El menú político del régimen es tan suigéneris que, mientras los ecuatorianos consumían los intríngulis sazonados con buenas dosis de morbo del femicidio de M.B. Bernal, otros asuntos de igual o mayor trascendencia nacional se cocinaban entre bambalinas del poder. El Ejecutivo y el Legislativo aderezaban el plato fuerte de una ley de inversiones antes rechazada en la Asamblea Nacional por el rancio aroma privatizador que expele el proyecto oficial. No obstante su titular, Virgilio Saquicela, entregó esta semana al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, el anteproyecto para la Ley orgánica para la atracción de inversiones, fomento de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, cuyo texto fue elaborado por una comisión mixta entre los dos poderes del Estado reunida durante siete semanas instancia en la cual alcanzaron un 88% de acuerdos. Con similares ingredientes que el original, el proyecto tiene cuatro temáticas relevantes: Incentivos tributarios para la creación de zonas francas, promoción de las Alianzas Público Privadas, mayor control al mercado de valores y reformas al sector de telecomunicaciones.
Entre los incentivos tributarios constan eliminación de 10 años del impuesto a la renta y luego una reducción del 10% en los años siguiente, exoneración de impuesto a la salida de divisas para la importación de capital, insumos y materia prima, exoneración de aranceles e IVA al 0% para la adquisición de bienes y servicios.
Uno de los principales puntos del proyecto de ley es la creación de Zonas Francas además de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) que ya constan en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Las Zonas Francas estuvieron vigentes en Ecuador hasta 2010, y de aprobarse la ley se establecerían nuevamente en el país. Las zonas francas son áreas geográficas que ofrecen beneficios tributarios al inversionista. Ahora, el Estado crea las zonas francas y define las actividades económicas susceptibles a sus beneficios. La reforma plantea que esas zonas surjan también por iniciativa privada y que el inversionista elija la actividad económica donde quiere invertir. El proyecto de ley define a las Zonas Francas como espacios en los que las inversiones sean realizadas para fomentar la competitividad y la facilitación al comercio exterior y la integración del Ecuador en cadenas globales de valor a través de la reexpedición, exportación o reexportación a terceros países.
Otro de los aspectos centrales del proyecto de Ley se refiere a las asociaciones público privadas definidas como “una modalidad contractual de gestión delegada de largo plazo entre una entidad del sector público y un sujeto de derecho privado o de la economía popular y solidaria”. Estas alianzas se formarán para que se gestione un activo público, en el que un gestor privado también asume los riesgos y responsabilidades del manejo de ese bien mientras dure el contrato. El proyecto de ley propone crear la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas como una entidad adscrita a la Presidencia de la República. El objetivo de crear la secretaría, es que coordine y articule las acciones entre las instituciones involucradas para promover, atraer, facilitar, concretar y mantener las inversiones privadas relacionadas a los servicios públicos. El proyecto propone la creación de un Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas y Gestión Delegada, encargado de: Aprobar que se use la modalidad de asociación público privada para el manejo de los proyectos públicos. Establecer mecanismos de cooperación interinstitucional pública. Aprobar y expedir políticas, regulaciones, procedimientos, lineamientos, guías, técnicas y documentos estandarizados para que las alianzas se manejen de forma eficiente y tengan seguridad jurídica. La delegación de proyectos de inversión del Gobierno Central bajo el mecanismo de Alianzas Público Privadas sería obligatoria para obras en cinco áreas: Transporte, vialidad puertos y aeropuertos Infraestructura hospitalaria Vivienda Deportes y Cultura Infraestructura educativa.
El proyecto de ley también incluye reformas a otras leyes y códigos vigentes: Código orgánico monetario y financiero, Ley de régimen tributario interno, Ley reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador, Ley de compañías, Código orgánico sobre la economía social de los conocimientos o Código Ingenios, Ley orgánica de telecomunicaciones, Ley orgánica para el desarrollo de la acuacultura y pesca, Ley orgánica de la contraloría general del estado, Código orgánico de planificación y finanzas públicas, Código de comercio, Ley de comercio electrónico, Ley de regulación y control del poder de mercado, Ley notarial, Código General de Procesos, Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, Código de organización territorial, autonomías y descentralización y Ley de registro.
En una mesa técnica conformada por asambleístas de diversas tendencias y burócratas del régimen, -de la cual nunca el país se enteró cuando se estableció y cuáles fueron los temas debatidos, silencio acolitado por una prensa obsecuente-, se recibieron 118 observaciones de las cuales 104 fueron acogidas, los 14 restantes deberán ser resueltas en los dos próximos días.
Como parte de los ingredientes de la coyuntura política, en el otro acontecimiento el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) informó que fue aceptada la solicitud para proceso de revocatoria de mandato al presidente Guillermo Lasso. Esto significa que tras una sentencia emitida por el TCE se anuló el archivo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se revisará todo el expediente del pedido a la revocatoria del mandato contra el presidente Lasso. El pedido se basa en el incumplimiento de ocho planes de gobierno del actual mandatario. Esta petición anteriormente no habría cumplido todos los requisitos al presentar los formularios, según un informe jurídico que aprobó el propio CNE. Además, no se había incluido documentación como parte de evidencia sobre los supuestos incumplimientos del plan de trabajo.
Ante esta coyuntura, el ministro de Gobierno hizo mención a la muerte cruzada que había desaparecido del escenario político, después de que el presidente Lasso ratificara que no usaría la herramienta legal a su disposición, pese al bloqueo que sufría por parte del Legislativo. El Gobierno recordó a la Asamblea su potestad de invocar a muerte cruzada, lo que confirma que la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, para avanzar en una agenda legislativa, está rodeada de acciones y discursos políticos que reflejan la relación ambivalente entre ambas funciones del Estado que dejan un mal sabor de boca al país.
