Cuando el río suena, piedra trae. Este viejo adagio popular bien representa lo que sucede en los círculos de la derecha política y sus voceros mediáticos ante la posibilidad de que la Asamblea Nacional dé paso una Ley de Comunicación contraria a los intereses de los monopolios de la información y regule los excesos mediáticos en favor del derecho a la ciudadanía a estar bien informada.
En la Asamblea Nacional se discutirá en las próximas horas el tema y al momento no existirían los votos para aprobar el «informe de mayoría de la comision pertinente» de la “ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la Comunicación, que recoge la propuesta del Ejecutivo y de otros legisladores”. La propuesta del Ejecutivo de que “no habrá responsabilidad penal en el escrutinio realizado por periodistas, medios de comunicación u otra persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión, respecto a temas que versen sobre el desempeño o gestión de los funcionarios públicos”, corre el riesgo de no aprobarse en la Asamblea Nacional. En cambio, se discutirá un «informe de minoría el cual señala que habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona”. El informe de mayoría impulsa la capacitación de los medios para la autorregulación y en el informe de minoría se buscan otros mecanismos de regulación y establece que debe mantenerse el porcentaje del espectro radioeléctrico como es el 33 % para medios públicos, 33 % para medios privados y 34 % para medios comunitarios.
La reacción de la prensa mercantil no se hace esperar en rechazo a la posible aprobación de una ley que garantiza el derecho a la verdad contra los monopolios informáticos y ejerce el control de la comunicación para evitar excesos. Francisco Rocha, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, dijo que “los medios no necesitan una ley de comunicación”. En tanto, Alfonso Espinoza de los Monteros editorializó en Ecuavisa que “es una ley mordaza propia de mentes dogmáticas, manipuladores de prensa contra la libre expresión”. Lo que fue corroborado por el legislador oficialista Fernando Villavicencio al decir que se trata de “una ley de comunicación punitiva, con censura previa, como en los viejos tiempos: que persiga delitos de opinión; que otorgue a funcionarios del Estado la atribución de decidir qué se publica y que no”.
Lo cierto es que el país se juega la posibilidad de tener una Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que establezca la responsabilidad de los medios informativos frente a los públicos del país, que impida que a nombre de un libertinaje periodístico se convierta a los medios en actores políticos alineados al poder de la derecha, se publique cualquier cosa. O se juegue con la honra de las personas, sin control del acoso mediático, y quede sin regulación la interpretación de la realidad o irrealidad nacional en crónicas, reportajes, boletines o entrevistas, géneros periodísticos que deben servir para informar y no para especular con fake news.
La pregunta que periodistas y públicos debemos hacernos es: ¿para qué sirve una ley de comunicación?
La respuesta está implícita en el daño que hace a la democracia una prensa cómplice con las autoridades a la hora de publicar noticias falsas. Al respecto, el analista Hernán Reyes señaló en Radio Pichincha: “La prensa se ha denominado a sí misma el quinto poder, generando la imagen de que fiscalizaba al poder político y con el tiempo los periodistas se fueron convirtiendo en jueces y generando opinión pública, de ese modo se va distorsionando el rol de la prensa y se va mercantilizando; cuando se va acercando al poder político y se vuelve un poder fáctico en sí misma, ese rol fiscalizador del poder, queda a un lado, y se generan acciones de complicidad, acciones de blindaje y cercanía con quienes detentan el poder en contra de quienes quieren modificar esa situación, y no se puede develar el daño que una mala prensa puede causar a un sistema democrático”.
En la sociedad los medios ejercen el derecho a sobrevivir de la pauta que contratan las empresas privadas y públicas, no obstante, eso condiciona la línea editorial de un medio porque se superponen los principios profesionales y códigos éticos a los intereses de las granes empresas y grupo de poder. “Hay la independencia editorial y si un medio decide difundir noticias, la publicidad no debe interponerse a la acción del medio y a su “autorregulación” que permita hacer un buen periodismo”, señala Reyes.
El buen periodismo no implica un periodismo exitoso necesariamente, significa “hacer un periodismo que busque como misión fundamental la verdad, esto se olvida en las universidades. No se trata de saber contar bien la historia”. En nuestro país el amarillismo que espectaculariza la noticia, otorga notoriedad al periodista y vende como objetivo final de la prensa mercantilista. Contrariamente, el buen periodismo debe dar elementos a los públicos para tomar decisiones sobre en sentido político, “por eso democracia y medios de comunicación están juntos”, en opinión de Reyes.
Si un canal de televisión, radiodifusora o prensa escrita no permite una ciudadanía bien informada, sucede lo que está pasando en el Ecuador: “la ciudadanía está atravesada por estímulos que les hace reaccionar de manera emocional, hay una enorme polarización en la política, e ignorancia de los temas fundamentales que deberían preocuparnos y esto va produciendo desafección política, es decir, un repudio creciente que los mismos de siempre sigan ocupando los puestos de siempre en nuestra sociedad”, indica el analista.
El escenario del periodismo de hoy es distinto al de antes, la tecnología permite la inmediatez, y con ello una competencia dentro del marketing entre medios tradicionales y nuevos medios en las redes sociales que han creado la idea de que cualquier ciudadano puede producir información. “Esto es complicado -señala Reyes- porque vivimos la sociedad de lo efímero, antes los medios daban espacio al lector y estaban bien informados. En lo efímero todo es rápido, lleno de contenidos cortos, y los periodistas se confunde con influencers que dicen lo que les da la gana y pueden saturar de odio la sociedad, frente a un periodismo que debe ser autorregulado y regulado cuando existen en exceso”. Los periodistas se mimetizan y ocultan sus huellas, “cometen un crimen perfecto, no dejan indicios de que han estado mintiendo” y de que estar sirviendo a intereses extraños, entremezclados con los poderes económico y políticos.
En tal sentido, la autorregulación de la prensa es un mito que surgió, a partir del giro del presidente Moreno que dejó en acefalia a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y eliminó a la Superintendencia de Comunicación, Supercom, que “había cumplido un papel cuestionable, mancillando la necesidad de una ley de comunicación y la gente confundió la censura con la necesidad de regular la comunicación”, por ejemplo, contenidos violentos o discriminatorios. Luego, el presidente Lasso propuso un proyecto de reformas a la comunicación que decía se deje de lado la LOC y que los medios se autorregulen, y “deja en soletas la posibilidad de que los medios comunitarios puedan tener el espacio que se merecen como voceros de sectores que tradicionalmente han sido invisibilizados, el informe de mayoría deja en la nada a los medios públicos a los cuales destruyó Moreno y Lasso está haciendo lo mismo”.
La comunicación pública corre la misma suerte, mientras los medios monopólicos hacen lo que tengan a bien con un mal trabajo que “ha naturalizado el mal periodismo que lleva profundos contenidos de odiosidad que han generado la polarización en la sociedad”. Reyes sugiere que “hay que separar la función de los periodistas de la función de los medios. No es lo mismo. Hay periodistas que se acoplan a malas políticas editoriales y hay otros que cuando su profesionalismo choca con la línea editorial tienen que separarse del medio”.
La objeción de conciencia es un derecho que tienen que ejercer los periodistas si es que se quiere valorar una profesión tan efectiva y necesaria para la democracia. Y esa democracia está en peligro cuando proliferan los fake news. La reciente mentira mediática en torno al financiamiento de la protesta social por el narco tráfico, nació de boca del ministro Carillo y del funcionario Cobo, luego se reprodujo en boca del presidente Lasso. Frente a este bulo concebido por “algún asesor deschavetado” que puso en bandeja al gobierno la forma para desprestigiar a la protesta social, debe ser debidamente demostrado. ¿Si la Conaie tiene tanto dinero del narcotráfico, por qué no usa armas sofisticadas si se trata de crear violencia para botar al Gobierno y solo sale con ramitas de árboles a protestar a la calle? Los calumniadores oficiales no se preguntan aquello y tienen la obligación de probar lo que afirman en lugar de lanzar cálculos estrambóticos de quince o veinte millones de dólares para tratar de ver cuánto costó la protesta social. Contrariamente, el gobierno debe responder sobre varios casos de corrupción que no han sido tratados ni profundizados por aquellos medios que le blindan, como el caso de los narcogenerales que hace conocer la embajada de EEUU o los “pandora papers” que comprometerían al presidente. La ciudadanía debe pedir cuentas a periodistas y al Gobierno que deberían salir públicamente lesionados y pedir disculpa al pueblo. El poder olvida los excesos que comete y no hay mecanismo que lo obligue a responder, mientras el cinismo campea.
Para eso sirve la Ley de Comunicación. Para que los medios se sujeten a la verdad de los hechos y la ciudadanía tenga el derecho de estar bien informada, más allá de los intereses de los grandes grupos de poder político y económico que los auspician.
