El sentido gregario del ser humano condiciona su conducta social, aquello que un individuo hace en grupo jamás lo haría individualmente. La pertenencia a un colectivo le resta inteligencia al ser humano porque no piensa por sí mismo, sino que se somete a la presión conductual de la dinámica grupal. De este factor de la conducta humana se aprovechan los políticos para ejercer liderazgos amparados en la demagogia, el carisma y el populismo. Dinámicas esencialmente emocionales que no responden al raciocinio ni a la objetividad en el comportamiento humano. Goebbels, propagandista de los alemanes nazis, decía que la masa tiene un comportamiento femenil, aludiendo a sus reacciones meramente emocionales. En una sociedad de origen tribal como la nuestra, la gente sigue al líder, cuyo liderazgo suele estar fundado en la edad y su sabiduría; el mejor ejemplo es el curaca que muestra un comportamiento chamánico, mágico, atávico, que refuerza factores culturales ancestrales.
De estos atavismos se vale el llamado espíritu de cuerpo fomentado en los colectivos militares y policiales regidos por un sentido de jerarquía y disciplina masculinizada. Espíritu de cuerpo cuya pluralidad anula toda posibilidad de reacción singular. Todos somos uno y respondemos al unísono, el individuo se cobija en el colectivo y obedece a sus designios
El flamante ministro del Interior
La designación del mayor de policía Juan Zapata como ministro de la política por el presidente Lasso, según sus opositores, no considera debidamente estos aspectos de la conducta grupal en la sociedad ecuatoriana. Lo nombra ministro del Interior en una coyuntura altamente compleja del país, sin sopesar debidamente la responsabilidad del cargo. Independientemente de la capacidad profesional de Zapata que se ha desempeñado como capitán de Policía liderando campañas de educación vial y, posteriormente, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en tiempos de crisis sanitaria, el efectivo policial en mención no tiene el rango jerárquico superior para liderar y ser reconocido como tal por sus superiores generales. El rango se mantiene aún en servicio pasivo y la jerarquía policial considera a Zapata un subordinado.
Juan Zapata posee experiencia en temas relacionados con gestión de riesgos, movilidad y seguridad ciudadana, se graduó en Chile como Ingeniero Civil en Tránsito y Transporte, posee diplomado en Ciencia Política, es experto en Seguridad y ostenta un título de Alta Gerencia. Su perfil profesional está más cercano y lo capacita en el manejo de temas viales, pero no se observa en su hoja de vida una formación sólida y amplia experiencia en asuntos políticos, menos aún en coyunturas de crisis.
La objeción de la cúpula policial a la inferioridad de rango de Zapata responde al espíritu de cuerpo de una institución jerarquizada, con sentido de verticalidad de mando basado en factores disciplinarios, culturales e incluso sociales que condicionan la subordinación grupal de sus miembros. Sin embargo, en un país democrático con un Estado de derecho vigente, el poder militar y policial está subordinado y debe responder ante el poder político civil. Esa es la autoridad que ostenta Juan Zapata como ministro del Interior, pero lamentablemente el liderazgo no se logra por decreto y la autoridad no se la ejerce con resultados, basada en una mera disposición burocrática. El flamante ministro del Interior dijo al asumir el cargo: “Es necesaria una @PoliciaEcuador sólida que luche contra la delincuencia y las nuevas amenazas que tiene el país. Recuperaremos la institución que la ciudadanía demanda”. Su hoja de ruta alude innegablemente a manejar políticas que supuestamente optimicen el desempeño policial en represión contra la amenaza de la protesta social y el crimen organizado, indistintamente.
Las doctrinas policiales
Las instituciones policiales y militares de un país, cuya función político-social es actuar como “aparatos represivos del Estado”, según la concepción sociológica, se rigen por doctrinas de seguridad nacional, conforme las cuales la seguridad del Estado está por sobre la seguridad de las personas integrantes de la sociedad civil. La doctrina de Seguridad Nacional concibe al enemigo interno de una nación identificado en sectores y organizaciones sociales contestatarios al poder que, por lo mismo, constituyen un peligro para el orden establecido. El “enemigo interno” es identificado con la ideología comunista y/o progresista del denominado Socialismo del Siglo XXI, según las teorías conspirativas que detectan enemigos en todo lado asociados a lo que considera lo más peligroso para la democracia formal burguesa: la protesta social, el comunismo y el narcotráfico. No por casualidad se acusa al movimiento indígena de estar financiado por carteles de la droga, y culpable de todos los males locales al gobierno de la “década perdida”.
La seguridad nacional se consolidó como categoría política durante la Guerra Fría, especialmente en las zonas de influencia de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, este país rescató el uso político que la palabra seguridad ha tenido desde la antigüedad, para elaborar el concepto de «Estado de seguridad nacional». El concepto se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna, frente a las amenazas de revolución, la inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares. La seguridad nacional tuvo una variante en América del Sur bajo la idea de que a partir de la seguridad del Estado se garantizaba la de la sociedad. Pero una de sus principales innovaciones fue considerar que para lograr este objetivo era menester el control militar del Estado. Esta doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales y ha sido el principal esfuerzo latinoamericano por militarizar el concepto de seguridad.
En la actualidad, la doctrina de seguridad nacional es reformulada por Alexis López Tapia, entomólogo y activista de extrema derecha chileno que adquiere notoriedad en los medios de comunicación de su país debido a que entre 1999 y 2010 lideró el grupúsculo neonazi Patria Nueva Sociedad. Según el investigador Julio Cortés Morales, desde el estallido social de 2019 López se ha erigido como «uno de los ideólogos más respetados de la nueva derecha posfascista. Ese año creó el Movimiento Resistencia Patriota, conocido en Chile por lo que la prensa denominó “Congreso Nazi” y por su cercanía a los grupos skinhead, y adquirió notoriedad internacional al popularizar el término “Revolución molecular disipada”. El término se refiere a un supuesto plan de la izquierda radical de acabar con la democracia en América Latina a través de las protestas. Fue propuesto en 2013 por López Tapia y la idea la han acogido pensadores de la derecha latina y la enunció el expresidente colombiano Álvaro Uribe en 2021 para deslegitimar las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque. Según esta teoría, las manifestaciones populares de los últimos años en países como Chile o Colombia no son espontáneas, sino que son una estrategia de los movimientos de izquierda para llevar al Estado a una guerra civil hasta derrocar el sistema constitucional, a fin de instaurar un régimen comunista. De acuerdo con López, el plan de los revolucionarios es “deconstruir” -eliminar- los valores de la nación, la familia, los medios de comunicación, las fuerzas armadas y la cultura para imponer la ideología marxista. Ejemplo de ello serían los movimientos feministas que irrumpieron en Latinoamérica en 2015 y que califica de radicales con el apelativo de “ideología de género”. Alexis López Tapia califica la revolución como “molecular” porque no la dirige un líder ni una jerarquía concreta, sino que los participantes son numerosos y heterogéneos agrupados como moléculas. Es “disipada” porque son los ciudadanos quienes coordinan las protestas, que van escalando en violencia y luego se dispersan, lo que impide hacerles seguimiento y arrestar a los responsables. Los gobiernos que asumen esta teoría -como es el caso de Ecuador- clasifican a los manifestantes como terroristas, lo que los convierte en objetivos de la Policía y el Ejército. Por ello, otorgan a las fuerzas de seguridad poderes amplios para acallar las concentraciones con armas de fuego y demás formas de coerción aplicando el uso progresivo de la fuerza, que se convierte en la práctica en uso abusivo de armas letales y no letales.
Estos valores ideológicos y técnicos están vigentes en los centros de formación policial y militar de América Latina y en particular del Ecuador. Valores que encuentran caldo de cultivo en las concepciones culturales patriarcales y machistas que se arropan en los uniformes militares y policiales. Una reforma institucional a la Policía ecuatoriana supone poner fin a estos valores impartidos en sus escueles y cuarteles, que deben ser reemplazados en los planes de formación profesional y pénsum de estudios por principios humanistas que fomenten el respeto a los derechos humanos. Problema estructural que va más allá de la denominación y gestión individual de las personas.
