El nuevo texto constitucional propuesto en Chile se propone garantizar el derecho a la comunicación, luego de varios años de debate y diagnósticos acerca del rol de los medios informativos y su obscena concentración monopólica en manos privadas. La Constitución que se votará este 4 de septiembre reivindica la necesidad de controlar líneas editoriales de las grandes empresas mediáticas, lo que es interpretado como una amenaza por los medios conservadores, no obstante que supone un gran avance para la gran mayoría de las comunidades y para el sistema democrático chileno.
Durante varias décadas en Chile pocos canales de televisión captaron la sintonía concentrando el rating de las audiencias, precisamente porque cuentan con ingentes recursos económicos para controlar el mercado, no por la calidad de sus contenidos sino por una agresiva labor de marketing. En una competencia nada equitativa ni menos leal, los contenidos de las pantallas se fueron confundiendo y fundiendo con los intereses de patrocinadores y financistas. Prueba de ello, fue la gran huelga de trabajadores de Homecenter hace algunos años y que, pese a la trascendencia del movimiento sindicalista, no contó con la cobertura periodística de aquellos medios informativos donde pautaba publicidad el Grupo Falabella, una de las principales cadenas de almacenes de artículos para el hogar en Chile.
En diversas ocasiones como durante la campaña por el plebiscito las audiencias fueron testigo de cómo en Chile los dirigentes políticos mentían y sembraban el miedo sin ningún pudor respecto a los contenidos de la nueva Constitución que pondría fin a la Constitución pinochetista. Una profusa retahíla de argumentos contarios a la nueva constituyente buscaron influir en la decisión del votante incrédulo de la política o indeciso respecto de cambiar la Carta Magna de los chilenos.
Comunicacion y democracia
Observadores en Chile, consideran de vital importancia que el texto constitucional propuesto contenga en sus articulados el derecho a la comunicación que fue presentado por el Colegio de Periodistas de Chile junto a varios convencionales, propuesta que fue enriquecida y mejorada al calor del debate al interior de la Convención Constitucional que redactó la nueva Constitución.
El Artículo 82 consagra uno de los derechos más importantes como0 es la libertad de expresión, tan trastocada durante y después de los años de dictadura militar en Chile: “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Como consecuencia de este derecho deriva otro: “toda persona tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información”, según reza el Artículo 83 en su primer inciso.
Estos preceptos constitucionales en Chile establecen la prerrogativa ciudadana y de la sociedad en su conjunto a recibir y emitir información veraz por cualquier medio de difusión, reconociendo el rol de las redes sociales a la par de la televisión y la radio. Los medios digitales en Chile se han constituido en una amenaza de las falsedades disfrazadas de noticias -fake news- difundidas por los medios monopólicos tradicionales. La ley constitucional propuesta asegura que “el Estado respetará la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información”.
El Artículo 84 de la nueva Constitución establece que “el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario e impide la concentración de la propiedad de estos. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto”. Este artículo es frontalmente contrario a la constitución pinochetista aún vigente que solo busca concentrar los medios en pocas manos, por eso es tan importante que el Estado garantice esa pluralidad que el modelo torpedea. El artículo respalda la labor de diversos medios comunitarios, alternativos, regionales y populares que no pueden subsistir por falta de recursos. La disposición constitucional ahora busca democratizar el acceso a los medios para producir información y a la sociedad de recibir información veraz y plural.
Un aspecto importante es que el texto constitucional propuesto devuelve el rol de la academia en la comunicación y permite crear nuevos medios de la mano de universidades u otros entes del sector público, como fue antes de la dictadura militar en Chile, según el Artículo 85: “Existirán medios de comunicación e información públicos, en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población” y en su segundo numeral confirma que “estos medios serán pluralistas, descentralizados y estarán coordinados entre sí. Asimismo, gozarán de independencia respecto del Gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento. La ley regulará su organización y la composición de sus directorios, la que estará orientada por criterios técnicos y de idoneidad”.
Comunicación y cambio social
En Chile está claro que mientras existan y permanezcan en manos de sectores que resguardan sus propios intereses por sobre el interés general, seguirá siendo muy difícil empujar las transformaciones en pro de la mejora de la calidad de vida de las grandes mayorías. Un sistema informativo plural no solo fortalece la democracia sino que permite que la ciudadanía vote informada, lo que dudosamente pueda pasar esta vez, ya que los medios de comunicación de los grupos económicos han dado cabida una y otra vez manera grosera a las tergiversaciones y mentiras de quienes quieren perpetuar la Constitución pinochetista de 1980.
La batalla por la comunicación e información libre y democrática persiste en Chile, país que enfrenta el próximo 4 de septiembre el plebiscito para poner fin a los rezagos constitucionales de la dictadura militar. El pueblo chileno tiene la inmejorable oportunidad de dar vuelta la página a una historia de injusticia política y exclusión social. El camino no es expedito ni fácil, continúa más allá de este mes emblemático para los chilenos -septiembre- en el que todo lo trascendental ocurre para el país de la estrella solitaria.
Ese pueblo decidido y unido ya conoce la lección: unidad, organización y compromiso de la clase trabajadora, de los movimientos sociales, medioambientales, feministas, estudiantiles. Chile, en una sola voluntad, está llamado a continuar en la defensa y en la profundización del su sistema democrático.
La comunicación es principio y fin de ese proceso.
