Parece obvio decirlo: quien no hace, poco dice. Sin gestión no hay comunicación, quien hace poco o nada, tiene poco que decir: ese parce ser el designio del régimen de Lasso. No por casualidad sus detractores manifiestan que la comunicación es «el lado más flaco del régimen». Pero auscultando un poco más al fondo, el problema no es solo comunicacional. El régimen adolece de una serie de otros limitantes que surgen del carácter mismo del gobierno conformado por personajes que provienen de las elites económicas y financieras del país que, poco o nada, pudieron proporcionarle en experticia política. Líderes, adláteres, asesores y consejeros de esa pléyade burocrática que conforma el gobierno, carece de toda experiencia que no sea administrar bancos, empresas privadas o industrias distantes, sino ajenas, a la administración del Estado. Un complejo institucional que requiere otra visión de país focalizada en las necesidades colectivas, más allá de los intereses económicos grupales, para preocuparse de la solución de problemas sociales, entre otros, la pobreza, la exclusión, la incultura, la marginalidad de vastos sectores de género, étnicos y etarios. Visto así, el país no podía esperar otra concepción y acción políticas que no fuera las recetas neoliberales acuñadas en las esferas de sectores hegemónicos internacionales, cuya principal función en la región es controlar la dinámica económica y política de nuestros países. He ahí las condiciones para generar la contradicción principal entre los intereses de las mayorías populares y aquellas élites que conforman el bloque dominante del país.
Entonces no es que no exista política, lo que no existe es gestión y sin gestión no hay comunicación. No obstante, en año y medio en el poder, el presidente Lasso ha pronunciado 257 discursos oficiales en eventos, ceremonias y cadenas nacionales y en cada uno de ellos lo ha hecho leyendo un Teleprompter con textos redactados por un equipo de siete personas reclutado por la Subsecretaría de Discursos Presidenciales. El subsecretario es Carlos Yánez López, con una remuneración de $ 3.854, y los otros seis especialistas -Santiago Gutiérrez Andrade, María Lorena Brito, Johanna Paula Buestán, María Elena Rodríguez, Édison Tipán Escobar y Milton Vinueza Peña-, ganan $ 1.676 dólares mensuales. Los discursos redactados por este equipo “siguen lineamientos del propio presidente, y contienen la visión y el trabajo de las distintas autoridades, así como la visión y posición política del Gobierno del Encuentro”. Este equipo es responsable de verificar que los discursos sean claros, precisos y transparentes sobre la gestión gubernamental y que cada alocución presidencial contenga un anuncio y lleve implícito un ejercicio de rendición de cuentas. El equipo fue integrado hasta hace poco por el periodista de la televisión pública, Rafael Cuesta, como consejero ad honorem a cargo de la asesoría de imagen del presidente.
Desatinos comunicacionales
El más reciente discurso, Lasso lo pronunció en la sesión solemne por los 202 años de la independencia de Guayaquil en la plaza Rocafuerte de esa ciudad y habló de “obras que ha hecho su gobierno en Guayaquil, y pidió apoyo para su propuesta de consulta popular”. Ese evento no estuvo exento de errores comunicacionales. Su equipo instaló el Teleprompter al revés, y cuando Lasso pidió a su edecán que arreglen el problema un micrófono abierto dejó en evidencia el desaguisado. Sin embargo, el error oficial más grave lo cometió el mandatario al dar por muerta a la policía Verónica Sorgón, quien quedó gravemente herida la madrugada del 9 de octubre en un ataque a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Socio Vivienda en la que ella prestaba sus servicios. De ese modo quedó en evidencia la desinformación al interior del propio gobierno.
Estos desatinos le costaron el puesto al segundo Secretario de Comunicación del gobierno, Pipo Laso, que fue reemplazado por Andrés Seminario, estratega de Relaciones Públicas de la empresa de Marketing y Publicidad Maruri. A su salida Laso expresó: “Si no somos capaces de respetar al que piensa distinto, de construir acuerdos, la democracia no tiene razón de ser”. Durante su permanencia en el cargo, el gobierno incurrió en diversas contradicciones comunicacionales con promesas y plazo incumplidos. Un reciente episodio se refiere al “Castillo de Grayskull”, edificio de dormitorios en la Escuela de Policía en Quito, dónde ocurrió el femicidio de María Belén Bernal y que Lasso ofreció demoler y reemplazarlo por una edificación que tenga “un enfoque de género”. En el mismo caso, el presidente anunció la baja de dos generales y dio el plazo de una semana al comandante Fausto Salinas para la captura del principal sospechoso del crimen, Germán Cáceres, pero este sigue prófugo. Además, el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, abogó por los generales y explicó las complicaciones que enfrenta la cúpula de la Policía. Finalmente, Lasso retrocedió y manifestó que no se pueden gestar cambios “a las locas” y se deben respetar los procedimientos. En otro fiasco comunicacional, la Corporación Eléctrica del Ecuador anunció que no recibirá la central de Coca Codo Sinclair, mientras no se reparen las fallas que tiene la obra. En sesión de la Comisión de Fiscalización, surgió la posibilidad de que el presidente Lasso reciba oficialmente la central hidroeléctrica, aun en su mal estado. A inicios de octubre, Lasso anunció la creación de un registro único de violencia contra las mujeres, en el marco de políticas de género luego del asesinato de María Belén Bernal, no obstante, este ofrecimiento lleva más de un año. Otro anuncio, esta vez relacionado con la externalización de farmacias, ha sido postergado desde que se anunció en marzo de este año, y la primera etapa arrancó recién en Guayaquil, el resto de hospitales públicos del país continúa en espera y los pacientes mueren por falta de medicamentos.
Sin gestión no hay comunicación
¿Para qué interesa al gobierno una ley de comunicación, si la falta de gestión se traduce en escasa información? Los detractores del régimen señalan que el gobierno quiere dejar expedito el camino a los medios obsecuentes para que “le den diciendo”, sin responsabilidad previa ni ulterior. Alguien tiene que sacar las castañas con la mano del gato. La comisión que trata el tema en la Asamblea Nacional recomendó al Pleno allanarse a las objeciones formuladas por el presidente Lasso al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. El oficialismo anunció que realizará conversaciones con las bancadas de Pachakutik, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática (ID), para reunir los 70 votos que se requieren para allanarse en el Pleno. Los comisionados se allanaron a los textos alternativos planteados por el Ejecutivo a los artículos relacionados con normas de regulación voluntaria de los medios de comunicación social y garantías al ejercicio del periodismo, libertad de expresión e internet, protección a la identidad e imagen, participación ciudadana y protección a los trabajadores de la comunicación. De igual manera se allanaron a los artículos sobre objetivos del sistema de comunicación social, integración del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, funciones del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, contenido discriminatorio, contenido violento, contenidos que motivan la violencia de género y concurso público para la adjudicación de frecuencias.
Sin embargo, el problema no está en la legislación. Cuando diversos analistas políticos manifiestan disconformidad con el gobierno porque “no atina a construir puentes de comunicación con la gente”, se refieren a que no existe una estrategia de comunicación eficaz. No obstante, concluyen en que el gobierno “no cumple lo prometido en campaña y que no sabe gobernar”. Ambas afirmaciones no son necesariamente acertadas, puesto que, los miembros del equipo de gobierno con toda seguridad sabían que el presidente no cumpliría sus promesas y poco le interesaba gobernar para las amplias mayorías populares que, impotentes observan cómo un banquero y sus adláteres permanecen ausente frente a las necesidades colectivas para sobrevivir bajo un Estado sin política sociales.
Lasso no tiene ya más nada que perder que el puesto de presidente. El problema subsiste para sus comunicadores que se enfrentan a la necesidad de cómo comunicar esa falencia presidencial. He ahí el vacío y los voceros no tienen mucho que decir para camuflar la falta de política del régimen y su presidente. Y sin gestión no hay comunicación. Lo paradójico es que aquello no es una mera falencia, es deliberado intento de minimizar al Estado y sus funciones públicas, porque los funcionarios actuales provienen de la gestión privada, concebida no como servicio, sino como negocio, que es lo único que sabrían hacer como miembros de una élite pudiente. Por eso el desencuentro con el país, la inutilidad de los diálogos, la propaganda sistemática reemplazando a la comunicación, la demagogia por sobre la realidad política, la soberbia impositiva por sobre la democracia. Para eso están los medios obsecuentes, para echarle una mano al gobierno cuando asesores, consejeros y secretarios, incluido el propio mandatario, no saben qué mismo hacer con la demanda social.
¡Que falta que hace al régimen gobernar para contarlo!
