La crisis política ecuatoriana en las recientes horas entró en una suerte de cese al fuego. Por un lado, se apagan las barricadas de la protesta social, por otro, el régimen derogó el estado de excepción que restringe derechos de reunión y expresión. Como en todo conflicto, un cese al fuego implica suspensión de las hostilidades de una protesta social que, en este caso, ha cobrado la vida de cinco personas y ha dejado más de 200 heridos.
La reflexión pertinente debe aclarar cuál es el alcance de estas circunstancias. De parte del régimen la suspensión del estado de excepción responde a la necesidad de dejar sin piso los argumentos de quienes invocan que “Ecuador vive una situación de grave crisis política y conmoción interna”. El presidente Guillermo Lasso dejó sin efecto dicha prueba que tenía el correísmo en su contra para proponer su destitución, y calificó la solicitud de “absoluta irresponsabilidad” con la ciudadanía. En tanto, el trámite sigue su curso en el Legislativo en procura de los 92 votos necesarios para su aprobación.
En el fragor de las manifestaciones, el estado de receso en el que entró la protesta es efecto de la amenaza proferida por el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien señaló: “Ya no podemos seguir repeliendo; tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza (…) esto implica la posibilidad de utilizar también carabinas con munición múltiple, es decir, perdigones”.
Los llamados al diálogo desde diversos sectores sociales y políticos, sin duda, debieron influir en la baja momentánea de las tensiones. Una reunión convocada por el presidente de la Asamblea Nacional que tuvo lugar en la Basílica en Quito con presencia de representantes del Gobierno, la Conaie y la Feine, habría procurado un entendimiento. Sin embargo, el movimiento indígena desmintió que se hubieran producido diálogos con el régimen en dicha reunión.
Ante el fracaso del diálogo invocando razones constitucionales procede una solución política. Solución que tampoco se avizora, más aún cuando el dilema actual del país entre neoliberalismo y democracia ha depurado las posiciones partidistas evidenciando quienes están con la democracia real y quienes con un modelo neoliberal. En esa disyuntiva no falta quienes se escandalizan de que pueda contraponerse la democracia real a la formal. La democracia, en términos reales, es algo más que las reglas que la constituyen y que garantizan la igualdad política de todos los ciudadanos y la celebración periódica de elecciones. En una democracia real todo el mundo tiene el mismo derecho a participar en la esfera política; además, los derechos de reunión, asociación y libre expresión permiten que los ciudadanos puedan organizarse políticamente, puedan expresarse y protestar y puedan recibir información libremente.
Esa es la democracia que se contradice con el modelo neoliberal excluyente, que conculca derechos colectivos porque carece de políticas sociales. En definitiva, ese es el fondo del conflicto que vive el país. He ahí la contradicción fundamental de la coyuntura.
Frente a dicha coyuntura la derecha ecuatoriana se une estratégicamente, luego de algunas diferencias tácticas, para salvar el proyecto político, proporcionando circunstancialmente apoyo al régimen que se vería fortalecido por los resultados de la propuesta de destitución presidencial, lo que no significa haber superado la crisis.
Los demócratas debemos ir más allá en las exigencias de una democracia en términos formales, “y construir caminos para propiciar una democracia que responda a las necesidades de ese pueblo”, según señala un manifestó de intelectuales y artistas ecuatorianos ante la crisis. “La deslegitimidad de un presidente y un gobierno, de un Estado y de un sistema que no quieren escuchar y dar respuestas al pueblo ecuatoriano, se evidencia en el rechazo de gran parte de la población”, concluye el manifiesto.
El cese al fuego es un paréntesis en un relato mayor. El presidente Lasso tiene opción de implementar desde el Ejecutivo la muerte cruzada, disolviendo la Asamblea Nacional y renunciar a su cargo; en tanto, el Consejo Nacional Electoral debe llamar a elecciones para realizarlas en un plazo de seis meses, hasta que eso ocurra el mandatario gobierna a fuerza de decretos con todos los visos de un régimen presidencialista, desde todo ángulo inaceptable para el pueblo que expresa un 90% de rechazo a la gestión y a la credibilidad del presidente, según Perfiles de Opinión.
El cese al fuego acaso apagó la hoguera de pasiones momentáneas, pero encendió un dispositivo que marca una cuenta regresiva para el régimen.
