Esa es la consigna de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ante la decisión de dos fiscales de llevarla a la cárcel por doce años e inhabilitarla para ocupar cargos públicos, por supuestas irregularidades en proyectos de obras públicas. El caso de presunta defraudación al Estado es conocido como el reciente lawfare -guerra judicial contra representantes políticos- tiene “un escalón superior en esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares, pero hay Partido Judicial, dan un paso más (…) esto no es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, y expuso: nada de lo que dijeron los fiscales fue probado”, señaló Fernández.
Desde organizaciones de derechos humanos se precisó que “el lawfare como doctrina busca por un lado correr del escenario político institucional a dirigentes populares, y por otro generar el terror social suficiente (a fuerza de represión) como para que el pueblo sienta que no podemos hacer nada, que no tiene sentido pelear, ni construir, ni buscar la unidad en la calle. El lawfare dejos de ser un tema judicial es una estrategia de guerra, de intervención, de colonialismo soft. Los poderes fácticos digitan, los medios hegemónicos instalan, el poder judicial reprime, persigue, censura”.
Respaldo institucional
La segunda mandataria argentina, durante el proceso suma cada día nuevos defensores a su causa. Un grupo de embajadores de Argentina en diversos países, emitieron una declaración de apoyo a la vicepresidenta y rechazaron el procesamiento planteado por dos fiscales: “categórico rechazo ante la ilegítima persecución mediático-judicial” en contra de la ex mandataria, y acusaron un “injustificable hostigamiento (…) en las causas que permanecen abiertas no caben dudas que las malas prácticas procesales procuran apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida política (…) habida cuenta de las innumerables irregularidades legales y procesales que signan estos casos, los firmantes exigimos que se tomen en consideración las conclusiones del informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019, las cuales cuestionaban la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de las causas”. La exigencia hace referencia a un pronunciamiento realizado en 2019 por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el jurista de nacionalidad peruana Diego García Sayán, quien indicó en su momento la existencia de presiones durante el gobierno de Mauricio Macri al poder judicial. La declaración diplomática sostiene “nuestro más sincero y fuerte apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y repudiamos categóricamente la persecución mediático-judicial para eliminar a los adversarios políticos”. El documento está firmado por los embajadores Ariel Basteiro (Bolivia), Rafael Bielsa (Chile), Daniel Capitanich (Nicaragua), Gustavo Dzugala (Colombia), Gabriel Fuks (Ecuador), Luis Ilarregui (Cuba), Oscar Laborde (Venezuela), Domingo Peppo (Paraguay), Daniel Scioli (Brasil), Carlos Tomada (México), Sabino Vaca Narvaja (China), Pablo Vilas (Honduras), Eduardo Zuain (Rusia) y Carlos Raimundi (OEA).
En el país del sur, un grupo de profesores, consejeros y directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó una carta abierta en defensa de Cristina Kirchner: “La razón principal es que somos profesores de Derecho y tenemos conocimiento de cuáles son las reglas y leyes que se aplican a un proceso penal, y por lo tanto advertimos fácilmente cuando hay una violación grave al debido proceso”. Según la misiva, lo que se advierte es “la privación del derecho abierto a declarar de Cristina Kirchner”, porque “cualquier imputado tiene ese derecho, independientemente de que sea su abogado el que realice la defensa”. El pronunciamiento agrega que “los fiscales y jueces que vienen actuando desde, por lo menos, 2009 en nuestra Patria, lejos de responder a las investigaciones que deben realizar, atienden del lado de la injusticia siendo titiriteros de instituciones, leyes y procesos judiciales a fin de obtener a como dé lugar una condena que respalde lo que con hechos no pueden demostrar”.
Defensa social
Diversas organizaciones sociales y sindicales, partidos políticos y gente del mundo de la academia también dieron su respaldo a Cristina Fernández y rechazaron las acusaciones contra la mandataria. La Liga Argentina por los Derechos Humanos repudió “la campaña de hostigamiento y persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la líder social Milagro Sala, el recién condenado dirigente sindical Santiago Goodman, los ex funcionarios Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el liguista y militante de la organización social Marina Vilte Javier Nieva y los muchos presos y perseguidos políticos”. La declaración agrega: “estamos ante un plan continental de neocolonización, orquestado desde el Pentágono y puesto en marcha desde la Embajada gringa en Argentina. Estos fiscales y jueces son mercenarios, los testaferros de las grandes corporaciones sojeras también responsables del genocidio de los pueblos precolombinos de nuestra Patagonia”.
El Partido Comunista de Argentina emitió un comunicado donde se expresó que el repudio al hostigamiento contra la ex presidenta y se señaló que “los fiscales y jueces corruptos, entrenados en los EE.UU y de probada relación con el gobierno y espacio político de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta al igual que todos los miembros del poder judicial vinculados a comodoro Py, una vez más utilizan el ‘lawfare’ cómo método perverso para perseguir, culpar y condenar -con causas armadas y sin pruebas- a la militancia popular (…) Este método se usa para perseguir, condenar y mantener presos políticos en nuestro país como la compañera Milagro Sala, criminalizar la protesta social y aleccionar a cualquier expresión política, social o sindical que con mayor o menor profundidad amenace el orden neoliberal. Desde el PC llamamos a mantenerse en estado de alerta y movilización para defender la democracia de quienes endeudaron, evaden impuestos, contrabandean y han causado la peor crisis política de la historia”.
La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, dio a conocer una declaración donde se sostuvo que esa organización se declara en estado de alerta y movilización y promover “una iniciativa tendiente a articular el bloque político y social que impulse el plan de lucha destinado a impedir la maniobra de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la criminalización de la protesta social”.
El Partido Comunista de Chile se sumó a la campaña en apoyo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y emitió un comunicado donde se apuntó que esta situación “pone en alerta que estemos ante una deliberada y aleve ofensiva mediática en contra de la destacada líder popular de su país, acompañada del intento de someterla a un eventual proceso judicial que no tiene otro sentido que dañar su imagen en la perspectiva de su vigencia e importancia para el futuro político de Argentina, tal cual ha ocurrido con otros liderazgos latinoamericano”.
El creciente apoyo a la segunda mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, queda resumido en una exigencia popular en su país: “No queremos ni indulto ni amnistía, sino justicia”.
