Cuando en un acontecimiento la causa se convierte en efecto significa que se ha perdido el control de las circunstancias que lo motivaron. Esto es lo que sucede con la situación carcelaria y, en particular, con lo que el gobierno muestra como resultado exitoso de sus acciones frente a la asonada violenta de los días 1, 2 y 3 de noviembre ocurrida en los centros carcelarios de Guayas y Esmeraldas. Ejemplo de ello es el hecho de mostrar las armas encontradas en los decomisos al interior de cárceles y penitenciarias de esas provincias, acción que no hace más que evidenciar el fracaso del control de acceso de esas armas a los centros de reclusión.
Una de las causas del motín armado protagonizado por los reclusos integrantes de narco bandas, según el régimen, es el traslado de sus cabecillas de una cárcel a otra con el propósito de debilitar su liderazgo. Se trata de los jefes que lideran la banda de los Chone Killer y hacían resistencia armada al personal policial y militar en el pabellón 2 que fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca. Medida ante la cual, nuevamente la causa se convierte en efecto, puesto que si no se consolida el control territorial de las cárceles no sirve de mucho, más aún cuando funcionarios del SNAI reconocen haber logrado solo “el 85% del control de las instalaciones carcelarias”. En este caso, solo se ha trasladado el problema de un lugar a otro, sin haberlo solucionado.
En un informe denominado Plan para la Paz, elaborado por los ministerios de Defensa y del Interior, el Libro Blanco de las Fuerzas Armadas, informes de la Policía Nacional y de la Fiscalía General, así como estudios de organismos internacionales de seguridad, se menciona que en el país se registran 25 grupos delictivos organizados pertenecientes a diferentes organizaciones. Ecuador se encuentra en el puesto 31 de 193 naciones en el ranking de presencia de organizaciones criminales del Índice Global de Crimen Organizado (IGCO). Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una organización de crimen organizado es “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. La Policía ha reportado que las victimas identifican como sus perpetradores a supuestos integrantes de organizaciones criminales, autodenominadas como AK-47, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Chonekillers, Choneros, El Capi, Endaras (Mama Luchas), Fatales, Firmes con los Firmes, Gánsters, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los Picas, Los Rusos, Lutgardo, Mafia Duende, María Luisas, R7, Tiguerones y Vatos Locos.
Analistas entendidos en materia de seguridad carcelaria sostienen que existe una tarea pendiente mayor: identificar y separar a todos los cabecillas de estas bandas, cortarles la comunicación y el suministro de armas de menor y mayor calibre que ingresa a las cárceles. Después de los ataques armados con explosivos que tuvieron lugar los primeros días de noviembre, el gobierno decretó un nuevo estado de excepción de las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, incluido un toque de queda de 21:00 a 05:00, según el régimen esta medida contrarresta la violencia provocada por el traslado de los lideres delincuenciales. Estas decisiones oficiales tienen lugar en el marco de lo que el presidente Lasso llama “cruzada por el país” con la consigna de actuar “con mano firme” para doblegar el accionar delictivo del narcotráfico internacional. Dicha cruzada supone más de 3 mil operativos realizados por policías y militares en zonas donde perdieron la vida 6 policías en ataques armados.
Medidas insuficientes
En el marco de las acciones emprendidas por el gobierno ante la crisis carcelaria se evidencian medidas insuficientes con detalles que llaman la atención. Una de las medidas necesarias es la clara identificación de los cabecillas que promueven la violencia, sin embargo, en las fotografías de los implicados los rostros de los antisociales aparecen difuminados y sus identidades se mantienen en reserva pese a que se trata de personas que cumplen sentencia en firme en prisión. Al parecer los funcionarios del sistema de justicia ignoran que cuando una persona tiene sentencia en firme y cumple condena, no existe ningún impedimento legal para identificar plenamente al sentenciado y que de esa manera la ciudadanía conozca su identidad. Este hecho habla de una medida insuficiente, puesto que la sola exposición del sujeto implicado sin su debida identificación no contribuye a neutralizar sus futuras eventuales acciones violentas.
De igual manera el control de armas no es suficiente. Un reporte policial señala que el 73,1 % de muertes violentas en el país se efectuó con armas de fuego, en el 2021, lo cual, “no es una coincidencia, pues las organizaciones criminales nacionales se han visto inmersas en actividades terroristas, pues están dotadas de armamento, municiones y explosivos suficientes para enfrentarse entre sí y con el personal de la fuerza pública”.
Se trata de un escenario que sobrepasa las capacidades del Estado para cuidar su territorio y su infraestructura, admite el régimen. Un estudio internacional sobre capacidad de resiliencia de los Estados para enfrentar el crimen organizado se menciona el parámetro llamado “integridad territorial”, Ecuador tiene una puntuación de 4,5/10. Eso significa que sus acciones, principalmente a través de la Policía Nacional, que es el organismo que vela por la seguridad interna, son insuficientes.
No obstante, según expertos, si bien las medidas adoptadas en el pabellón 2 de la Penitenciaria del Litoral muestran contundencia en función de retomar el control de la cárcel, el solo hecho de mostrar fotografías de los presos neutralizados en el suelo solo son parte de una acción mediática que busca evidenciar como exitoso un problema más grande que permanece sin solución: la crisis carcelaria y la violencia en el país. Una vez más la causa aparece como efecto, cuando se muestra el éxito de un operativo que decomisa armas que no debieron ingresar a las celdas, situación que evidencia el descontrol en las cárceles que permite el acceso de los presos a situaciones prohibidas, como mantener armamento en su poder.
Si no se controla la causa, no se puede controlar los efectos de una crisis. Con toda seguridad el traslado de los cabecillas de una cárcel a otra, motivará que las bandas promuevan y surjan nuevos líderes mafiosos en capacidad de movilizar a sus huestes en el cometimiento de nuevas acciones de violencia armada. El sentido gregario que anima a los miembros de una banda delincuencial, hará que busquen la cohesión en torno a nuevos líderes. Es lo que comúnmente se conoce como a rey muerto rey puesto. Si el Estado no controla físicamente el territorio donde actúan las bandas, nuevos jerarcas del crimen surgirán en capacidad de dirigir la violencia de la delincuencia organizada. En eso consiste su organización: en el control de los controles de acceso de armas, en la capacidad de ocultarlas y usarlas bajo el acatamiento disciplinario absoluto a sus jefes. En esa dinámica poco les importa la vida propia y ajena, puesto que tienen poco o nada que perder. En esa instancia, señalan los expertos, deben actuar los aparatos de inteligencia para identificar a tiempo a los nuevos cabecillas antes de que se hagan fuertes en su cometido.
Violencia delictiva un efecto social
Analistas del tema consideran que la crisis carcelaria supone el manejo de tres aspectos claves. Es imperativo quitar a la delincuencia la capacidad de “manejar el monopolio de la violencia”, evitando nuevas masacres carcelarias. Luego se debe impedir el acceso de armamento a los centros penitenciarios, no conseguirlo confirma el grado de descontrol del sistema de seguridad. Y la cárcel no puede seguir siendo una central de operaciones delictivas del crimen organizado.
La rehabilitación carcelaria en Ecuador, se sabe, es un mito, pero al menos hay que impedir que la cárcel siga siendo la universidad del crimen. Estas causas y efectos de la crisis carcelaria en el país están aún muy lejos de ser superadas, precisamente porque unas se convierten en las otras.
La delincuencia no se combate solo con armas, porque la violencia es un efecto. La causa radica en la falta de oportunidades de trabajo para jóvenes que son reclutados en el narcotráfico y en el sicariato, y que se hacen delincuentes por no encontrar actividades laborales lícitas que realizar en un país donde 8 de cada 10 ecuatorianos no encuentra actividades productivas que les proporcionen una vida digna. El narcotráfico es el eje articulador de otros delitos conexos del sicariato en los que incurren las organizaciones transnacionales con el fin de diversificar, aumentar y ocultar sus ingresos económicos. Esto causa una afectación a la estabilidad democrática del país, la contaminación de su economía, la depredación de sus naturales y la alteración de la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Las oportunidades laborales y la educación se convertirían en causas de la disminución de la narcodelincuencia, puesto que actúan como un efecto del éxito de medidas educativas adoptadas desde la niñez que orienten a las nuevas generaciones en objetivos de una vida, por decirlo, normal y acorde con los propósitos de una convivencia armónica de la sociedad. La inequidad y la injusticia social son las principales causas de la delincuencia común y organizada, puesto que ésta se muestra más dinámica y lucrativa a la hora de proporcionar medios de sobrevivencia a una generación económicamente marginada. La conclusión es obvia: solo políticas públicas orientadas con carácter social sentarán las bases para poner fin a las causas y efectos de la violencia social, dentro y fuera del sistema carcelario.
