Los acontecimientos políticos se suceden de manera vertiginosa en las últimas horas. Las dos grandes posiciones contrapuestas permanecen irreconciliables: Gobierno aplica Estado de Excepción en tres provincias -Pichincha, Cotopaxi e Imbabura- restringiendo libertades; Conaie marcha sobre Quito, suspende diálogo con el régimen y exige respuesta a sus demandas. En una coyuntura de crisis política la democracia es la primera que muere, es decir, pierden sentido los preceptos de representatividad y consenso y gana fuerza, precisamente, la correlación de fuerzas en juego.
En esta posición de fuerzas, el régimen echa más leña al fuego, dando pábulo para que, en ejercicio de una democracia esquilmada, la Asamblea Nacional eche mano a los recursos constitucionales disponibles en la Constitución para separar del cargo al mandatario. Días pasado se filtró un audio en el que se escucha a un emisario del presidente Lasso pidiendo que la justicia interceda por Guadalupe Llori. Esta circunstancia puso en manos de la Asamblea Nacional la cabeza del mandatario para que, a través de un juicio político comience el proceso de destitución cuya causa directa es la intromisión en la justicia. Y si en caso de que Lasso no se presente a comparecer, igual procede el juicio en rebeldía. En la parte sustancial del audio se escucha a un mensajero presidencial tramitar apoyo a los jueces: “El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema porque él ve que estas circunstancias no van a ir por buen camino, no van a ir en una línea de derecho (…) se están tomando el poder legislativo de una manera totalmente arbitraria (…) yo quiero trasladarles esta inquietud del señor presidente con toda la confianza que a ustedes les tengo.”
El gobierno en un comunicado rechazó la filtración del audio: “El gobierno nacional rechaza categóricamente las afirmaciones hechas en el audio que circula en medios y redes sociales en las que se toma el nombre del presidente de la República para afirmar que, supuestamente, busca influir en una decisión judicial”. Este solo suceso, con intercambio de comunicados, amerita una investigación legislativa y una aclaración ejecutiva en la que el régimen explique lo sucedido. El silencio otorga.
A esta supuesta injerencia en la justicia se suman acciones restrictivas a los derechos ciudadanos a reunión, a estar informado y a expresar el disentimiento con el régimen. Circunstancias que se expresan en un Estado de Excepción territorial en tres provincias, y en acciones de hecho contra medios informativos alternativos. En un comunicado en sus redes sociales Radio La Calle denuncia: “Informamos a nuestros seguidores y lectores que nuestra página web fue atacada. ¿Cómo ejercer nuestra labor informativa si atacan nuestro trabajo? Somos un medio de comunicación original, directo, valiente y frontal. Disputamos el relato de la realidad. Encuéntranos en http://radiolacalle.com”
La reacción parlamentaria se conoció hace pocas horas en un tuit del asambleísta Pabel Muñoz en el que se lee: “Los votos de BancadaUNESec le pertenecen al pueblo ecuatoriano. La Asamblea de Ecuador debe derogar el decreto “borrador”. Presidente Saquicela convóquenos de manera urgente. Leemos con estupor cosas como fuerza letal y pérdida de derechos esenciales”. La exhortación de Muñoz responde a la directriz emanada desde Bruselas, en un tuit del ex presidente Rafael Correa: “Saquicela debe convocar a la Asamblea para derogar este criminal decreto borrador. De no hacerlo la Asamblea debe autoconvocarse. Veremos quién es quién”. El asambleísta Fernando Cedeño escribe en Twitter: “He enviado, formalmente, a @VSaquicelaE, la Solicitud de incorporación en el orden del día de la revocatoria del Estado de excepción. @BancadaUNESec #ParoNacional2022”.
El proyecto de resolución parlamentaria para la revocatoria del decreto N 455, del 17 de junio, señala en su parte sustancial: “Artículo 1.- Revocar el decreto ejecutivo 455, dictado el 17 de junio del 2022, mediante el cual el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza (…) Artículo 2.- Recordar a las Fuerzas Armadas de la República del Ecuador, que su misión fundamental es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, (… ) Artículo 4.- Notificar con esta Resolución a Presidencia de la República, Presidencia de la Corte Constitucional, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandancia General de la Policía Nacional, Presidencia del Consejo de la Judicatura y Presidencia de la Corte Nacional de Justicia”.
En Carondelet, en tanto, azuzan el fuego, sin medir las proporciones del siniestro político que se avecina, ni asesor que advierta al mandatario del peligro. Sobre las cenizas de la administración caerán lágrimas de desconsuelo desconectados los gobernantes de las aspiraciones populares y su realidad.
