El régimen del presidente Guillermo Lasso incurre en conducta políticamente excepcional decretando el Estado de Excepción para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. La disposición oficial fue anunciada por el mandatario en cadena nacional en respuesta a la decisión de la Conaie de mantener el paro indefinido, avanzar en marcha a la ciudad de Quito y suspender todo diálogo con el gobierno. El presidente en una Cadena Nacional, realizó ofrecimientos para una supuesta “reconciliación”, declaró medidas excepcionales en un documento firmado, pero el flamante Secretario de Comunicación dice que “lo que se socializó es un borrador”.
Ante la decisión gubernamental la crisis se agudiza y la situación del país da un giro. El movimiento indígena se prepara para sumarse a las marchas en Quito, en tanto, la Conaie cierra las puertas al diálogo con el Gobierno, si no hay respuesta a sus demandas: reducción y congelamiento del precio del combustible; refinanciamiento de deudas por un año para el sector agrícola; control en los precios de los productos para el campo; no precarización de la jornada laboral; revisión de los proyectos extractivistas; respeto de los derechos colectivos, como la educación bilingüe y la justicia indígena; no privatización de los sectores estratégicos; control de la especulacion de precios; presupuesto digno para la salud y la educación; y la generacion de políticas pública de seguridad.
El gobierno en esta coyuntura busca respaldo político y quien pueda mediar el diálogo para diluir la protesta social, mientras el movimiento indígena insiste en que no habrá acercamientos sin antes atender sus demandas. Lasso dijo que está comprometido “a defender” a Quito y al país, y criticó que “no hay intención de buscar soluciones” por parte de las organizaciones sociales que rechazan su gestión. La ciudadanía consultada, expresa un 81% de rechazo a la gestión del gobierno, y un 17% de aprobación al régimen, según recientes encuestas.
Paquetazo económico
En un intento por aminorar la presión social, el mandatario decretó diversas medidas económicas: aumentar el bono de desarrollo humano a $ 55; declarar en emergencia el sistema de salud pública. Subsidiar hasta el 50% al precio de la úrea a pequeños y medianos productores. BanEcuador condonará los créditos vencidos hasta $ 3.000. Crédito agrícola de hasta $ 5.000 al 1 % de interés y 30 años de plazo. Adicionalmente, “no habrá alza del diésel, del gas y la gasolina Extra y Ecopaís”. Se descartó la privatización de los servicios públicos y sectores estratégicos. El presidente Lasso extendió la invitación al diálogo a la sociedad civil, médicos, artesanos, agricultores, transportistas, universidades y a las organizaciones sociales.
Medidas restrictivas
Como reza el adagio popular: el mandatario borra con el codo lo que hace con la mano. Mediante decreto 455 se establece como zona de seguridad al Distrito Metropolitano de Quito y se dispone a las Fuerzas Armadas la conformación de una fuerza de tarea conjunta para materializar el objetivo. Se dispone la movilización de las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional hasta las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. En la práctica las medidas excepcionales implican: restricción de la libertad de información en las tres provincias, esto quiere decir que se podrán establecer suspensiones en los servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de Internet; restricción de libertad de tránsito, se suspende la libertad de asociación y reunión; requisición de vehículos y maquinarias para ponerlas al servicio del Estado.
Democracia fallida
Las medidas de fuerza decretadas por la acción políticamente excepcional del gobierno, suponen un fracaso de la democracia formal que no garantiza la búsqueda de gobernabilidad mediante el consenso, convirtiendo los anuncios de diálogo en una dilatoria oficial. Para dialogar se requieren dos partes, una agenda preestablecida, un procedimiento inclusivo y un resultado vinculante con acuerdos mandatorios. Nada de eso hay.
El gobierno está obligado a poner en consideración su decisión de decretar el Estado de Excepción (Art. 166. – La presidenta o presidente de la República notificará la declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del decreto correspondiente).
La crisis de gobernabilidad pone en juego los planes de gobernanza: hoy estamos frente a la disyuntiva de si un proyecto político para el país es popular o es neoliberal. Incluso, las partes en conflicto podrían llegar a percibir que no importa la persona, lo que importa es salvar el proyecto.
El régimen tiene dos alternativas: está con el pueblo o está contra él. En la práctica, el régimen de impopular se convirtió en gobierno antipopular. La Asamblea Nacional, en defensa de los derechos ciudadanos, está obligada a derogar inmediatamente el estado de excepción de acuerdo al Art. 166 de la Constitución de la República. El comportamiento ciudadano está a un paso de convertirse de políticamente correcto en políticamente insurrecto.
