El estado de convulsión social que vive el país ha puesto a la clase política y al periodismo en la disyuntiva de exigir la renuncia al presidente Lasso o dar paso a la llamada muerte cruzada. Así lo están considerando asambleístas que hasta ayer no aprobaban esta salida constitucional y periodistas que frecuentemente han dado soporte comunicacional al régimen. Incluso sectores políticos que apoyaron electoralmente a Lasso, hoy se pronuncian de manera crítica ante la gestión fallida del régimen frente a los graves problemas sin solución nacional como la inseguridad, violencia delictiva, falta de empleo, ausencia de obras e incumplimiento de promesas de campaña y otros. La situación de indefensión ciudadana ha llegado a tal extremo que familiares de los reclusos gritan a voz en cuello en las afueras de las cárceles que regrese Correa a poner orden en el sistema penitenciario controlado por la narcodelincuencia.
El detonante para el actual estado de cosas es la ola de atentados terroristas que tienen lugar en Guayaquil y Esmeraldas con ataques a instalaciones policiales con saldo de cinco policías asesinados, carros bombas estallando junto a gasolineras, a lo que se suma un motín de reos de extrema gravedad en la penitenciaria de Guayaquil que se enfrentaron en una balacera con armas de alto calibre con efectivos policiales y militares que intentaban controlar la situación. La violencia carcelaria arroja más de 500 muertos entre reclusos y personal de resguardo, sin que el gobierno haya esclarecido quiénes son las víctimas entre detenidos por delitos menores o reos que fueron asesinados a pocos días de obtener su libertad o con orden de excarcelación y no formaban parte de las bandas en disputa.
Los propios efectivos policiales cantan las claras al gobierno señalando que la delincuencia desafía al régimen y el régimen se pone de rodillas, “la delincuencia ataca y mata a niños inocentes mientras hay permisidad por parte del gobierno” y que la delincuencia amenaza con matar inocentes si no obedecen sus exigencias de liberar a sus compinches. El General Víctor Zarate, responsable de la Zona 8 de Guayaquil, informaba qué sucedió en la penitenciaria cuando fueron recibidos a tiros por los reos con saldo de varios policías y militares heridos, mientras que en Durán eran detonados e incendiados varios carros bombas junto a estaciones de gasolina. Estos hechos responden a las amenazas realizadas por la banda de Los Choneros que han desafiado al gobierno declarando que iniciaran una serie de atentados y ataques a sitios selectivos viviendas de familiares de policías y funcionarios del régimen y a personas inocentes en escuelas, centros comerciales y terminales terrestres si no regresan a su reclutados a los sitios de reclusión originales o los dejen en libertad, y que no le temen al estado de excepción decretado por el gobierno en ciudades de la costa.
El gobierno a través de sus voceros, y del propio presidente Lasso, ha mostrado una respuesta insuficiente frente a la situación. Lasso cambia su discurso sobre régimen de excepción y hoy lo asume como una medida desesperada. El gobernante argumenta que “el traslado de reos de una cárcel a otra es la causa de la violencia carcelaria” como respuesta de los reos. En tanto, el gobierno considera que el poder lo tiene quien tiene las mejores armas. En su tardía respuesta, el gobierno dejó a los capos que tomen decisiones de matar en las calles y amotinar las cárceles. No existe desde el Estado políticas de seguridad, no se asignan recursos para enfrentar el problema de la inseguridad y el gobierno no tiene el control de las cárceles. El presidente insiste en que la culpa es de la prensa y de gobiernos anteriores. El gobierno no tiene las herramientas necesarias para combatir esta amenaza y tampoco cuenta con funcionarios idóneos para hacerlo. Con Guillermo Lasso, Diego Ordoñez, Francisco Jiménez, Fausto Cobo y otros burócratas inoperantes no hay solución, esa es la percepción que tienen amplios sectores del país.
Reacción política y mediática
Sectores políticos y mediáticos han reaccionado ante la situación insostenible de estado de convulsión que vive el país y se han manifestado críticos frente al régimen. Diversos asambleístas tradicionalmente opositores al gobierno y otros que en su momento lo auparon -socialcristianos (PSC) y representantes de Pachakutik (PK)- expresan hoy su disconformidad con la actuación del régimen y están considerando reunir los 92 votos necesarios para dar paso a la muerte cruzada o exigir la renuncia al presidente Lasso. Hoy el PSC dice que Lasso no sabe lidiar con la inseguridad porque el estado de excepción es una herramienta no una varita mágica y que la violencia no se resuelve con violencia, sino con acciones políticas. Salvador Quishpe, increpa al régimen señalando que “es incapaz para resolver la violencia y que la muerte cruzada es una solución”. Desde la Conaie su presidente, Leonidas Iza, dijo al presidente Lasso que “si no puede que se vaya”.
En las últimas horas el país es testigo del cruce de criterios entre el medio digital La Posta y su representante Anderson Boscán, funcionarios del régimen y comunicadores que lo defienden. La Posta tomó la posta de oponerse al régimen y hoy Boscán está en contra del gobierno. En sus comentarios ha revelado que “una reunión reservada se filtró y que sabían que se iba a dar una matanza en la cárcel con una orden del narco de enfrentar al gobierno”. En Twitter escribió: “Mandaron a morir a policías que son padres y madres, esposos e hijos, los mandaron a morir porque un presidente sin alma puso un ministro sin cerebro a dirigir la seguridad de una policía sin respaldo en un gobierno sin norte”. Y el periodista Carlos Rojas salió en defensa del presidente Lasso y dijo que “esas declaraciones no le hacen bien al país ni al periodismo”. Incluso Rojas había manifestado ante el triunfo de Lasso: “Hoy Ecuador es un mejor país”. Sin duda que ese nivel de obsecuencia con un gobierno incapaz hace peor daño al país. Así lo entiende Boscán, al manifestar: “Cuando el país entienda el nivel de corrupción del gobierno, se espantará. Lasso es un gerente de Creo y contrata muchachos que los mantiene y se convierten en altos funcionarios que saben que es un gobierno inestable, es un gobierno de una sola oportunidad y entonces lo aprovechan siendo corruptos. El círculo íntimo de Lasso se contaminó de corruptela”.
Comunicadores en redes sociales han señalado que “la gente quiere que regrese la paz, el respeto por la vida para todos y se preguntan, ¿en qué sociedad estamos viviendo? No se puede dar paz con garrote. No se resuelve la delincuencia con bala, la guerra no da paz”. Desde el lado oficial, el ministro del Interior responde al medio digital Primicias, que “no hay fecha para comprar equipos y que recién le presentará al presidente Lasso el proyecto de compra equipamiento”.
En otros medios digitales los comunicadores comentan que “el estado de excepción sin estrategia y un plan no sirve para nada. En seis años entre el gobierno de Moreno y Lasso el país se derrumba. Fuimos engañados cuando nos dijeron: a costa de lo económico hay que descorreizar el país y eso significó más pobreza y más violencia. Dijeron que iban hacer miles de obras y éstas no se ven, subir el salario básico a 500 dólares y no se cumple. Nos dijeron que todo estaba bien, que el país estaba estabilizado, dicen mentiras tras mentiras viven en un mundo de burbujas”.
El periodismo alternativo en redes se expresa, señalando: “En año y cinco meses hay ratería de un ministro con un carnet de discapacidad para pagar menos dinero en la tarifa de luz en un país donde miles de personas pagaron más por error de la empresa eléctrica. Vera renunció como ministro acusado de raterías, de robar 200 dólares de la planilla de luz y Lasso le aceptó la renuncia”.
Desde la óptica del periodismo alternativo nos preguntamos: ¿Qué espera la Asamblea Nacional para dar paso a la muerte cruzada? Si Lasso ya no sirve, ¿por qué no asume su responsabilidad, qué pactos se lo impide? Los votos de UNE están, ¿dónde están los del PSC y la ID? Si Lasso no puede con el gobierno la sociedad civil tiene que reaccionar. Estamos en la indefensión mientras el mandatario se va a Orlando, Florida. El presidente no toma en serio al país y prefiere salir huyendo. Vivimos un desastre en el país desde Lenin Moreno y luego con Guillermo Lasso que se va de vacaciones. Se conoce que lo obligaron a quedarse en Quito, luego de que enviara una carta a Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, anunciando el viaje.
El gobierno fue elegido para tomar decisiones no para quejarse de gobiernos anteriores. El ministro de Gobierno Juan Zapata dice que “hay linchamiento de parte de los medios” al presentar lo que está pasando: dos colgados, decapitados, en un puente de Esmeraldas, se incendian vehículos en gasolineras y se asesinan a cinco policías. ¿Dónde está el sistema de seguridad e inteligencia del gobierno para anticiparse a los actos terroristas? Las UPC policiales están cerradas en varios barrios. Cinco directores de SNAI no dan pie con bola y el gobierno en 17 meses no da respuesta a la crisis y violencia carcelaria. El presidente Lasso dice recién que “los atentados últimos son una declaratoria de guerra contra el Estado”, pero olvida que hace rato los narcos le declararon la guerra y no se había enterado. El régimen tiene policías para reprimir la protesta social o para asesinar mujeres, pero no tiene recursos para combatir la delincuencia.
¿Nos gobierna un Gobierno de cobardes e irresponsables? Aquí gobierna la delincuencia poniendo en jaque a los ecuatorianos que vivimos en uno de los países más inseguros del mundo. La salida constitucional y legal es la muerte cruzada.
Desde el periodismo independiente nos hacemos eco del clamor de millones de ecuatorianos: el gobierno que representa al Estado tome decisiones efectivas o se vaya a su casa.
