques contra la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación”. Según el informe, la mayor parte de las agresiones y actos de hostigamiento tuvieron lugar durante las coberturas periodísticas realizadas por los trabajadores de la prensa a las protestas y fueron cometidas principalmente por funcionarios de Fuerzas Especiales chilenas.
El reporte del informe sobre Libertad de Expresión en el Contexto de las Protestas y Movilizaciones en Chile -elaborado por ODC y Fundación Datos Protegidos con la colaboración de académicas de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile- solamente entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se documentaron 171 ataques: 102 a causa de disparos de armas disuasivas, 5 por gases lacrimógenos, 3 por vehículo lanza aguas, así como 27 detenciones arbitrarias y 34 relativos a distintas formas de hostigamientos como golpes, empujones o controles de identidad.
La estadística evidencia que el 60% del total de ataques corresponde a impactos de proyectiles de armas disuasivas (perdigones y bombas lacrimógenas), destacando entre los casos más graves dos personas con pérdida ocular y denuncias por maltrato y violencia sexual contra dos periodistas detenidas en la ciudad de Arica, al norte del país, por parte de funcionarios policiales.
Durante el confinamiento en la pandemia, el informe sobre Libertad de Expresión 2020, observa en Chile un nuevo escenario en que “los ataques a la prensa continuaron, pero cambiaron de forma”. En ese periodo se registraron 105 ataques, “75 de los cuales fueron detenciones arbitrarias, bajo el pretexto de incumplimiento a la normativa de prevención sanitaria o de resistirse a la autoridad”. Los medios represivos usados fueron uso de gases disuasivos y carros lanza agua contra periodistas en acción de cobertura periodísticas en las calles.
En el año 2021 fueron constatadas 127 agresiones contra la prensa por parte de efectivos del orden, y aunque disminuyeron las detenciones arbitrarias, no obstante, “aumentaron los ataques con gas pimienta a fotoreporteros” y actos hostiles con el propósito de impedir o dificultar el ejercicio de la labor periodística. En suma, más del 86% de los registros corresponden a la Región Metropolitana de Chile, en particular la ciudad de Santiago, epicentro de las manifestaciones de protesta social en contra del régimen de entonces de Sebastián Piñera, cuyas victimas principalmente fueron reporteros freelance y periodistas de medios independientes.
La experiencia chilena constituye un referente a considerar en la región latinoamericana, y en particular en Ecuador, cuyos escenarios políticos no distan mucho del país del sur, en cuanto a las constantes tensiones sociales y políticas que ponen en el centro del huracán a los trabajadores y trabajadoras de la prensa.
