En el pedir no hay engaño y no debiera haberlo en el consultar, pero la política entiende de razones que la razón no entiende, y aquello es en sí mismo un insulto a la inteligencia humana. La consulta que insulta el raciocinio de los ecuatorianos contiene ocho preguntas que no han sido debidamente socializadas entre la población y sin consulta previa a los electores fueron planteadas y sometidas al criterio de la Corte Constitucional.
Dichas preguntas se refieren a enmiendas constitucionales en tres ejes: seguridad, sistema de partidos y rol de la Asamblea Nacional y protección del medio ambiente. Estos son los temas que al régimen le interesa imponer preguntando y, a través de la respuesta popular, legitimar para sus fines políticos.
Cuando un gobierno, como el actual, con bajísima credibilidad y aceptación popular convoca a una consulta, el electorado, en vez de responder a las preguntas propiamente dichas, resuelve castigar al proponente votando No. Es altísima la posibilidad de que eso ocurra esta vez. Qué pretende, entonces, el Gobierno de Lasso con la consulta popular, o es otro bumerang lanzado por iniciativa de sus despistados asesores y consejeros?
En una revisión de la propuesta de preguntas del régimen se observa obviedades que insultan el raciocinio. En la primera pregunta se consulta: ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1? se conoce que actualmente las FFAA no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden pública porque esa no es su función institucional. Según recuerda el análisis del constitucionalista Rafael Oyarte, las FFAA pueden actuar en apoyo policial en ciertos casos de crimen organizado, trafico de personas, armas o drogas y bajo petición de la Policía. Eso ya está establecido constitucionalmente, por tanto, no tiene sentido preguntarlo.
La segunda pregunta propuesta por el régimen dice: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 2? En la actualidad la extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Esa medida en Colombia desató una guerra armada frontal entre el narcotráfico -liderado por los carteles de Medellín y Cali- y el Estado colombiano incrementando la violencia a niveles nunca antes visto. Se trata de una medida que solo complace al gobierno norteamericano, las leyes ecuatorianas contemplan penas para delitos de la narco delincuencia, lo que se debe hacer es fortalecer el sistema judicial nacional, según Oyarte.
La tercera interrogante señala ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3? Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo.
La cuarta pregunta consulta: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 4? En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. Cabe enfatizar que en política la cantidad no determina la calidad de los representantes populares. Seguirán siendo mediocres, vagos e incapacitados para legislar como ocurrió con Congresos anteriores de 70, 90 o más miembros. La calidad de la política es un tema de formación ideológica y capacitación profesional, dos asignaturas pendientes entre los “padres de la patria”. Reducir el número de asambleístas no resuelve la calidad de la política.
De igual modo, la pregunta cinco no es un tema de números sino de cualidades. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 5?
La pregunta seis es la joya de la corona, según Oyarte: El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6? La pregunta es la joya que justifica para el régimen consultar al pueblo. Ese es el principal motivo de la Consulta Popular: controlar a quienes designan a los miembros de los organismos de control. Esta es una intención con obvio sentido político que no ha sido resuelta por el régimen y la correlación de fuerzas políticas parlamentaria amenaza con dejarlo sin movilidad en los actuales momentos en ese sentido.
Las preguntas siete y ocho son la miel que endulza el pastel. La séptima pregunta reza: La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que estas no gozan de su protección. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 7?, y la octava consulta: La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8? Son, sin duda, cuestiones demagógicas de obvia respuesta popular.
Encuesta de opinión
Una encuesta flash de Cedatos parece demostrarlo. En sondeo realizado en 21 ciudades sobre una muestra de 2800 encuestas, la población consultada respondió que los principales problemas del país son inseguridad (29,3%), desempleo (26,2%), situación económica (23,2%). Acerca de si está o no enterada la población de que habrá una consulta popular, el 62% dijo estar enterada, pero otros sondeos establecen que solo el 1% conoce la preguntas.
Sobre el rol de la FFAA el 85,8% dijo estar de acuerdo en que intervengan en apoyo policial en la lucha contra el crimen organizado. Un 71,9% apoya la extradición a culpables del delito del crimen organizado. El 71,5% apoya la autonomía de la Fiscalía. El 81,4% apoya la reducción del número de asambleístas y el 75,0% apoya los nuevos requisitos para organizaciones políticas. El 66,7% está de acuerdo en quitar al CPCCS la facultas de designar autoridades de control. El 75,6% aprueba que se incorpore un sistema de protección hídrica y el 76,8% apoya el pago de compensaciones para quienes tengan defensa ambiental. Representantes de Cedatos manifestaron que la consulta popular es, “definitivamente”, una herramienta útil para analizar la opinión directa de la ciudadanía y “apuntar a soluciones”. No obstante, la encuestadora Cedatos realizó sus acostumbrados sondeos sin esperar la resolución de la Corte Constitucional acerca del cuestionario propuesto por el gobierno, para que la población se pronuncie, concretamente, sobre preguntas que realmente existan, no sobre propuestas de preguntas. En tal sentido, el sondeo resultaría manipulador y funcional a los propósitos del régimen.
Opinión sectores organizados
Luego de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunciara las preguntas de la consulta popular, representantes de organizaciones sociales e indígenas expresaron que ésta no resolvería los problemas de fondo que atraviesa el país. Ante este panorama, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, ratifica su rechazo a la medida, sin embargo, dijo que son partícipes de que se le consulte al pueblo ecuatoriano, “pero que se le consulte en las necesidades más elementales, no como estas que no resuelven. Lo que busca el Gobierno es crear un efecto distractor». Asimismo, Nery Padilla, secretario nacional de la Federación de Centros Universitarios de Ecuador (FEUE), dijo que están contra del referéndum al no tomarse en cuenta al sector estudiantil. «La realidad es que esta consulta no comprende a aquellos elementos que deben ser solucionados de manera inmediata y oportuna. Las preguntas deberían estar enfocadas al sector salud, educación, vivienda y la no privatización de empresas del Estado”, dijo.
El movimiento indígena de Ecuador también rechazó la propuesta de consulta popular que presentó el presidente del país, Guillermo Lasso. “Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y vamos a ir de frente […] Son preguntas vacías, no resuelven nada”, dijo Leonidas Iza, presidente de la CONAIE. Iza añadió que “el Gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada”; y aseguró que, con la consulta, el Ejecutivo “está buscando oxigenarse políticamente”, lo que considera “un acto irresponsable”.
El pueblo ecuatoriano, frente a un Estado y gobierno fallidos, exige solución a sus problemas más importantes, y merece que el presidente de la República cumpla con su palabra y su firma que constan en el Plan de Gobierno. Las nuevas preguntas deberían incluir aquellas que los gremios sociales y productivos del país propusieron en su momento, y que el candidato Lasso se comprometió a consultar al pueblo y a apoyar. En tanto, así como está planteada, la consulta insulta la voluntad y la inteligencia de los ecuatorianos.
