El crimen de María Belén Bernal deja al descubierto un femicidio de Estado perpetrado, presuntamente, por un oficial en servicio activo de la policía ecuatoriana en las instalaciones de un centro de formación profesional policial en Ecuador. El crimen estatal de la abogada M. B. Bernal constituye el caso más repudiable de violencia de género que se haya cometido en territorio ecuatoriano, que vulnera los derechos de la mujer defendido por organizaciones feministas y de derechos humanos en todo el mundo. Pero no solo es eso, y este asesinato no queda allí en el ámbito de la crónica roja de un crimen pasional, presuntamente cometido por un marido que fue sorprendido por su esposa en un acto de infidelidad conyugal, ni tampoco se restringe a un caso más de feminicidio motivado por la violencia machista de un sujeto masculino. No, en ningún caso.
El asesinato de María Belén Bernal constituye el caso más evidente de crimen, en este caso, femicidio de Estado, cuyas evidencias conducen a concluir que fue cometido, presumiblemente, por un funcionario de un organismo estatal policial con encubrimiento, por acción u omisión, de efectivos policiales en servicio activo, dentro de las instalaciones de un recinto de formación policial.
Esto denota el grado de desinstitucionalización que vive el país. Este fenómeno se expresa en un femicidio que va más allá de un acto de violencia contra la mujer en manos del machismo y pone en el tapete del debate nacional un serio cuestionamiento a los valores ideológicos y técnicos impartidos en la formación profesional de la policía ecuatoriana y, por tanto, de las doctrinas adoptadas en los planes de estudio, capacitación y entrenamiento de sus efectivos oficiales, de tropa y de élite.
El crimen de la abogada Bernal, plantea la interrogante de en qué país estamos viviendo bajo un Estado regentado por sectores políticos en capacidad de urdir una trama siniestra para encubrir su concepto de gobernanza autoritaria, y su ineficiencia para dar respuesta a los problemas que implica su falta de sensibilidad social.
Los hechos
Todo apunta a que es muy probable que la policía supo desde un comienzo que la muerte de Bernal se trató de un crimen, por las evidencias encontradas en el lugar del suceso, manchas de sangre, ocultamiento de mensajes en celulares y testigos que dan cuenta de haber escuchado una discusión marital, golpes, y gritos de auxilio de una mujer agredida, para luego dejar huir de la escena al presunto victimario en un vehículo conducido por el teniente de policía Germán Cáceres, sin constatar si en el interior iba, con vida o sin ella, María Belén Bernal su esposa, cuyo ingreso al lugar había sido registrado por las cámaras de seguridad del recinto.
Luego de la desaparición de Bernal, la búsqueda se concentró en “un cuerpo” y no se hablaba de una persona con vida, como si se presumiera su muerte. Además se concentró en lugares cercanos de la escuela de policía en Pusuquí -cerro Casitagua- como si en el lugar fuera habitual botar cadáveres. Durante la búsqueda policial, denunciada como insuficiente por la familia de la hoy víctima, y un acto de complicidad policial según, la madre Elizabeth Otavalo (“Le dieron chance a Germán Cáceres de que se vaya libre, le dieron la oportunidad de largarse”), tuvo lugar una serie de declaraciones contradictorias e impertinentes por parte del ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, (“Lamentamos muchísimo que haya sucedido este acto que es humano, irracional, pero es de humanos”) y del secretario de Seguridad, Diego Ordoñez, (“Nos parece inadecuado que la Fiscalía use la circunstancia para desacreditar a la institución policial”), al punto que hizo declarar a la Fiscal General, Diana Salazar, “no se trata de venir a justificar la actuación o la inacción de subalternos, aquí se trata de llegar a la verdad”.
La doctrina de la muerte
El caso de María Belén Bernal obliga a cuestionar el tipo de formación que se imparte a la policía ecuatoriana en los centros de formación del país que, se conoce reciben asesoramiento de la policía chilena con asesores, capacitación, recursos técnicos y contenidos doctrinarios. Dicho componente ideológico, en el caso regional latinoamericano, responde a la Doctrina de Seguridad Nacional que “es una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la ocupación de instituciones estatales por parte de los militares” (Ramón Torres G., 2022). En Ecuador en las dos últimas décadas se han decretado más de cien decretos sobre estado de excepción, aplicando esta doctrina. El entomólogo y activista de extrema derecha chileno, Alexis López Tapia, la define como “revolución molecular disipada, algo que intenta ser teoría conspirativa, y sostiene que las manifestaciones y protestas sociales en América Latina se fundamentan en un plan y estrategias de las izquierdas radicales para acabar con la democracia e instaurar un régimen comunista”. López Tapia Adquirió notoriedad en los medios de comunicación debido a que entre 1999 y 2010 lideró el grupúsculo neonazi Patria Nueva Sociedad, desde el estallido social en Chile del 2019, López se ha erigido como uno de los ideólogos más respetados de la nueva derecha posfascista. Sus ideas popularizaron el término «Revolución molecular disipada», utilizado luego por el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe para referirse a las protestas de 2021 en dicho país.
Se trata de una readaptación al Ecuador de la teoría de la Seguridad Nacional que habla de teorías conspirativas, la revolución molecular y disipada adaptativa de FFAA y Policía nacional. Lissette Pardo, abogada penalista informó que la mejor amiga de María Belén Bernal alertó al ECU-911, el pasado 15 de septiembre, sobre una llamada anónima que recibió donde le indicaron que el cuerpo de la víctima se encontraba en el árbol solitario del cerro Casitagua. Ese es el mismo árbol solitario que denunció el ex agente policial que participó en el crimen de los hermano Restrepo, Hugo España, en el libro El Testigo lanzado en agosto de 1996 y que volvió a decirlo desde la clandestinidad en Europa, la noche del 2 de septiembre de 1996, en un programa especial de Ecuavisa que causó un revuelo inusitado en la opinión publica.
A los pies del árbol solitario del cerro Casitagua ubicado en el interior de la escuela policial de Pusuquí refieren hoy el caso de agresión a golpes femicidio y desaparición de María Belén Bernal. La zona es, presumiblemente, un cementerio clandestino. Hugo España, en su momento, dio a conocer desde Europa a Pusuquí como centro de tortura a ciento de detenidos (entre habilitantes de calle, prostitutas, guerrilleros y disidentes), para el entrenamiento dado por asesores israelíes, estadounidenses y españoles que dieron capacitación a la unidad policial especial secreta conocida como SIC-10 para eliminar torturar y matar opositores, y al final entregó mapas ubicando los sitos exactos, uno de ellos es el cerro Casitagua y su referente hasta hoy visible, el mismo árbol del caso Bernal. España, ex agente de élite policial, es un testigo de cargo arrepentido en el caso de detención arbitraria, tortura, asesinato y desaparición de los hermanos Restrepo, señaló que en Pusuquí se hallaban cementerios clandestinos donde echaban los restos de cientos de personas asesinadas para los entrenamientos de la unidades secretas de la policía especial. Esta denuncias quedaron en total impunidad.
Lo anterior se complementa, no por casualidad, con declaraciones manifestadas en su visita a Ecuador por Laura Richardson, Jefa del Comando Sur: “Esta región es tan rica en recursos, es una riqueza fuera de serie y tienen mucho de qué enorgullecerse. Y nuestros competidores y adversarios también lo saben lo rica y los recursos que es esta región. El 60% del litio en el mundo está en la región. Tienes crudo pesado, tienes crudo dulce y ligero. Tienes elemento de tierras raras. Tienes el Amazonas que se llama el pulmón del mundo. Y hay adversarios que se aprovechan de esta región todos los días justo en nuestra vecindad. Y yo solo veo lo que ocurre en esta región en términos de la seguridad. Son la seguridad, nuestra seguridad nacional en la patria y en los Estados Unidos”.
Este es el preludio necesario de un régimen fascista en Ecuador regentado por banqueros formados en doctrinas que privilegian el derecho de las corporaciones por encima de la ciudadanía, la mujer, la juventud y la vida. En virtud de esa doctrina de Seguridad Nacional que ve “adversarios y enemigos internos” en todo lado, en Ecuador, en las dos últimas décadas, se han aplicado más de cien decretos sobre estado de excepción que faculta a los organismos represivos policiales y miliares a actuar en contra de la protesta social.
De manera concluyente, el femicidio de Estado cometido en la humanidad de la abogada María Belén Bernal fue cometido en el contexto de la aplicación de doctrinas de Seguridad Nacional que obligan a una profunda restructuración y depuración de la institución policial ecuatoriana, con profundo cuestionamiento y revisión de los planes de estudio profesional, en sus teorías y sus prácticas. Y al mismo tiempo, que es imperativo implantar un riguroso e imparcial juicio político a las autoridades, ministro de gobierno, secretario de seguridad y funcionarios subalternos, así como juicios penales y sumarios administrativos a los funcionarios policiales que, por acción u omisión, contribuyeren a la impunidad de este crimen de Estado. Del mismo modo, el Estado en plena justicia, debe asumir la compensación judicial y económica a la familia de María Belén ante la evidencia de este crimen cometido, presumiblemente, por uno de sus funcionarios al interior de una de sus instituciones.
Así lo exige la conciencia nacional, la sensibilidad ciudadana y la justicia que debe imponerse en toda su magnitud y rigor para resarcir de algún modo, siempre insuficiente, los derechos vulnerados de la familia de María Belén Bernal para que, efectivamente, exista paz en su tumba.
