Un Twitter de la periodista chilena Yasna Lewin soltó las alarmas acerca de vetos y cuestionamientos a militantes del Partido Comunista (PC) registrados en los últimos meses en ese país, y alerta sobre el anticomunismo en el Chile de Gabriel Boric: “Vía chilena al macartismo. Los comunistas no pueden presidir la cámara, no pueden ser subsecretario de interior, ¿no deben ejercer sus funciones como subsecretario de FFAA…cuánto falta para la proscripción?”. Cabe recordar que el macartismo surge de las posiciones anticomunistas y operaciones represivas y legales contra miembros del Partido Comunista, promovidas por el senador estadounidense Joseph McCarthy, que generó miedo, persecución y hostilidad a quienes fuesen comunistas, promoviendo la proscripción del PC.
Primero fueron los cuestionamientos a diversos militantes de la tienda política comunista chilena, que incluye descalificaciones a una profesora, Bárbara Figueroa, por su nombramiento como embajadora en Argentina; luego pretendieron instalarse reticencias por dos ministras comunistas, Camila Vallejo y Jeannette Jara; luego vino el bochorno del fallido nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario de Interior; un par de semanas después, una andanada de acusaciones desde el mundo político y militar contra Galo Eidelstein, subsecretario de las Fuerzas Armadas, por una acción administrativa propia de su cargo. Enseguida, descalificaciones a Guillermo Teillier y Marcos Barraza por el papel de los comunistas en la Convención Constitucional. Y la guinda del pastel, la operación política destinada a evitar que la militante comunista, Karol Cariola, fuera elegida presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, pese a existir un acuerdo explícito respecto a eso. Cabe señalar que todos estos funcionarios fueron elegidos por voto ciudadano o asignados a cargos de Estado de acuerdo a las normas institucionales.
Según informaciones provenientes de Chile, militantes comunistas en distintos espacios oficiales y públicos, de organizaciones gremiales, a niveles regionales y comunales, han sido blanco de ataques, exclusiones y estigmatizaciones. Recientemente, el periódico El Siglo fue excluido de una instancia de medios de prensa por “estar vinculado al Partido Comunista”. Situación que se da en una “atmósfera de anticomunismo perverso y extremadamente peligroso para la democracia”, conforme denuncian sectores de Derechos Humanos.
Ideario anticomunista
El ideario anticomunista chileno es variopinto. El abogado de extrema derecha Cristian Valenzuela sostuvo ante la prensa que la diputada Karol Cariola es una “marxista-leninista, negacionista de la violencia, porrista de dictadores, y lideresa de una fracasada propuesta constitucional”. Aseveró que la congresista “es un peligro para la democracia”. Justificó “el encono en su contra” por su promoción de “la expropiación de fondos de pensiones” de chilenas y chilenos. Otro abogado, Álvaro Ortúzar, vocero de grupos ultraconservadores, escribió en la prensa: “la obtención del poder político y el control sobre la libertad de las personas son credos que han permanecido inalterables en el tiempo (…) los comunistas buscan mantener viva la llama de la pobreza, de la desigualdad, de la lucha contra el capitalismo y fomentando o justificando la violencia”. El abogado aseguró que el PC, en la propuesta de nueva Constitución, promovió “normas refundacionales…que transformaban a Chile en un puñado de naciones, en que el Estado adquiría el control político total, y regía el destino de las personas socavando su libertad”. Una diputada del movimiento derechista chileno, Renovación Nacional, declaró que “el Partido Comunista siempre ha tenido como objetivo poder intervenir en nuestras Fuerzas Armadas y hoy día, a través de su subsecretario, se pretende hacer carne este sueño que tienen hace muchos años en Chile”. En tanto, el general del aire de la Fuerza Aérea Chilena, Osvaldo Sarabia, emitió una declaración pública donde apunta que la gestión de comunistas vinculados a las FFAA genera “preocupación que se basa en la percepción que detrás de lo solicitado, exista una probable intención política de intervenir en la formación del personal militar, afectando con ello las características apolíticas de las Fuerzas Armadas”. Este criterio se reproduce como una clara demostración de la doctrina militar chilena que coloca en un nivel inferior al estamento civil, cuando los ex altos oficiales señalan que, de concretarse las medidas supuestamente emanadas de la Subsecretaría dirigida por un comunista, “se vería afectada la formación profesional y valórica de los integrantes de las tres instituciones armadas”. En el ámbito político coincide con declaraciones del excandidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast, quien afirmó que ese nombramiento comunista constituía “un peligro para la seguridad de la nación”. Una ex dirigente de la ultraconservadora UDI, sintetizó el pensamiento de su sector político: “Gobierno de Boric da la espalda a los ciudadanos. Principal preocupación es la violencia y designa un militante del Partido Comunista, que avala y justifica la violencia, a cargo de la seguridad de los chilenos”.
Para comprender mejor el contexto de lo que desde el PC se señala como “una clara campaña anticomunista” en estos meses, está el editorial del conservador diario El Mercurio del 30 de octubre, dedicado al Partido Comunista en la coyuntura, pero con alcances más estratégicos. En ese editorial se dio por hecho que las actuaciones de los comunistas “justifican con creces las aprensiones de distintos sectores políticos y de la sociedad sobre ellos”. Periodistas de El Mercurio, a cargo de la sección editorial, plantearon: “Todavía el comunismo chileno reivindica no solo el marxismo, sino que también el leninismo, que en lo central supone una dictadura del proletariado, la existencia de un partido único, el empleo de la violencia y el terror”. Y se recomendó: “Una profunda renovación de ese partido sigue siendo una tarea pendiente para la democracia chilena”. En Chile se intensifica la difusión de la idea de que “los comunistas tienen mucha influencia en el presidente Gabriel Boric y en el Gobierno”, que ejercen presiones, que imponen condiciones y que hacen exigencias sobre el cumplimiento del programa.
Desde la organización comunista se ha señalado que “lo peligroso es esta asonada comunicacional anticomunista que se nos puede hacer peligrosa para la convivencia política (…) una vez más nos toca vivir las consecuencias de la persecución y asedio por defender nuestras ideas y convicciones (…) no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país”.
El historiador chileno Rolando Álvarez, ha señalado que “el anticomunismo tiene una larga data en la historia de Chile, tiene distintas características, se expresa claramente en el mundo conservador, también en sectores incluso de izquierda. La reticencia anticomunista tiene variadas expresiones, variadas fórmulas (…) Los episodios que hemos visto estos días, tienen que ver con el anticomunismo y las concepciones que tiene la derecha respecto a la política. Son los límites de la democracia chilena». Chile viene luchando desde hace décadas por consolidar la democracia, la tolerancia política, la equidad económica y la justicia social, manifestaciones de un anticomunismo macartista contradicen la vocación de democrática del pueblo chileno y atentan a la convivencia pacífica de la sociedad. Lo que ocurre en Chile es representativo y vigente para cualquier país latinoamericano que decida enrumbarse por un modelo político progresista.
Anticomunismo latinoamericano
En América Latina la notoria escalada anticomunista se exterioriza en el discurso de los sectores de derecha, ultraderecha, socialdemócratas y liberales. Uno de los argumentos esgrimidos es que los países latinoamericanos “no quieren los extremos”, ubicando al Partido Comunista, como si fuese de extrema izquierda, en una distorsión respecto del rol que juega en el escenario político.
Bien hace el historiador, Juan Paz y Miño, en recordar: «Un fantasma recorre América. Bajo este nuevo contexto histórico renacen los ataques de “comunista” contra todas las figuras políticas o fuerzas y partidos que desean superar definitivamente el camino conservador y los modelos neoliberales en América Latina. El presidente del Perú, José Pedro Castillo, quien asumió sus funciones el 28 de julio de 2021, es el último gobernante latinoamericano acusado de “comunista” y, desde el primer día, la gran prensa del país, en manos de un puñado de grupos económicos, se ha lanzado contra él. Un titular del diario “La Razón”, con letras agigantadas dice: “Empieza festín comunista”. Desde luego, no ha sido el único. En América Latina contemporánea se ha tildado de “comunistas” a Evo Morales, Néstor Kirchner o Lula da Silva; imposible que falten en la lista Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel. En Ecuador, durante la época democrática iniciada en 1979, las derechas han acusado de “comunistas” a los presidentes Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja y Rafael Correa».
Este debate no solo tiene lugar en el campo de la política, la gestión comunista en las instituciones del Estado, la participación ciudadana progresista, sino en el campo de la comunicación en la neutralización de noticias falsas sobre las posiciones comunistas, acusaciones de que el PC busca el control sobre la libertad de las personas y que actúa fomentando la violencia o que su objetivo es la intervención en las fuerzas armadas o que la presencia comunista en las instituciones del Estado es un peligro para la seguridad de la nación. En ese escenario la lucha por el libre acceso a las ideas, por la libertad de expresión también es cultural, se libra en el campo de las ideas, en el debate por los principios que deben regir la sociedad, las manifestaciones artísticas y las expresiones estéticas. La ignorancia o incomprensión acerca de los principios marxistas, el prejuicio ideológico, la propaganda reaccionaria de la derecha política, los sermones religiosos y la reproducción de paradigmas educativos reaccionarios son causa y efecto del anticomunismo que pretenden hoy imponerse en la sociedad latinoamericana.
El macartismo que difunde el anticomunismo está vigente como estrategia imperialista de imponer sobre las manifestaciones culturales de los pueblos la cultura neoliberal que proclama preponderancia del capital sobre el ser humano. Cultura propiciada por los círculos capitalistas financieros, bancarios y empresariales que hoy gobiernan en Ecuador, Paraguay y Uruguay, tres bastiones que restan del neoliberalismo regional luego de que el triunfo progresista en Brasil movió la correlación de fuerzas políticas sudamericanas. Como expresión del anticomunismo en ese país, luego del triunfo de Lula en las urnas, sindicatos del transporte pesado vinculados al gobierno de Bolsonaro, pretendieron desconocer los resultados electorales e incitar a una sonada fascista en las calles impulsando un paro nacional con bloqueo de carreteras.
En Ecuador, el fracaso del gobierno neoliberal parece no ser suficiente para enmendar rumbos a una política que va más allá de las ideas anticomunistas para convertirse en una praxis de inseguridad, pobreza, desempleo, violencia delincuencial y oscurantismo cultural. En más de una ocasión se ha escuchado decir a voceros oficiales que los males presentes del Ecuador son producto de un pasado correísta y, es más, que aun prevalecen enquistados en el Estado elementos correístas -que lejos de ser comunistas- hacen olitas y boicotean los propósitos del Estado liberal manejado por empresarios. ¡Nada más incoherente! La falta de realismo del gobierno actual le impide ver que la incapacidad e indolencia de sus propios funcionarios le ha conducido al fracaso, con el consecuente desastre nacional.
La ruta está trazada y la lucha por imponer dos modelos en Latinoamérica es clara: prevalece el macartismo anticomunista sobre el control del Estado y sus instituciones o la participación ciudadana hace posible la existencia de políticas sociales mediante la exigencia y presión popular. Los pueblos tienen la palabra.
