La movilización ciudadana que llamó a un paro indefinido en el país se explica a partir de la plataforma de 10 puntos planteada por la Conaie, a saber: la reducción y congelamiento del precio del combustible; el refinanciamiento de deudas por un año para el sector agrícola; el control en los precios de los productos para el campo; la no precarización de la jornada laboral; la revisión de los proyectos extractivistas; el respeto de los derechos colectivos, como la educación bilingüe y la justicia indígena; la no privatización de los sectores estratégicos; el control de la especulación de precios; un presupuesto digno para la salud y educación y la generación de políticas públicas de seguridad.
Voceros oficiales, en respuesta señalaron que “estamos en recuperación económica, no podemos paralizar al país”-, y en seguida afirmaron: “La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. ¿Quién se beneficia de otra protesta sin límites?”, dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El ministro Carrillo, advirtió en declaraciones de prensa que “la Policía Nacional actuaría en flagrancia”. Mientras, se estaban iniciando investigaciones previas para detener a los autores materiales e intelectuales de la convocatoria a esta paralización nacional.
Conforme esa disposición ministerial la represión policial-militar se manifestó en diversos lugares del país que empezó al disolver manifestaciones en la provincia del Azuay donde se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden, con resultado de la quema de un patrullero policial y detenidos; igual cosa sucedió en la provincia de Cotopaxi y Pichincha donde se dieron cierres de vías, desmanes y la detención de manifestantes. En la ciudad de Quito plegaron al paro los estudiantes universitarios de la Universidad Central y secundarios del Colegio Mejía, quienes se enfrentaron con la policía en el centro histórico con el resultado de varios detenidos. En otros sitios del país se registraron intentos de detener labores productivas en florícolas y cierre de dos pozos petroleros amazónicos. En un balance general, en el segundo día de manifestaciones se contabilizaron 87 bloqueos de carreteras a nivel nacional, 3 policías atacados y retenidos por los manifestantes en el sur del país, un fiscal retenido en Saquisilí, quemas de patrulleros en Molleturo y en Quito.
Sectores empresariales exportadores manifestaron que en 48 horas de paro el sector perdió 3,2 millones de dólares por falta de actividad, y que 150 mil familias dependen de la exportación de flores, brócoli y alimentos. Dos millones de dólares pierden los floricultores al día por no exportar. No hay buses interprovinciales funcionando normalmente, de 40 mil pasajeros diarios que salen del terminal de Guayaquil hacia la sierra, la cifra se redujo a 20 mil personas que intentaron hacerlo.
El hecho más significativo, y que introdujo un cambio cualitativo en la situación, fue la detención por fuerzas especiales policiales y militares del dirigente Leonidas Iza, presidente de la Conaie que fue arrestado en el sector de Pastocalle, Cotopaxi, la madrugada del martes. Iza fue trasladado a la Unidad de Flagrancia del norte de Quito, donde permaneció varias horas y, posteriormente, fue llevado a Latacunga por vía aérea, en medio de un fuerte contingente policial. La fiscal Marisela Yánez, formuló cargos contra el dirigente de la Conaie por el presunto delito de paralización de un servicio público. La diligencia judicial se desarrolló de manera virtual a cargo de la jueza Paola Bedón, de la Unidad Penal de Latacunga. La activista Lourdes Tibán manifestó que con la detención de Iza, “el gobierno pone leña al fuego”. El dirigente ha recibido un tibio apoyo de Pachakutik en la Asamblea Nacional de parte de Salvador Quishpe. El que se manifestó en contra del arresto de Iza con mayor decisión, fue Marlon Santi; sin embargo, ambos fueron acusados de “traidores” por cientos de manifestantes frente a la Unidad de Flagrancia en Quito. De última hora se conoció que “jueza acoge la solicitud de medidas alternativas a la prisión preventiva para Leonidas Iza. Dispone la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía. Magistrada dispone inmediata libertad de Leonidas Iza”.
Reacciones políticas
El movimiento Revolución Ciudadana se pronunció en la tarde de ayer. En declaración fechada 14 de junio, manifestó: “No coincidimos con los métodos ni con la plataforma de lucha de la Conaie. Deben tener una mínima coherencia y sentido democrático. La protesta no puede ser por el neoliberalismo que ellos mismos impulsaron en la campaña (…) Existe la forma constitucional del presidente: poner su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Sabemos que no lo hará porque no le importa el país (…) por eso debemos ser los ciudadanos defraudados los que recojamos tres millones de firmas para constitucional, democrática y pacíficamente ratificar a Lasso en su puesto o enviarlo directamente al basurero de la historia (…) Rechazamos los abusos cometidos contra la integridad de los ecuatorianos, vengan de donde vengan (…) rechazamos la ilegal detención contra Leonidas Iza por parte del gobierno de Lasso”. La declaración es considerada “floja” por diversos sectores. El asambleísta de UNES, Ricardo Ulcuango, en entrevista en el programa del Colectivo Espejo Libertario de Radio Pichincha, el día lunes ante la pregunta si el paro obstruye o contamina de violencia el derecho constitucional que tiene la ciudadanía de pedir la derogatoria del mandato presidencial y cuál es la posición de su bloque, respondió que no han tratado el tema de revocatoria del mandato por evitar que “culpen de todo a Correa”, mientras que el otro invitado al programa, el Presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Santiago García, instaba a que “la Asamblea Nacional se pronuncie y haga algo”.
La respuesta del régimen a la paralización ha sido errática, carente de inteligencia y adecuado asesoramiento político. Sus decisiones represivas solo han conseguido triplicar numéricamente la cantidad de manifestantes y las acciones de protesta en todo el país, con énfasis en sierra centro y norte y Amazonía. El gobierno se vio obligado a suspender clases presenciales en más de 500 establecimientos educativos del país. En tanto, 50 mil policías a escala nacional tratan de contener la protesta con un gasto de medio millón de dólares en bombas lacrimógenas. El parte policial señala que “Iza quería ir más allá del derecho a la resistencia con ataques a instalaciones petroleras, propiedad privada y daños a vías estatales, con serias intenciones de derrocar al gobierno”.
Ante estas reacciones la movilización -que no había comenzado con la potencia de otras ocasiones- se fortaleció significativamente. En las últimas horas se plegó activamente al paro la UNE y el Frente Popular, mientras que la FENOC se manifestó en contra de la medida de protesta.
El gobierno, a través de declaraciones del ministro de Interior, Patricio Carrillo, ha incurrido en nuevas acusaciones, señalando que “guevaristas” se han infiltrado entre los manifestantes para provocar desmanes. Bajo esa conclusión, la policía ha detenido a otros dirigentes indígenas en provincias.
El régimen ha demostrado que no tiene otro norte que aplicar a raja tabla la agenda neoliberal con medidas que afectan los intereses populares, en las últimas horas se cumple lo que habíamos señalado anteriormente: el gobierno impopular se ha convertido en antipopular con la represión policial-militar y detenciones ilegales.
En redes sociales se pudo leer la intervención de un activista: “Creo que hay que hacer una campaña para persuadir a los policías y militares para que no le den la espalda al pueblo y no arremetan contra él… Ellos son los que al final tienen la decisión de quitarle el respaldo al gobierno y dejarle que se caiga… Tengo información, de fuente de un exoficial del ejército, que un grupo de altos mandos, la mayoría de los mandos medios, y tropa no está a favor de Lasso… Así que hay que irles ayudando a que se rebelen y desobedezcan las órdenes de sus superiores, si lo que quieren es asesinar a los manifestantes para perpetuarse en el poder que no lo saben ejercer”.
El movimiento indígena ha mostrado voluntad política, presencia de ánimo, decisión de resistencia, capacidad de convocatoria y logística de movilización nacional. Potencialmente, podría convertirse en alternativa de poder popular plurinacional e intercultural, bajo liderazgo étnico propio. La reacción del sector ante la detención de su líder confirma lo que muchas veces hemos expresado: somos una sociedad tribal que seguimos al machi, al curaca, al más experimentado de la tribu; el pueblo ecuatoriano sigue a líderes caudillistas, el presidente Lasso no lo es, carece de condiciones, en eso Iza le lleva ventaja.
Si los sectores oligárquicos, acolitados por sectores medios, detectan que el gobierno ya no tiene el control de la situación nacional para garantizarles buenos negocios en armonía, el régimen podría tambalearse peligrosamente; y si el pueblo ecuatoriano en general vence la apatía que le dejó anteriores levantamientos contra el poder, el gobierno entra en cuenta regresiva.
Esto ocurre en el país, mientras los propagandistas del régimen hacen decir al presidente Lasso ante un teleprompter: “¡Este es el Ecuador de oportunidades donde nos encontramos, el país que siempre soñamos, pero que juntos lo hacemos posible!”
Fotografía RT
