El papel aguanta todo mientras las letras sirvan para jugar con las palabras, y cuando el abecedario es un juguete la política se convierte en un juego de abalorios. Recientemente el Gobierno valiéndose de un vocero, un medio y un tiempo oportuno difunde un nuevo oropel económico: el ABC del plan de reactivación económica. El encargado de difundir el lúdico artefacto propagandístico es el propio ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, quien se presenta en televisión socializando la flamante propuesta. Arosemena deletreando, indicó que ABC significa: Asegurar gasto social, Bajar costo de la vida y Crecer la economía y obra pública. Una trilogía lingüística que llevará a la mesa de diálogos con representantes de la CONAIE, sin tomar debidamente en cuenta que los líderes indígenas han hecho diez demandas específicas que exigen del régimen respuestas concretas y no un deletreo abstracto. El ministro de Economía y Finanzas, en otra afirmación aparentemente desprovista de realismo, promete que “en los próximos días sentiremos cómo circula la inversión social en el país”. Afirmación a todas luces ampulosa, puesto que no considera que la inversión privada no depende de las intenciones de un político, sino de las condiciones concretas para recuperar la inversión y capitalizar el dinero invertido. Dos aspectos económicos que el régimen no necesariamente garantiza, según los propios miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano que han mostrado reparos frente a las nuevas cargas impositivas -no obstante que, Arosemena promete “aumentar recaudación tributaria sin necesidad de subir impuestos”-; y al veto del proyecto de ley Orgánica para la Atracción de Inversiones que el Gobierno envió a la Asamblea, el 22 de febrero de 2022, con el que busca captar hasta USD 30.000 millones en capitales privados hasta 2025, montó del cual se desconoce qué cantidad se viene cumpliendo hasta la fecha.
En el ámbito de las promesas, Arosemena afirma que “de cara al futuro tenemos recursos asegurados para un plan de obras públicas, salud, educación y seguridad”, sin precisar rubros, montos o fechas de ejecución. Sobre los ingresos extraordinarios por el incremento del precio del petróleo, precisó que “hay que ser cautos y realistas en este tema porque la fluctuación de estos valores es variable en el mercado internacional y así como el precio ha subido, también ha bajado en algunos períodos”, dando a entender que el excedente petrolero no estaría destinado a rubros de inversión social. Sin embargo, señaló que se “inyectará recursos a los GADs” y se “hará pagos progresivos al IESS” de la deuda histórica que el Estado mantienen con la institución y que el ministerio de Economía y Finanzas reconoce presupuestariamente, al 30 de junio del 2022, en 1.150 millones de dólares.
El ministro Arosemena prometió, además, que “se dará orden y prudencia en el manejo de las finanzas públicas”. En tal sentido, habló de “avanzar en la reducción del déficit fiscal hasta alcanzar un -2 % del PIB, en este año; -0, 60 % del PIB, en 2023; 0,5 % del PIB, en 2024 y tener un superávit fiscal para el 2025”. En cuanto al Sector Público No Financiero, manifestó que la meta es mantener superávits: 0,90 % del PIB en 2022; y un promedio de 1,90 % del PIB, en los próximos años. Según el ministro, «mantener los objetivos fiscales ya trazados permitirá generar espacio para fortalecer el gasto social, reducir atrasos, contratar menos deuda y fortalecer las finanzas públicas».
Objeciones al ABC
La respuesta de expertos analistas no se hizo esperar. Alberto Acosta Espinoza objetó la política fiscalista oficial de ordenar las finanzas públicas pagando deuda externa mientras el régimen vienen insistiendo en la receta fondomonetarista, sin implementar políticas públicas que asignen recursos a la salud, educación y seguridad social. Acosta se manifestó, además, contrario al extractivismo de recursos hidrocarburíferos y mineros que no contribuyen, según su análisis, a poner fin a la pobreza extrema que azota al pueblo ecuatoriano y, de manera especial, a las comunidades ancestrales próximas a los proyectos extractivos. El economista Acosta se inclinó por una reforma del agro que garantice acceso del campesino al agua, tierras, crédito, mercados y tecnología, porque “son ellos quienes alimentan a la ciudadanía”. La reforma agraria que visualiza Acosta, supondría garantizar la soberanía alimentaria de los ecuatorianos, según manifestó.
En el dime y direte de la política las palabras no siempre son meros abalorios, también sirven para expresar las necesidades populares. El país queda a la espera de que frente a dichas necesidades, ABC signifique Asumir Buenos Compromisos.
