La decisión del presidente Lasso de pedir la renuncia al cargo a Patricio Carillo, ministro del Interior, tiene un nombre: ponerse el parche antes de la herida, aunque parezca lo contrario, tapar la herida con un dedo. Bajo una fuerte presión social, además del cese de Carrillo, Lasso ratificó la destitución de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce por sus omisiones en el caso Bernal y el proceso de evaluación a 300 oficiales. También dio plazo de una semana a Fausto Salinas, comandante General de la Policía Nacional, para arrestar a Germán Cáceres por el asesinato de María Belén Bernal.
La decisión presidencial busca el menor costo político para el régimen, es decir, evitar que en un enjuiciamiento parlamentario se indaguen y surjan aspectos que pueden ser, hasta el momento, desconocidos en torno a las motivaciones del enjuiciamiento; ya que todo juicio político, según su desarrollo y resultados, puede derivar en juicio de carácter penal. En el juicio legislativo a Carrillo podría haber nuevas derivaciones con cargo a la cuenta política del régimen, por esta posibilidad será que Lasso había llamado a los asambleístas a no destituir a Carrillo. El ministro del Interior es acusado de incumplimiento de funciones por su actuación en el paro de junio pasado. El caso Bernal se puede sumar al juicio político al ministro Carrillo, en tanto, el presidente manifestó: “Mi respaldo total a Patricio Carrillo ante el injusto e irresponsable juicio político en su contra. Con la seguridad no se juega”. escribió Lasso en su cuenta de Twitter.
Autoridades comparecerán el 28 de septiembre a la Asamblea Nacional por el caso Bernal, entre los citados están Patricio Carrillo, la fiscal Diana Salazar y el comandante General de Policía, Fausto Salinas, quienes deben explicar las acciones u omisiones cometidas en torno al caso del asesinato de la abogada M. B. Bernal. No obstante, como una forma de manejo del tema, el presidente Lasso nombra a Juan Zapata, actual presidente del COE, como nuevo ministro del Interior para que tome la responsabilidad de reestructurar a la Policia, insistiendo en poner en el cargo a ex funcionarios policiales.
En tanto, la Fiscalía formuló cargos penales por femicidio a Germán Cáceres principal sospechoso del cometimiento del crimen. María Belén Bernal era abogada defensora del general Alain Luna, director de Logística de la Policía y de cadetes que impugnaron sanciones por faltas disciplinarias. Luna tiene un juicio porque en junio pasado dirigió el operativo en el cual fue detenido Leonidas Iza por obstruir la vía Panamericana en Cotopaxi e Iza demandó a Luna por su detención ilegal.
Un Estado ausente
En redes sociales. el ministro Patricio Carrillo ha recibido apoyo de parte de quienes están interesados en su permanencia en el cargo. El activista, Carlos Andrés Vera, escribió en Twitter: “Gracias @CarrilloRosero El país le debe mucho”. En contraste, sectores feministas consideran que Carrillo debe al país explicar los muertos del 2019 y la propia muerte de María Belén Bernal en el interior de un recinto policial. Carrillo ha sido cuestionado, recientemente, por pedir disculpas y por decir que la policía ha cumplido con su trabajo, luego de encontrar muerta a la abogada de 34 años y madre de un hijo de trece.
Tras el crimen de Bernal ha aumentado la desconfianza de las mujeres hacia la Policía y un Estado negligente que no hace cumplir las leyes, mientras tanto, 206 femicidios han tenido lugar en el país entre enero y septiembre de 2022. El Estado se muestra ausente y reduce presupuesto para la intervención en temas de violencia de género, mientras que las ciudadanas agredidas ya no quieren denunciar casos en que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia. La Asociación de Abogadas Feministas de Ecuador (AAFE) sostienen que es un crimen de Estado, el gremio responsabiliza al Estado del crimen.
Los vertiginosos hechos hacen que el régimen y sus tardías respuestas se mantengan a la zaga. Por más que el gobierno intente, al despedir al ministro Carrillo, ponerse el parche antes de la herida.
