La cifra en sí misma violenta la consciencia ciudadana: cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar debido a algún tipo de violencia de género. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy 25 de noviembre, se busca visibilizar el hecho y consolidar una conciencia cívica sobre este flagelo social. La expresión local de esta cruzada busca poner fin o reducir en Ecuador una estadística que demuestra la vulneración de los derechos de género: una mujer muere en el país cada 28 horas, cifra que desde el año 2019 asciende a 1.319 femicidios.
Detrás de las cifras existen seres humanos, mujeres que son víctimas de ataques de toda índole, que constituyen una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
Según la Declaración sobre la eliminacion de la violencia contra la mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, violencia contra la mujer es “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
De manera general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye: violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio); violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético); trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil.
Efectos de la violencia de género
La violencia contra la mujer genera diversos efectos psicológicos, del mismo modo que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva que afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Las elementales desventajas en materia de educación constituyen un obstáculo para alcanzar la escolarización universal y hacer cumplir el derecho a la educación de las niñas. Esto se traduce luego en una restricción del acceso de la mujer a la educación superior con la consecuente limitación de sus oportunidades de empleo.
Toda mujer, por el simple hecho de serlo, está expuesta a ser víctima de la violencia de género, no obstante, existen grupos del mayor riesgo por su evidente vulnerabilidad como las niñas y las mujeres mayores, mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, migrantes y refugiadas, nativas de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.
No se puede hablar de desarrollo, justicia social y equidad de género sin que se erradique el lastre social de la violencia contra la mujer que conforma la cultura de violencia que impera en la sociedad actual.
Aunque existen campañas y esfuerzos por poner fin a este flagelo es poco lo que se avanza en este objetivo. No obstante, esfuerzos como el movimiento #MeToo, de Tarana Burke en 2006, logró una movilización mundial en favor de la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contras las mujeres. De igual modo, se suman iniciativas como las campañas #NiUnaMenos, #BalanceTonPorc, #TimesUp y contribuyen al cambio. Desde esas iniciativas se ha conseguido una mayor sensibilización sobre el tema y un impulso importante para poner fin a la violencia en las instancias gubernamentales con estrategias, políticas de prevención, leyes y servicios esenciales en favor de la mujer. El movimiento feminista internacional y sus diversas expresiones locales, ha contribuido de manera protagónica en la primera línea de lucha contra la violencia de género, sin embargo, la respuesta de grupos antagónicos a la cultura de género ha intensificado la acción reaccionaria de los grupos antifeministas, lo que ha provocado una reducción del espacio reivindicativo, una reacción contra las organizaciones de derechos de las mujeres y un aumento de los ataques contra las activistas.
En Ecuador existe oficialmente una Secretaría de los Derechos Humanos, no obstante, se debe reforzar la institucionalidad de esta institución para que responda ante la ley. Si bien existe una ley orgánica de no violencia contra la mujer, todavía no se garantiza plenamente el acceso de la mujer a dicha legalidad y a los servicios de defensa de género. El régimen habla de crear los Centros Violetas, y sostener un registro Único de Violencia de próxima implementación, mientras tanto la mujer ecuatoriana continua sin trabajo, sin protección de la ley y sin reparación en caso de victimización.
Desde el periodismo independiente y solidario frente a las causas de índole social, hacemos un llamado a los poderes del Estado a implementar políticas públicas, nueva legislación y sanciones judiciales efectivas para que permitan hacer realidad este imperativo ético y normativo de poner fin al execrable crimen de la violencia contra la mujer.
