Ecuador entró en un punto de inflexión respecto de la realidad nacional y sus perspectivas, a propósito de unas “mesas de diálogo” que, se supone, buscan soluciones a los acuciantes problemas que aquejan a la mayoría de los sectores populares. Para analizar el tema, el programa La Oreja Libertaria, producción del Colectivo Espejo Libertario que se transmite los lunes a las 19h00 por Radio Pichincha con la conducción de los periodistas, Luis Onofa y Leonardo Parrini, contó esta semana con la presencia del economista Alberto Acosta Espinoza, ex ministro de Energía y analista económico.
Considerando como punto inicial que, los marginados del campo se movilizaron y recibieron el apoyo de los desheredados de las ciudades, tanto fue así que el Gobierno en forma pública admitió que «no se había ocupado del campo y prometió rectificar», aunque lo dijo en forma tardía. El régimen tiene una alta responsabilidad en estos acontecimientos, según Acosta, quien sostiene que “vivimos una situación de mucha incertidumbre, sobre todo en la incapacidad del gobernante de trazar un horizonte para decirnos a dónde nos quiere llevar, el presidente Lasso no ha tenido la capacidad para sintonizar con la sociedad”.
El país no está, precisamente, atravesando un momento de una simpe crisis, sino que Ecuador y el mundo se encuentra en una situación extremadamente compleja, es una crisis internacional que se agudiza por diversas razones, desde hace mucho tiempo el país viene atravesando problemas estructurales no resueltos: el patriarcado con fuerzas reaccionarias que relanzan las tesis más perversas, cuando se impide que la mujer tenga la posibilidad de tener autonomía sobre su propio cuerpo. La colonialidad, que en medio de la protesta “ha recrudecido en la forma de racismo y xenofobia que han aparecido con una fuerza brutal”, señala Acosta. La inequidad como una creciente pobreza, la brecha entre ricos y pobres aumenta aceleradamente. Estos son problemas que no han sido resueltos desde hace muchas décadas y que se han agudizado en la actualidad. El país atraviesa “una situación económica en extremo compleja, una situación social en extremo explosiva y tenemos una falta de liderazgo para decirnos hacia dónde va el Ecuador”.
Existen, sin embargo, otras fuerzas políticas que están dando señales de que se puede transitar en otra dirección, esas otras fuerzas políticas son en el ámbito popular los movimientos sociales que están lideradas por el movimiento indígena, muy diverso y sólido, que aglutina a otras fuerzas. En cambio, desde los sectores progresistas no se ve con claridad hacia dónde quieren llegar, “están entrampados en las redes de la legislatura, en una coyuntura que no augura mejores días”, porque quieren la vieja lógica política, cuando la política está donde debería haber estado: en las calles y en las plazas. Desde esa posibilidad de acción política, se ha puesto al presidente Guillermo Lasso en unas mesas de diálogo en donde él, personalmente, no quiere estar.
Valor del diálogo
El diálogo -señaló el invitado-, no es sentarse a conversar y oír lo que el otro dice, es un ejercicio democrático que demanda respeto para valorar lo que las partes proponen, no se trata de una socialización de ideas de los dos lados. Dialogar implica un acercamiento respetuoso a las tesis de la contraparte y eso se procesa en una mesa de diálogo. El diálogo debería ser la esencia de la vida política nacional; es fundamental escuchar y hacer un esfuerzo para entender las propuestas de la contraparte y tratar de llegar a acuerdos. En el país nos falta cultura del diálogo, no tenemos la capacidad para dialogar por aquella posición patriarcal, el macho es el que lidera y de ahí surgen los caudillos como los únicos que tienen las respuestas y pueden hacer los cambios. Tenemos la colonialidad, el irrespeto permanente a lo que viene desde el mundo indígena y desde el mundo afro, siempre se los ha visto como “minusválidos intelectuales”. Esa es la tragedia de la colonialidad, tratamos de emular situaciones ajenas a las nuestras y menospreciamos las propuestas propias. En ese escenario el diálogo se vuelve mucho más complejo y más urgente. Lasso no abrió oportunamente la puerta al diálogo, nos habríamos ahorrado muertos y pérdidas materiales. El responsable directo de tanta muerte, destrucción y pérdida es el presidente Guillermo Lasso por su incapacidad para dialogar. En concreto, frente al diálogo tan difícil de llegar a realizar, hay un presidente que está ausente de las mesas y el rato que empieza el diálogo comienza con acusaciones totalmente infundadas que la movilización popular fue financiada por el narcotráfico, sugiere Acosta.
La gran pregunta que el país se debe hacer: ¿A quién beneficia y perjudica políticamente el dialogo, a los que quieren soluciones a los problemas populares o a quienes buscan imponer sus tesis neoliberales? El diálogo es un proceso interesante, más allá de sus resultados, porque permite reubicar la política en el terreno donde tiene que estar: en la lucha popular y política, y no entrampado en las burocracias, en la legislatura, ni en las grandes cámaras de la producción que, este rato, ven con enorme preocupación que no les hayan convocado al diálogo, ellos no necesitan estar ahí, porque tienen entrada directa donde el presidente de la República.
El país esta secuestrado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por los acreedores de la deuda externa que nos imponen condiciones de política económica y política social. El economista Acosta señaló que “la prioridad económica siempre debería ser atender las demandas del ser humano, no puede haber una economía que sacrifique las necesidades de las personas para dizque conseguir mejores resultados en el futuro, hay que hacer el mayor esfuerzo posible para que la situación del ser humano no se vea afectada por las condiciones de la política económica”. Hay que trabajar “en clave de justicia social y en clave de justicia ecológica”, ninguna de las dos puede ir aislada. Si hacemos solo un ejercicio ecológico estaríamos haciendo casi un juego de jardinería, las dos cosas deben ir complementarias. Si poner “la casa en orden” es, simplemente, arreglar las cuentas fiscales para quedar bien con el FMI y los acreedores de la deuda, no es suficiente. La economía ecuatoriana tiene problemas estructurales y coyunturales, pero a diferencia de lo que sucedía en octubre del 2019, la economía tiene hoy algunas posibilidades de recursos económicos. La reserva monetaria internacional está bordeando los 10 mil millones de dólares.
¿Para qué se necesita una reserva monetaria tan alta si la miseria y la pobreza aumenta? Ecuador está logrando una reducción del déficit fiscal, por un lado, disminuyendo la inversión social y gracias al incremento de los precios del petróleo. Ha bajado el déficit de un 5% a un 2% del PIB, desde la lectura de la macroeconomía neoliberal eso es un logro, pero la pregunta es cómo se consiguió, a costa de qué se consiguió y cuáles son los sacrificios. La pandemia nos sirvió para ver la realidad de lacerantes desigualdades y brechas gigantescas que han aumentado. La pobreza ha aumentado sobre todo en el campo, entonces recién se explica por qué se dieron esas protestas tan masivas.
Subsidio de los combustibles
Hace 50 años arrancó la explotación petrolera. El precio de los combustibles tenía que ser bajo, pero en el tiempo genera una serie de distorsiones más allá de lo explosivo que es cambiar los precios de los combustibles, porque éstos terminan favoreciendo a los que más ganan que son los que poseen vehículos de alta gama. Eliminar los subsidios de la noche a la mañana provoca graves impactos a los que tienen más. Es preciso transparentar las cifras y ver si realmente hay subsidio. Desarrollar una estrategia de transición energética es urgente en el país, transitar de una economía dependiente del petróleo a una economía post petrolera, tanto para obtener recursos como para entender la mezcla energética. Los subsidios, deben ser focalizados en el transporte público y destinar recursos a ese tipo de movilidad. No se trata de tener vehículos eléctricos privados, sino transporte publico eléctrico o a Diesel.
La mirada a la agricultura
El 60% de lo que consumimos en alimentos proviene de los sectores campesinos, más del 30% de la población económicamente activa está en el agro, que es un sector abandonado por los gobiernos desde hace mucho tiempo, sin políticas agrícolas. Esto nos obliga a volver la mirada a la realidad del agro: la pobreza en el campo es el 53% y la miseria extrema de un 29%. Las necesidades básicas insatisfechas en el campo son de un 52%. El costo de la canasta básica es de 735 dólares y el salario mínimo vital es de 420 dólares, el ingreso promedio de un campesino es de 200 dólares. En el campo hay desnutrición crónica infantil lacerante en un 38% y en el cantón Guano es del 62%. A los campesinos se los ha venido especializando para que sean “productivos y competitivos”, con productos que tienen poco acceso al mercado, y así descuidan sus chacras que les garantiza una alimentación más diversa.
Esto remite a la necesidad de una profunda transformación agraria, para asegurar el acceso del campesino a la tierra y al agua. Una reforma agraria que elimine la pobreza estructural que genera miseria y exclusión. El campesino tiene dificultades para colocar sus productos en el mercado y las intermediaciones terminan perjudicando a los indígenas de la Amazonía, de la Sierra y de la Costa. El campesino ecuatoriano no tiene acceso a la tecnología y se le quiere rebajar el precio de la urea, parece razonable. Es preciso pensar en una economía campesina agroecológica y en el acceso a los créditos. En las mesas de negociación se busca una restructuración de las deudas, pero hay cientos de campesinos que no tienen títulos de propiedad, entonces no pueden acceder a créditos y las comunidades tampoco son sujeto de crédito. La realidad del agro implica un proceso profundo de transformación agraria enfocada en la soberanía alimentaria, que significa asegurar al campesino el control de su cadena productiva, liberándolo de los monopolios y oligopolios. Hay una sola empresa que controla en el país más del 60% del mercado de la carne. Pronaca mantiene una cadena de control desde el productor hasta el consumidor, atados en la lógica de acumulación del capital. La soberanía alimentaria es el derecho del productor a controlar su producción y el derecho de los consumidores a controlar nuestro consumo. Mientras no se resuelvan estos problemas, en el agro habrá motivos suficientes para la protesta y la movilización.
Inversión en salud, educación y seguridad
Los recursos provenientes del excedente petrolero “se destinan en atender la deuda externa, no para asegurar egresos suficientes en temas vitales de salud, educación, seguridad social y vivienda popular sino para tener una reserva monetaria alta y decir al mundo que confíen en nosotros, a pesar de eso, sube el riesgo país”, señala Acosta. Los recursos de la reserva monetaria deben destinarse a la atención de las demandas de la sociedad. Si no había protesta no se declaraba estado de emergencia en la salud, para eso nos sirvió la protesta, hubo cambios en varios campos que obligaron al Gobierno a sentarse a negociar. La protesta es una explosión democrática que hay que valorarla adecuadamente.
Crecimiento económico para qué
El crecimiento económico no es suficiente ni indispensable, señalan algunos analistas. El gobierno está empeñado en conseguirlo a como dé lugar, sin importar el impacto social y ambiental. La economia ecuatoriana creció vertiginosamente al comienzo de la era petrolera, había índices de crecimiento del 9% y la industria crecía al 10%, terminamos ese crecimiento y entramos en una grave crisis agudizada por los problemas de deuda externa. En el segundo boom petrolero, desde el 2007, los resultados son similares. Es momento de comenzar a reflexionar sobre qué significa el crecimiento económico, para quién, cuál es la sustentabilidad de ese crecimiento económico, sugiere Acosta. Si crecemos por exportaciones petroleras aupadas con endeudamiento externo, podemos tener resultados “interesantes” por un tiempo, pero se acaban esos recursos y se derrumba la economía. Frente al crecimiento económico amerita hacer realidad las palabras de un pensador chileno que decía, “puede haber un crecimiento económico bueno y un crecimiento económico malo, que todo depende de las historias sociales y ecológicas de cada uno de los procesos, es preferible crecer poco pero bien, a mucho pero mal”. El crecimiento económico es un indicador que da muchas pautas, pero oculta muchas otras. Pensando en la verdadera posición de la economia, ésta no puede ser el eje de todo, tiene que estar al servicio del ser humano. Es preciso identificar prioridades en un ámbito que es fundamental, el empleo, y ver dónde se genera. La minería genera el 0,4% en relación a la población económicamente activa, el agro genera más del 30%, las pymes generan el 90% del empleo. El régimen propone “ser competitivos» y nos impone la flexibilización laboral y ambiental. El país debe pensar en otros mecanismos, cómo bajar las tasas de interés, el costo del dinero es demasiado elevado, en una economía dolarizada es intolerable el nivel de las tasas de interés elevadas. Se requiere políticas de mercado y establecer un gran ente financiero de banca pública estatal y otra banca pública no estatal con el Biess, e incorporar a los sectores populares a las cooperativas de ahorro y crédito para que los recursos lleguen a los pequeños productores del campo, esos mecanismos configuran un escenario deferente.
De cara a las perspectivas de un futuro inmediato, quien gana más y quien tiene más tiene que contribuir más al desarrollo. Japón no tiene materia prima y ha resuelto sus problemas Uruguay y Costa Rica no tienen recursos naturales, y sobreviven. Hay que revisar los 50 años de explotación petrolera para no seguir en la misma lógica -sugiere Acosta- y comenzar a prepararnos para tomar decisiones adecuadas en relación a la minería. Si entran en funcionamiento los 7 proyectos mineros grandes en el país, en 50 años pueden generar por exportaciones 132 mil millones de dólares y al Estado le quedan 27 mil millones de dólares es decir 876 millones de dólares al año. Las mineras no pagan el agua y reciben tarifas de electricidad subsidiadas, la infraestructura de transporte la construye el Estado. No se reconocen pérdidas productivas artesanales y de ecoturismo a las comunidades. Para exportar 132 mil millones de dólares en productos mineros hay que mover desde el subsuelo más de cinco mil millones de toneladas de tierra y eso significa que alguien tendrá que hacerse cargo de ese material, el monitoreo se calcula a 3 dólares por tonelada y en total son 15 mil millones de dólares.
Frente al futuro, Ecuador debe reconsiderar el pasado. Es urgente y necesario abrir todos los espacios posibles para discutir estos temas en un auténtico diálogo.
