La resolución de la Asamblea Nacional de aprobar un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, luego de haber desechado otro enviado por el presidente Guillermo Lasso, ha puesto en la palestra el debate sobre la regulación y autorregulación de la comunicación. Las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional plantean disposiciones sobre la regulación de la actividad mediática, en contraposición a la posición del mandatario y de los grandes medios de comunicación, que proponen que basta con la autorregulación.
La historia de derechos en este campo, desde la óptica liberal se remonta a siglos atrás y ha llevado finalmente a los organismos internacionales de Naciones Unidas a consagrar el derecho a la libertad de prensa, de expresión y de información, que se ejercen generalmente en los medios masivos impresos y electrónicos. Sin embargo, esos postulados no contienen o no desarrollaron con el énfasis necesario los derechos de la sociedad civil. El debate de esta óptica no se inicia sino a mediados del siglo pasado, cuando foros de la sociedad civil internacional, constataron un desequilibrio mundial en la difusión de información que favorece a las transnacionales de la información, en perjuicio de los países subdesarrollados. Ese proceso ha dado lugar al nacimiento del derecho a la comunicación, el derecho ciudadano a una información contextualizada, el derecho a la protección de la honra, a la privacidad, a la expresión de las diversas culturas, a la réplica y a la rectificación, entre otros. La aparición reciente de fenómenos como el law fare, el framing y la judicialización de la política también han contribuido al debate sobre la necesidad de regular la comunicación.
El tema fue analizado esta semana en el programa La Oreja Libertaria -producción del Colectivo Espejo Libertario- que se transmite los días lunes a las 19h00 por Radio Pichincha, con la conducción periodística de Luis Onofa y Leonardo Parrini, con los invitados Francisco Sierra Caballero, ex director de CIESPAL, desde Buenos Aires, y con Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Andina de Quito.
Consultado acerca de la necesidad de regular la comunicación, Reyes manifestó: “definitivamente la regulación es necesaria, puesto que los derechos a la comunicación no son absolutos tienen límites, en ese sentido cuando la acción de comunicar puede lesionar derechos de personas o grupos sociales, es importante que exista un marco normativo que ponga coto a ese violentamiento que se da a través de los medios de comunicación. En ese sentido sí le corresponde al Estado y a la sociedad civil velar porque esos derechos no se violenten”. Los argumentos de que los medios in formativos pueden autorregularse no son sino ideologemas que intentan evitar la existencia de un marco normativo que existe en muchos lugares del mundo y que toma distintas formas con el propósito de proteger derechos humanos.
En el campo internacional, la regulación de la comunicación tiene un rumbo dado por los gobiernos desde tres elementos indicadores, señala Sierra, “la posibilidad de pluralizar el sistema en Uruguay y Argentina, garantías no solo para los comunicadores sino para la ciudadanía, a través de defensorías; en Ecuador como en otros países hay que regular la comunicación y no pueden ser las empresas mediáticas las que establezcan el marco de regulación sobre su propia actividad”. La autorregulación desde hace más de un siglo no garantiza el derecho a la comunicación.
La auto calificación de los medios informativos es otro componente polémico cuando se dice que la prensa es «el cuarto poder del Estado», cuando está conformada por empresas privadas, fundamentalmente; cuando la prensa “libre y objetiva” está compuesta por empresas cuya finalidad es el lucro y encabezan la mercantilización de la información, nos topamos con un sistema hegemonizado por intereses empresariales, en Ecuador nueve de cada diez frecuencias audiovisuales están en manos de medios privados”. Ha faltado voluntad política para llevar a cabo una distribución equitativa de los espacios de las frecuencias; en tal sentido, el régimen de Moreno anuló el concurso de frecuencias que se había hecho en el gobierno que le precedió y legitimó así la asignación de frecuencias por quince años a los grandes medios empresariales. Ese pacto entre el poder político y el poder mediático robusteció el poder de la prensa y los medios se convierten en “aparatos ideológicos del Estado”, de un Estado dominado por fuerzas antiestatales y empresariales que plantean la necesidad de invalidar al Estado para que no pueda regular los procesos sociales que quedan en manos privadas. Es una suerte de caricatura el hecho de que la prensa en los siglos 18 y 19 pudo haber jugado un papel de crítica frente a los modelos absolutistas que desde el autoritarismo aristocrático dominaban a la sociedad, esto se fue perdiendo en el tiempo -señala Reyes-, el rol de los medios privados fue un rol de acumulación de ganancias para sus empresas y un desobligo de su responsabilidad para con la sociedad. Se perdió, de esa manera, el concepto de que la comunicación es “un servicio público”, fundamental para entender el rol de la comunicación en la sociedad contemporánea. Unido a la idea de que la comunicación es “un derecho humano”, que no debe servir sino como un negocio, aquello deriva en que, al estar ligado a la idea de la libertad de expresión, dicho negocio no debe ser regulado por el Estado ni fiscalizado por la sociedad civil.
En América Latina la auto regulación de la comunicación tiene “un balance en claroscuro porque hay países como Ecuador el que hay un retroceso de derechos en el campo de la comunicación -señala Sierra-, en cambio en Argentina se está reconstruyendo un proceso de desinstitucionalización de la comunicación. Otros países han vivido “una época nefasta como es el caso de Brasil y Colombia”. Ha existido “debilidad en los procesos normativos, como en el caso Ecuador, esto pasa por la movilización de la ciudadanía y de los profesionales que son un sector reaccionario desde el punto de vista del derecho a la comunicación (…) Se sigue regulando contenidos, cuando la infraestructura es importante en la era digital”. Frente a la negativa de los medios a ser regulados, “es necesaria la regulación -manifiesta Sierra- y aquellos que se oponen defienden la posición de “la tierra de nadie”, allí donde no hay ley impera la fuerza del dominante, los editores no están de acuerdo con la regulación porque implica, por ejemplo, poner límites a la publicidad o transparentar la publicidad del Estado, obligar a la calidad de ciertos contenido, por tanto, el modelo decimonónico, obsoleto, debe ser regulado porque los medios están en un ámbito público y están en una actividad privada y lucrativa. En la comunicación se construye la ciudadanía, las identidades y la cultura que no puede estar a expensas de actores privados y en situación de privilegios monopólicos que deben ser regulados, y la regulación no significa necesariamente censura sino establecer límites, garantías y contrapesos de dominio público que sean democráticos y garanticen de hecho que se ejercen cabalmente.
Se requiere movilizar a la ciudadanía en torno a estos postulados y para que esto ocurra -señala Reyes-, “se debe fundamentalmente generar un mayor debate público, puesto que los medios privados no han prestado atención al proceso de aprobación de la ley de comunicación durante más de trece meses (…) luego comenzaron una gigantesca campaña para deslegitimar y desprestigiar el rechazo al informe de mayoría, que es una oda a la auto regulación de los medios privados, y atacar el informe de minoría que recoge aspectos vinculados con la democratización de la comunicación”. En esta campaña sin escrúpulo de desprestigio, “los invitados a los medios siempre fueron los mismos y no hubo contrastación y una mirada plural sobre el tema, es decir, no se debatió (…) en tal sentido, ha tocado a medios alternativos tratar de hacer un contrabalance a esta gigantesca campaña de desprestigio de las reformas y ofrecer a la ciudadanía argumentos contrapuestos que enriquecen a la sociedad”. Por mala fe o falta de una lectura profunda, cuando se menciona que es una ley mordaza no se está leyendo la ley que impide la censura previa. La responsabilidad ulterior implica responsabilizarse de lo emitido a través de los medios, esto hace evaluar la violación de un determinando derecho y sancionarlo.
El buen periodismo, desde una acepción democrática de la comunicación, es un servicio a la gente; el periodismo de información y de opinión debe servir y deberse a la gente con aplicación de parámetros profesionales. La “escandalización de la comunicación” para mantener cautivo a los públicos afecta gravemente a la calidad del buen periodismo. La misión fundamental del periodista sigue siendo buscar la verdad y para aquello se requiere investigación, que implica valentía y remar a contracorriente. Esto es válido para el periodismo informativo, puesto que, la opinión no está sometida a los principios de verificación investigativa.
Lo que en definitiva está en juego en el debate de la regulación de la comunicación, es la defensa de prebendas que tienen los medios privados en el país; las reformas aprobadas recogen de manera integral la visión de los derechos de comunicación e información, pero junto con la necesidad de políticas públicas, redistribuir más equitativamente las frecuencias y la publicidad y propaganda oficial entre todos los medios comerciales grandes y pequeños, así como hacer acciones afirmativas para garantizar la sostenibilidad de medios comunitarios. Todo esto molesta a las corporaciones mediáticas privadas apropiadas de privilegios, en ese sentido hay intereses económicos en juego, no hay una idea de defender a ultranza la libertad de expresión desde un puesto de vista liberal, lo que está en el fondo es la defensa de las prerrogativas económicas, financieras y políticas que tienen los medios privados en Ecuador, concluyen los invitados.
