Los cargos públicos son como miel a las moscas que pululan en Carondelet, en tiempos de buscar chamba como sea y para las que sea. Y el régimen lo sabe y lo practica como baratillo de ofertas laborales a cambio de una lealtad que no se consigue de la noche a la mañana sino mostrando obsecuencia persistente, complicidad consecuente y otros favores. Esa es la lógica laboral del régimen pragmático que opera sin principios ni fines definidos, mientras el fin justifique los medios. El perfil del burócrata en tiempos de crisis calza como aniño al dedo en esta dinámica de buscar gobernabilidad a cualquier precio. Solo hay que ser rastrero, tener lomo de bisagra, cara dura, y sin rubor para las genuflexiones.
Buscando esa tan ansiada seguridad el régimen de Lasso, que se debe sentir muy inseguro rodeado de correístas como se ha dicho, ahora busca adláteres funcionales que no le hagan olitas al Gobierno central, ni dejen filtrar información incómoda para sus propósitos. Burócratas manualitos, a pedir de boca, que se acoplen sin vergüenza alguna a todos los oficios que oferta el régimen, desde pasar el café hasta pasar la noche en vela tramando quién sabe qué lawfare oficial o framing comunicacional a la orden del día.
Y un régimen inseguro, lo primero que hace es crear nuevos aparatos burocráticos encargados de temas de seguridad. Y eso es, precisamente, lo que ha hecho el Gobierno de Guillermo Lasso y crea la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado que, como todo ampuloso objetivo se propone -según decreto 514 firmado por Lasso- cumplir múltiples atribuciones. Entre otras funciones, coordinar y articular el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, elaborar políticas de seguridad; planificar el Sistema de Seguridad Pública; preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral; realizar seguimiento y evaluación a las políticas, planes y proyectos de seguridad; coordinar acciones de los órganos ejecutores de la seguridad pública; realizar investigación, estudios y análisis de seguridad; ejercer coordinación con el Centro de Inteligencia Estratégica; recomendar al Presidente Lasso convocar al Consejo de Seguridad Pública cuando circunstancias de crisis o conmoción nacional lo exijan; asesorar técnicamente el cumplimiento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado; elaborar estudios e informes, actuar como Secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, responsabilizarse de los archivos de la información clasificada, mantener informado al Presidente de la República sobre su gestión; coordinar con los GADs para lograr la articulación de la defensa nacional, el orden público y la seguridad, y las demás funciones que disponga el presidente Lasso establecidas en la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
Como máxima autoridad de la entidad fue designado Diego Ordóñez, quien se venía desempeñando como consejero presidencial. El cargo perfecto para el improvisado burócrata, dispuesto a ejercer cualquier oficio en el Estado que, como funcionario no calificado se contrata -como se suele decir- de inefable lentejero. ¿Qué sabe el señor Ordoñez de Seguridad del Estado, dónde estudió esa materia militar, qué diferencia hay con un mercenario de cuello y corbata?
Habrá acaso que buscar las respuestas en los textos de Kafka, cuya lógica kafkiana describe con notable precisión al burócrata en sus novelas El Castillo y El Proceso. En la primera, el personaje llamado K trata infructuosamente de llegar a las autoridades de un pueblo donde fue contratado como agrimensor, pero nunca lo logra. En el segundo caso es arrestado por una razón que desconoce y nunca llega a enterarse, pero el proceso continúa. En este sentido, las dos novelas son el mejor ejemplo de lo que es la burocracia. Un burócrata es un empleado de una organización jerárquica que tiene el objetivo de proveer servicios públicos a veces en forma gratuita -ejército, policía, hospitales-, otras a cambio de un determinado pago. En ausencia de un control de eficiencia por medio de los resultados económicos las burocracias tienden a reducir sus riesgos e introducir rutinas inflexibles y difíciles de cambiar. La burocracia estatal no compite ya que es monopólica y, solo responde a sus propias necesidades oficiales; a cambio, los burócratas no reciben sus ingresos de los clientes de sus servicios sino de los representantes que aprueban los presupuestos, quienes se vuelven entonces sus clientes. El burócrata intentará demostrar que su presupuesto no debe ser reducido en épocas de menores ingresos fiscales y que deberá crecer en las de bonanza. Y si la amenaza de reducción es inminente tiene a mano un arma dolorosa para quien decida hacerlo: reducir el servicio más fundamental e importante que brinda. Ante un recorte de presupuesto la policía no reducirá sus gastos administrativos sino las rondas de vigilancia que son muy visibles y realmente valoradas para la seguridad de la población.
En el caso de la flamante Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, ésta tiene como cliente al propio primer mandatario que compra seguridad a cambio de estipendios o lealtades previamente establecidas, para lo cual el inefable burócrata contratado como jefe de la entidad cumple a las mil maravillas con el perfil requerido.
Lo que sí es seguro en el nuevo aparato burocrático de Seguridad del Estado es que, como en otras instancias del Estado criollo, los servicios provistos por estos funcionarios han dejado de ser servicios públicos tradicionales como seguridad y justicia, y consisten en buena medida de bienes privados a través de redistribuciones y transferencias, con un impacto en la actividad porque aumenta la demanda de favores y, a su vez, la posibilidad de actos discrecionales o de corrupción.
