No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se page, dice el dicho, pero el régimen no hace cumplir los plazos señalados por el presidente Lasso para capturar al sospechoso del crimen y no paga la deuda de justicia con la familia de María Belen Bernal.
Este viernes 30 de septiembre de 2022 culmina el plazo que el presidente Guillermo Lasso dio a la Policía Nacional para localizar y capturar a Germán Cáceres, presunto asesino de la abogada María Belén Bernal. El 23 de septiembre, el Primer Mandatario le dio a Fausto Salinas, comandante general de la Policía, “una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura” del sospechoso del crimen. El mensaje emitido en una cadena nacional cae en el vacío al cumplirse el plazo estipulado por el presidente: “Desde el primer día de mi Gobierno he dado más enérgico respaldo a la Policía en las durísimas tareas que desempeña, pero así mismo soy el primero en exigirles respuestas, cuando estas tardan en llegar”, indicó Lasso. Simultáneamente, solicitó a los mandos policiales poner sus cargos a disposición para analizar su permanencia en la institución policial.
El teniente de policía e instructor de cadetes, Germán Cáceres, esposo de María Belén Bernal permanece prófugo luego de ser procesado penalmente por el delito de femicidio, delito imputado a Cáceres luego de que la Policía encontró el cadáver de la victima en el cerro Casitagua, a pocos metros de la Escuela Superior de Policía, en Quito. Pese a que el gobierno ofreció una recompensa de 20 mil dólares a quien proporcione datos que conduzcan a la ubicación y detención de Cáceres y la Policía y Ministerio de Interior difunden el rostro del sospechoso en redes sociales, hasta el momento luego de 15 días de cometido el crimen, el paradero del prófugo es un misterio. El teniente de policía es el tercer hombre más buscado del país por cometer un delito de género.
La comandancia de la Policía aseguró que se está desplegando en todo el territorio nacional a personal operativo y de inteligencia para capturarlo. Además, la institución afirma que se alertó a los puestos de control fronterizo de que el sospechoso tiene una orden de detención en su contra, para evitar que salga del país y que se realizó gestiones con Ameripol, organismo policial continental, para intercambiar información con el propósito de que los países miembros permanezcan alertas de la búsqueda del teniente de policía involucrado en el crimen de la abogada Bernal.
La Fiscalía emitió la información de que en 16 días se han ejecutado 96 diligencias investigativas para esclarecer el caso. Una de las acciones fue solicitar a la Interpol que emita una alerta azul y posteriormente una alerta roja contra el principal sospechoso.
Desconfianza ciudadana
No obstante los comunicados policiales respecto de la búsqueda del teniente Cáceres, la ciudadanía permanece escéptica sobre los resultados de la pesquisa puesto que la credibilidad de la institución policial ha mermado considerablemente luego de los sucesos que han tenido lugar en torno al crimen de M.B. Bernal.
Un detalle que llama la atención en torno al caso es la decisión presidencial de Lasso de derrumbar un inmueble donde se ubican los dormitorios de los oficiales instructores, precisamente el sitio donde se habría perpetrado el femicidio de Bernal. La Fiscalía solicitó una audiencia para que se disponga una medida cautelar a la Comandancia General de Policía y a la Presidencia de la República. El objetivo es que ambas entidades se abstengan de realizar derrocamientos y modificaciones en el edificio denominado entre los policías como ‘Castillo de Grayskull’, una infraestructura ubicada dentro de ese centro de formación policial, en el norte de Quito. La decisión de implementar medida cautelar busca que esa edificación se ponga a disposición de Fiscalía mientras dure la instrucción fiscal de 120 días con el propósito de practicar diligencias investigativas y recabar evidencias, sin el riesgo de que sean eliminadas. El inmueble en cuestión está involucrado en un delito de acción pública y, por tanto, está a disposición de las órdenes jurisdiccionales que se emitan dentro del proceso penal.
El complejo proceso tras la verdad de lo ocurrido en el caso Bernal mantiene la expectativa ciudadana en alerta, con la convicción de que no se repita un femicidio cuyas implicaciones apuntan a un claro crimen de Estado, por acción u omisión institucional.
