Ayer se firmó la paz entre representantes del Gobierno y el movimiento indígena. La firma del acuerdo puso fin al paro nacional convocado por la Conaie y dejó abierta la entrada a una nueva ronda de diálogos entre la organización indígena y el régimen, bajo mediación y garantía de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
En su parte sustancial los comparecientes acordaron instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes, presentados en los 10 puntos, que tendrá una duración de 90 días. Los términos del acuerdo incluyeron la posibilidad de trabajar en un sistema de focalización del subsidio a los combustibles. En cuanto a créditos se solicitó que el mandatario no vete la Ley derogatoria a la Ley Humanitaria, acordada en la Asamblea en junio de 2022, donde se contempla la reprogramación de deudas. El petitorio además incluye no criminalizar a manifestantes y dirigentes del paro de 2022, sino también de 2019. Además, se deberá crear una Comisión de la Verdad con el objetivo de investigar las muertes de manifestantes durante días de protestas. Finalmente, se solicitó reformas a la Ley de la Circunscripción Especial Amazónica, para replantear la asignación de recursos provenientes de la industria de hidrocarburos, temas respecto del cual se seguirá dialogando. Sobre el tapete quedaron pendientes diversas peticiones relacionadas con una mayor rebaja a los precios del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís, y una moratoria de créditos de hasta USD 10.000 en la banca pública y privada. Si bien estos asuntos no fueron incluidos puntualmente en el acta de paz, la Iglesia Católica ofreció vigilar su cumplimiento, además la dirigencia indígena advirtió que, si los diálogos sobre estos temas no continúan y no se concretan los compromisos, en 90 días volverán a una paralización en Quito y a escala nacional.
Reacciones
El Gobierno, a través de afirmaciones del presidente Lasso reiteró el tono de su discurso oficial señalando que “los trabajos deberán enfocarse en reflotar al Ecuador (…) Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos en un solo objetivo: reconstruir el Ecuador (…) hacer «del campo y de la ruralidad, prioridad nacional» y que pondrá «final al abandono que ha sufrido por parte del Estado, desde hace más de 40 años».
La palabra presidencial quedó empeñada cuando el 82% de la ciudadanía rechaza su gestión y no cree en ella, luego de que afirmara que “¡La democracia está en peligro!” o “¡Los Indios están subvirtiendo el orden!”. Según encuestas 8 de cada 10 ecuatorianos rechazan la idea de que la protesta social está “destruyendo la democracia” y se manifiestan contra un gobierno con instituciones y empresas que desoyen las necesidades de la gran mayoría de los ecuatorianos, con políticas represivas que atropellaron los derechos humanos de los manifestantes bajo la acusación de “vándalos, delincuentes y terroristas”, que los reprime provocando hambre, heridos, presos y muertos durante la movilización social.
Esta vez no se trata de cambiar un presidente. Lo que está en juego es un modelo neoliberal causante del descontento social, como había señalado la Iglesia garante “el malestar existe por la pobreza, corrupción, inseguridad social. No se pueden sentar a dialogar, hay que buscar consensos que beneficien a todos, a las clases más empobrecidas, los temas del diálogo deben ser previamente consensuados, del diálogo del 2019 quedó un sentimiento de frustración, necesitamos politólogos que nos digan qué hacer más allá de las recetas. Nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas”, señaló la Iglesia.
Se reafirma así que no se trata de personas sino de políticas. El acuerdo de paz no será real sino no hay justicia dentro de un modelo que se salva circunstancialmente: el neoliberalismo que sigue vigente, mientras que el presidente es un representante de un proyecto detrás del cual hay una clase social que obstruye el camino para liberarnos de la miseria y posterga la dignidad, la justicia y la democracia.
Que la muerte de los caídos haya tenido algún sentido, los manifestantes José Félix Muénala, Byron Guatatoca, Henry Quezada Espinoza, Franco Íñiguez Camacho, José Marcelino Villa Romero y el sargento José Chimarro. El costo de sus vidas nunca será suficiente para solventar la justicia y la paz. La paz no es solo ausencia de guerra, es vigencia de justicia y solidaridad social.
