La coyuntura de movilización popular llegó a su fin con los “acuerdos de paz” firmados entre representantes del Gobierno y la Conaie, y la gran pregunta que se formula el país: ¿quiénes ganaron o perdieron con el paro nacional convocado por el movimiento indígena? En términos funcionales -románticos incluso- se dice que “ganó la democracia”, que “perdió el país”, que somos “hermanos que ahora debemos reconciliarnos”. Y ese balance es reproducido en medios informativos que se vuelven agoreros de las perspectivas futuras.
El empresariado saca las cuentas en numerario y habla de pérdidas millonarias en transacciones comerciales no realizadas y exportaciones frustradas. Por su parte, el Estado evalúa la destrucción de infraestructura vial, pérdidas en instalaciones y vehículos policiales o militares. Y no falta las historias conmovedoras de humildes comerciantes callejeros que lo perdieron todo. Nadie duda que aquello forma parte del inventario de una protesta social que no es causa sino efecto de políticas de un Estado ausente o desconectado con las demandas populares.
Lo más grave, como si la vida no vale nada, pocos se refieren a las pérdidas humanas en muertos y centenares de heridos que se vuelven parte del paisaje de una violencia represiva durante las semanas de movilización popular. Más allá del inventario tangible del costo social o individual del paro, tanto o más importante es evaluar quiénes resultan ganadores y perdedores en términos políticos, durante una jornada que fue la crónica de una protesta social anunciada. Eufemísticamente, se dice que “ganó la paz”, aquel estado que, a duras penas, evaluamos como ausencia de guerra, sin considerar que la paz de una nación representa, en última instancia, la convivencia armónica de un país lograda gracias a un acuerdo social con justicia y en democracia, situación que está muy lejos de ocurrir en Ecuador.
Es evidente que el Gobierno terminó políticamente desgastado, y ese sería el primer rédito en el éxito del movimiento indígena que sale fortalecido organizacional y políticamente del paro. Habiendo puesto en evidencia la arrogancia de un mandatario que todo el tiempo se negó a sentarse en la misma mesa a dialogar con sus interlocutores de la dirigencia indígena, a la cual desprestigió y tildo de “oportunista y terrorista”. En ese flagrante error político del régimen, expresión de la altanera condición de clase de sus representantes, el Gobierno comprometió su palabra ya desacreditada en defensa del modelo neoliberal socialmente cuestionado, con un alto costo político. En esa gestión arrastró a remanentes de la partidocracia de la derecha -PSC, ID- que se unió para salvar el modelo empresarial bancario, aun a costa de las personas que lo representan desde el poder.
Los representantes indígenas consiguieron visibilizar reivindicaciones étnicas territoriales como la no ampliación de la frontera petrolera en zonas ancestrales protegidas, derogatoria del decreto 95 y reforma al decreto 151 sobre permisos mineros en zonas de protección hídrica. La reducción en centavos de los precios de las gasolinas y reposicionar en el tapete de la discusión la focalización del subsidio a los combustibles. Quedó entre los pendientes a discutir la condición de Ecuador como “última frontera minera del planeta” y la industria extractiva como “política de Estado”. Los pueblos ancestrales lograron esta vez visibilizar, según sus dirigentes, que la minería “no es una industria amigable”, puesto que en todos los proyectos existirían conflictos comunitarios impulsado por sus detractores.
Entre logros del paro, el movimiento indígena consiguió la reforma de la Ley orgánica de Circunscripción Territorial, que entró en vigencia en mayo de 2020 y tiene por objeto regular la planificación de la circunscripción amazónica y su ordenamiento de territorios, establecer políticas, lineamientos y normativas especiales para garantizar el desarrollo humano y el respeto a los derechos de la naturaleza, entre otros. Además, la Conaie logró el compromiso estatal del control de precios especulativos de productos de consumo masivo, un incremento del “bono de desarrollo humano” a $ 55,00, levantar el estado de excepción y conformar una Comisión de la Verdad para investigar la represión policial y militar. Todo el paquete de acuerdos firmados por la organización indígena con representantes del Gobierno debe ser auditado en un seguimiento que, al término de 90 días, deberá arrojar cumplimientos concretos.
Balance político
En términos políticos, la movilización popular devolvió al Estado la responsabilidad de políticas sociales, retornando a sus instituciones la obligación de gobernar en función de las necesidades colectivas y no solo de grupos económicos enquistados en el poder. Los “acuerdos de paz” activaron una cuenta regresiva durante la cual el modelo neoliberal y sus representantes deben rectificar aquellas políticas fondomonetaristas dictadas internacionalmente y asumidas obsecuentemente al interior del país, a saber, reformas laborales y tributarias, privatizaciones de servicios públicos en áreas de salud, educación y seguridad social, entre otras.
La salida a la crisis comenzó a vislumbrarse como una “alternativa mediatizada” que contaría con la anuencia de la Embajada norteamericana, en respuesta a los nuevos tiempos de la geopolítica imperial de no estimular golpes de Estado militares al estilo de los años setenta en la región latinoamericana; tampoco soluciones de “recambio del poder” sospechosas a los ojos de la ciudadanía. Por tanto, hoy no existen condiciones para soluciones políticas de corte militar dictatorial al margen del ordenamiento constitucional de nuestros países.
De manera que la presión coyuntural se desfogó en una pausa que “salvó”, circunstancialmente, el modelo político económico vigente, acaso con sacrificio de la imagen personal del mandatario que lo representa. Esa pérdida oficial estaba escrita en la ausencia de un liderazgo solvente, en el cúmulo de indecisiones presidenciales y en la contradicción flagrante con sus propias decisiones durante su gestión. Al final del día, todo aquello se tradujo en una acción burocrática sin capacidad política de sostener un programa de gobierno y sin capacidad técnica para implementarlo.
En otro ámbito, el Legislativo acusa la pérdida de protagonismo político y su iniciativa e incidencia en los grandes temas nacionales. El régimen fue astuto al negarse a dialogar bajo la intermediación de la Asamblea Nacional, desacreditando a sus representantes frente al tratamiento de asuntos pertinentes a la problemática del país. A partir de entonces, vuelve a quedar claro para los ecuatorianos quiénes son sus legítimos representantes y quiénes perdieron el derecho de serlo.
Queda pendiente la factura que deberán pagar electoralmente los perdedores el próximo mes de febrero, cuando el pueblo con su voto-castigo les cobre la deuda con las urgentes necesidades populares históricamente no resueltas.
