Una vieja creencia dice: No vive el que no vive seguro. Ese adagio popular se ha convertido en la forma de vida de los ecuatorianos, en un país que atraviesa por momentos críticos en materia de inseguridad. Una encuesta ubicó a Ecuador como el tercer país con mayor tasa de robo y asalto durante los primeros cuatro meses de 2022. Actos violentos contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar, en 2022 suman 84.958 reportes a escala nacional, entre ellos 216 femicidios y 57 uniformados han perdido la vida durante su labor. Ecuador tenía cerca de 1.400 muertes violentas en promedio. En 2021, saliendo de la pandemia, se disparó el índice y duplicó el número de asesinatos. Para el primer cuatrimestre de este año, el país alcanzó el mismo número que en todo 2020: cerca de 1.180. La violencia intracarcelaria registra, en lo que va del gobierno de Lasso, 325 internos asesinados en amotinamientos y otros incidentes.
En tanto, el mandatario posiciona su «consulta ciudadana» como una solución a la inseguridad y analistas creen que debe haber un plan B. Las primeras tres preguntas de la propuesta de referéndum son para Lasso la política pública necesaria para contrarrestar la inseguridad ciudadana y ahora busca posicionarlas para obtener el respaldo de las fuerzas políticas contrarias a su gestión y de la sociedad civil: “Con la consulta redoblaremos el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado; con la consulta los criminales transnacionales serán extraditados. Ahora estarán muy conscientes de que pagarán el durísimo precio de sus crímenes en otros países, donde la justicia sí funciona”, dijo el mandatario. Además de reconocer que en Ecuador la justicia no funciona, Lasso cree en las soluciones policiales y militares represivas al problema de la violencia común y organizada. En otras palabras, la referencia presidencial es a las preguntas de enmienda a la Constitución que plantean que las Fuerzas Armadas puedan participar junto a la Policía Nacional en la seguridad interna; la extradición de criminales a otros países y, que la Fiscalía General sea un órgano independiente del Consejo de la Judicatura, pero que cuente con un Consejo Fiscal que evalúe a su personal. No obstante, según expertos, el trabajo de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional “es algo que se ha venido haciendo con los estados de excepción, pero no hay ningún tipo de cambio”.
El presidente Lasso ha manifestado que la inseguridad es un “problema estructural” que no se arregla con “soluciones coyunturales” y que está encarándolo con fortalecimiento a la fuerza pública y al sistema de inteligencia y, responsabiliza de la violencia desatada en el país a la incautación de droga que ha dejado en los grupos delincuenciales un “hueco” por los $ 6 mil millones, según sus estadísticas. Especialistas en materia de seguridad ciudadana disienten de las expresiones del mandatario.
Fernando Carrión considera que Lasso “está asumiendo políticamente un tema que debe ser enfrentado técnicamente, por lo que el presidente nos está planteando es que: si no aprobamos la consulta, la violencia se va a incrementar y eso no es así”. En consecuencia, si las preguntas no se aprueban en la Corte Constitucional o por el voto popular “en términos políticos va a ser un golpe, un batacazo para el presidente, pero en seguridad ciudadana la situación va a seguir siendo igual”, señala el experto. El régimen está asumiendo una política explícita de seguridad, denominada de mano dura al consultar sobre la extradición, de darse tiene que haber un pedido de un país específico, lo que está haciendo es que los Estados Unidos pidan la extradición de algunas personas, pero será que enviando cinco, seis o diez personas al año ¿se va a reducir o eliminar la violencia en el país? Creo que no. Debe haber un sistema nacional de seguridad, en donde estén los municipios, los concejos provinciales, cámaras de producción, las universidades, los colegios y escuelas, la guardianía privada, que en conjunto debe generar tres políticas: de seguridad ciudadana, antinarcóticos y en contra de la violencia a las mujeres”, concluyó Carrión. Daniel Pontón, catedrático universitario, señala que “el referéndum está enfocado en un tema político más que en buscar soluciones a la temática de la inseguridad (…) Lo que busca es tener una aceptación ciudadana y aunque puede ser positivo, hay la posibilidad de que el gobierno lo pierda y no creo que haya un plan B (…) el régimen parte de un diagnóstico errado y distorsionado de lo que pasa en Ecuador sobre seguridad (…) Las preguntas están puestas de tal forma que juega a no perder, pero no soluciona problemas complejos, problemas que se deben destrabar y cambiar la situación de la seguridad. Nadie va a decir que no, entonces pone preguntas obvias diciendo yo gano y con eso tengo capacidad de maniobra, pero no le veo un atractivo”, opinó. Para Alberto Molina el problema de la inseguridad ciudadana no es reciente y se ha ido incrementando siendo una responsabilidad del actual y de anteriores gobiernos: “Ninguno ha tomado las medidas para evitar que lleguemos a estos niveles. El país necesita un buen sistema de justicia, un sistema penitenciario óptimo, luchar contra la corrupción, pero eso no ha pasado”.
El trasfondo político
Detrás de las medidas coyunturales para un problema que se lo considera estructural, subyace una realidad política. El Estado bajo un concepto neoliberal concibe el tema de seguridad como un problema de seguridad nacional, cuya doctrina rige la administración del país identificando un “enemigo interno” -disidencia política, movilización popular, protesta social-, asociado a ideologías consideradas subversivas -marxismo, comunismo, progresismo- que deben ser eliminadas del tejido social por constituir serias amenazas para el orden establecido, basado en la democracia representativa formal.
La doctrina de Seguridad Nacional difiere esencialmente de la Seguridad Ciudadana. La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) es una macro teoría militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la “ocupación” de las instituciones estatales por parte de los militares. La DSN fue una ideología desde la cual Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, consolidó su dominación sobre los países de América Latina, enfrentó la Guerra Fría, fijó tareas específicas a las fuerzas armadas y estimuló un pensamiento político de derecha. Esta doctrina, basada en la noción de relativa estabilidad, calma o predictibilidad, fue una idea diseñada, implementada y desarrollada por el gobierno estadounidense, basada en la defensa nacional, a través del control directo o indirecto de las instituciones de países de América Latina.
Contrariamente, la seguridad ciudadana comprende el conjunto de acciones que tienen por finalidad consolidar la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la prevención de todo tipo de violencia, a través la interacción de actores públicos, privados, con la participación activa de la ciudadanía. La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico y la erradicación de la violencia delincuencial e intrafamiliar.
Desde este trasfondo político la palabra estructural se ha puesto de moda. Se utiliza la expresión estructural para referirse a problemas que no son coyunturales, que deben ser resueltos de inmediato, en conseciencia de que el gobierno no tiene claridad acerca de la estructura política y social del país. El régimen actúa a la zaga de los hechos, cuando hay un motín carcelario el presidente cambia al jefe del SNAI y los reos en respuesta provocan mayor violencia y muerte en motines que demuestran que el Estado perdió el control de las cárceles. Un círculo vicioso de nunca acabar.
Otro adagio popular dice: Más vale prevenir que curar. La seguridad es el arte de preservar vidas. Nada es tan importante ni tan urgente, que no se pueda hacer con seguridad. El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un proceso, en cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. La inseguridad es ausencia de gestión, no es un adjetivo, la falta de verbos que denoten acciones la convierte en un hecho sustantivo.
Un gobierno inseguro -que no sabe qué hacer y cómo hacerlo para minimizar el riesgo- genera un país inseguro. Ecuador dejó de ser la isla de paz donde vivir en armonía y seguridad social. Los ecuatorianos no vivimos a plenitud porque no vivimos seguros.
