Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién manda en Ecuador, el crimen organizado o un Gobierno acorralado e impotente frente a la violencia? A pocos días de asumir el Secretario de Seguridad del Estado, Diego Ordoñez, el crimen organizado le da la bienvenida con un atentado sin precedentes en el suburbio de Guayaquil, sector de Cristo del Consuelo. “Se castigará a quienes pretenden generar caos en la ciudad por vía de actos terroristas”, ha justificado en rueda de prensa un desconcertado secretario de Seguridad Pública. Pese a lo anunciado, el decreto que debe recoger los detalles de las restricciones no se ha hecho público. “Tras 10 horas del evento y seis horas de anunciada la recompensa de 10.000 dólares no encontramos una sola llamada”, admitió también el responsable de la cartera de Seguridad.
Los hechos
El artefacto explosivo depositado en un saco de yute por dos sujetos que llegaron en moto provocó la muerte de cinco personas, una veintena de heridos e importantes daños estructurales a 8 viviendas, locales comerciales y dos vehículos. Según la policía, el atentado dinamitero fue perpetrado entre bandas que se disputan mercados locales de narcotráfico.
El Gobierno reaccionó a la zaga frente al atentado del narcotráfico en declaración del ministro del Interior, Patricio Carillo: “Es una declaración de guerra contra el Estado de mercenarios del crimen organizado, que han narcotizado la economía durante mucho tiempo. (…) Nos unimos para enfrentarlo o el precio será aún más alto para la sociedad”, reaccionó el ministro Patricio Carillo en Twitter.
Testimonios preliminares afirman que sujetos en moto aparecieron de madrugada en la zona del ataque y tras disparar varias veces, lanzaron un saco que después estalló y dejó la conocida como Calle 8 con un escenario de escombros, cables caídos y polvo. La investigación oficial apunta a que el atentado estaba dirigido a dos personajes relacionados con la organización criminal de Los Tiguerones, vinculada al narcotráfico en Ecuador: alias Cucaracha, residente de ese barrio, y alias Junior.
Situación oficial
La reacción oficial consistió en declarar a la ciudad de Guayaquil en “estado de excepción”. Como en casos anteriores, no hay una reacción previa de los aparatos de inteligencia policial ni militar para detectar sucesos que se estén planificando entre las sombras del crimen organizado. La ciudadanía permanece en la más absoluta indefensión frente a la amenaza del narcoterrorismo que ahora ya actúa en las calles con creciente violencia y no solamente en centros penitenciarios con acciones que buscan mantener en zozobra a la sociedad ecuatoriana.
La delincuencia en Ecuador ha elevado el tono de sus amenazas al Estado. El atentado se suma a la ola de violencia creciente desde hace dos años que ha roto la tranquilidad de la ciudadanía. En la primera mitad del año, Ecuador contaba ya 2.116 muertes violentas, cuando en el 2021 los homicidios registrados fueron 2.496. En la provincia de Guayas el ritmo de asesinatos es casi el doble que el año pasado.
Según el Índice Global de Crimen Organizado, Ecuador es poco eficaz para luchar contra los mercados criminales. El país ocupa una posición moderada en el Índice de Estados Frágiles (FSI) de 2020, con el puesto 89 a nivel mundial, lo que refleja la considerable fragilidad y vulnerabilidad del territorio nacional. Ecuador tiene una muy mala clasificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, con la posición 93 a escala mundial y una puntuación de 38. Los esfuerzos para contrarrestar la corrupción en el país han sido débiles, como se desprende de su puntuación de percepción de la corrupción, que prácticamente no ha cambiado en el 2022.
La percepción ciudadana es coincidente con la situación oficial. Las encuestas en los últimos tiempos mostraban que el 51,90 % de la gente confía o tiene algo de confianza en el Poder Judicial y que el 48,8 % confía en la Policía, más del 69 % de las personas encuestadas para un sondeo señalaron tener poca o ninguna confianza en el Gobierno, mientras que el 72,45 % no confía en las instituciones del Estado.
Ante este panorama institucional del país, queda pendiente la pregunta: ¿Quién manda en Ecuador, donde está el liderazgo que, por norma constitucional, corresponde al Gobierno central? Hasta que surja una respuesta convincente la ciudadanía se debate en el incertidumbre e indefensión.
