Muchas veces la frase por la razón o la fuerza, no es una alternativa porque impone más fuerza que razón. Esa lógica parece estar imponiéndose en las mesas de diálogo que este 12 de octubre se deben cerrar con un documento concluyente.
En dicho documento quedará constancia que el diálogo impuesto a un gobierno débil -y demás debilitado por sus errores, acciones y omisiones- por la Conaie, habrá impuesto por la razón o la fuerza un nuevo rector a la política de Estado: la dirigencia del movimiento indígena. En ese momento la democracia formal habrá mostrado su lado más endeble: dejar que la fuerza se imponga por sobre la razón. Con ella o sin ella, la Conaie habrá impuesto una serie de decisiones surgidas de la negociación con el régimen y con carácter vinculante. Habrá quedado demostrado que la gobernanza del gobierno de Lasso es, a estas alturas, casi nula, por el “derrumbe” en un año de gestión del que habla su asesor Durán Barba, artífice del triunfo y de la derrota del régimen.
Una “mesa técnica de evaluación” que se acordó instalar deberá actuar, luego de cerradas las mesas de dialogo, el 12 de octubre. Sus acuerdos tendrán carácter vinculante y se abocará a revisar “las licencias ambientales, los contratos petroleros y los derechos mineros que han sido otorgados”. Ese mismo instante caerá el telón de la novela ofrecida por el gobierno actual al país en materia de explotación de recursos naturales con fines de reactivación económica.
Un espacio de diálogo entre representantes de un gobierno pusilánime y un movimiento étnico social fortalecido habrán decidido por sobre la voluntad, de al menos media población de ecuatorianos que votó por Guillermo Lasso, inaugurando una nueva modalidad de “democracia directa y representativa”. La democracia de la movilización popular que dicta la política conforme la fuerza demostrada en las calles.
Los designios de esta mesa de negociación política no están contemplados ni garantizados en ley alguna ni en ningún precepto de la Constitución, y quienes concurran a ella representando a la Conaie, Feine, Fenocin, ministros del Estado, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, ONU, Corte Interamericana de Justicia, lo habrán hecho en reemplazo de las instituciones formales -fracasadas o no- de gobernar, legislar y dictar justicia en el país. Se habrá inaugurado un poder popular que, pese a quien pese, estrenará nueva gobernanza y gobernabilidad por sobre las instancias del Estado. Para algunos sonará a democracia plena y de nuevo tipo de corte socializante, para otros, una aberrante forma de fracaso de la democracia burguesa criolla. Esta suerte de autoridad supra legal y supra estatal ¿tendría la responsabilidad de mostrarnos el nuevo camino bajo la nueva lógica de un nuevo país? Probablemente sí. ¿Qué viene después? ¿El sistema político amparado en la razón de la fuerza?
Mina de oro convertida en polvo
Entre los mandatos de ese nuevo país consta que lo que el plan de gobierno de Guillermo Lasso pudo haber planteado en materia de explotación de recursos petroleros y mineros, por el cual votó afirmativamente medio país, ya no corre.
Una “mesa técnica” será la que establezca prioridades en la emisión de informes de impacto ambiental en los bloques de la Ronda Intracampos en zonas concesionadas, campos en el Sur Oriente y 13 bloques petroleros, incluido el ITT. Dos “proyectos mineros a gran escala” y 22 procesos de exploración de minería metálica -Loma Larga, La Plata y Curipamba- serán super vigilados para que aquello que se haga o deje de hacer dentro de los planes mineros en territorio ecuatoriano estén bajo monitoreo y tutelaje de esta instancia de poder popular directo.
Esta suerte de “Estado paralelo” abrirá una nueva interrogante: ¿Quién, entre los inversores privados, querrá poner recursos para desarrollar planes petroleros o mineros en un país sometido a la voluntad de una mesa de negociación política? Esta forma de “cogobierno”, probablemente, cargue en sus hombros la paralización, o al menos la ralentización, del sector extractivista en Ecuador. Esto se evidencia en la “moratoria de al menos 12 meses”, o hasta que la Ley de consulta previa, libre e informada, sea publicada oficialmente, ley que sería redactada por los integrantes de una mesa técnico jurídica entre quienes constan miembros de organizaciones sociales y pueblos y nacionalidades, cuya instalación será este 25 de octubre. Hasta entonces -un año- el sector industrial extractivista estaría prácticamente paralizado, o impedido de nuevos proyectos. Otras mesas político técnicas tendrán a su cargo redactar reformas a la ley de hidrocarburos y de minería, una nueva normativa que rija el futuro de la explotación de hidrocarburos y minerales en el país.
El gobierno de Lasso logró mantener la vigencia del decreto 1247 -del régimen de R. Correa- mediante el cual se reglamenta la consulta previa. Además, logró mantener la ampliación en bloques o campos petroleros ubicados en territorios ancestrales con pueblos en aislamiento voluntario, independientemente de su localización en zonas protegidas o no, tampoco el gobierno aceptó la derogatoria del decreto 151 -o plan minero oficial- donde se prohíbe la minería ilegal.
No obstante, el tira y afloja de lo acordado, un gobierno debilitado cedió -casi de manera incondicional- facultades y competencias estatales, a los sectores sociales organizados, ahora empoderados con la razón de la fuerza, para decidir buena parte de los destinos del país.
