Una célebre afirmación tomada del léxico empresarial sirve para definir al régimen que actúa sin conciencia para hacer lo que corresponde hacer, sin coherencia para hacer lo que se dice, sin transparencia para decir lo que se hace.
El gobierno del presidente Lasso actúa sin conciencia frente a la crisis nacional caracterizada por la falta de empleo e inseguridad ciudadana, resultado de la ausencia de políticas públicas de carácter social que se traduce en carencia de acciones que den respuesta a la grave situación de la salud, educación y seguridad social. Los hospitales continúan sin insumos médicos y medicinas; la infraestructura educativa permanece en pésimas condiciones con profesores impagos; el crimen se apodera de calles y cárceles con índices de violencia delincuencial nunca antes vistos en el país. El régimen neoliberal carece de coherencia para hacer lo que prometió hacer, incumpliendo promesas de campaña y convirtiendo sus intervenciones mediáticas en clamorosas mentiras. Al presidente Lasso le falta transparencia para decir lo que su gobierno hace al margen del pueblo.
La comunicación manejada por funcionarios incomunicados se ha convertido en un eufemismo que oculta las verdaderas intenciones oficiales. El relato presidencial habla de “oportunidades de trabajo”, cuando en realidad se trata de precarización laboral; se jacta de “reactivación económica”, cuando los empresarios se quejan de asfixia impositiva con nuevos tributos que esquilman a la clase media; especula con supuestas “medidas educativas” en favor de la juventud, mientras que la Senescyt entorpece los planes de estudio a miles de jóvenes; proclama “acciones en favor de la niñez y la maternidad”, no obstante que en las calles se reprime a mujeres que exigen sus derechos.
El gobierno muestra síntomas de esquizofrenia política, dolencia ideológica que afecta la forma en que sus funcionarios piensan, sienten y se comportan, como si hubieran perdido el contacto con la realidad.
Disonancia cognitiva llamaba León Festinger a su teoría que explica cómo las personas intentan mantener la consistencia interna de sus creencias y de las ideas que han interiorizado; teoría que define como incomodidad, tensión o ansiedad que experimentan los individuos cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto con lo que hacen. Un displacer que lleva a un cambio en la conducta por defender creencias o actitudes llegando al autoengaño para reducir el malestar que produce. La relación entre la mentira y la disonancia cognitiva llama la atención de los investigadores. Festinger, demostró que la mente de quienes se autoengañan resuelve la disonancia cognitiva “aceptando la mentira como una verdad”.
Cuando este síndrome se convierte en política de Estado, las consecuencias sociales suelen ser insospechadas. El país termina regentado por un gobierno que no hace, no cumple o no comunica lo que ejecuta en su gestión, convirtiendo su praxis política en un quehacer que no alcanza a percibir y al país y sus necesidades, causando un total desencuentro con la nación que lo eligió.
Frente a este panorama, la protesta social se legitima en el derecho constitucional que tiene la ciudadanía a expresar su desaliento y disconformidad con el gobernante que no encuentra forma de sintonizar con el pueblo, que da tratamiento policial y militar a lo que debe ser respuesta social. En ese contexto el mandatario viajó a EE. UU a pedir recursos para implementar políticas de “seguridad nacional”, a través de un “Plan Ecuador”, refrito del Plan Colombia fracasado en sus intentos de erradicar el narcotráfico y fomentar políticas sociales que lo impidan.
Una ciudadana escribe en Twitter una reflexión matemática con pertinente exactitud: “El precio del barril de petróleo se presupuestó a 59 dólares, hoy está a $119, es decir $60 de excedente x cada barril, multiplicado x los 500.000 barriles diarios que producimos son 30 millones x los 30 días del mes son $900 ¿Y la gente se muere x que no hay medicinas en los hospitales?”
El paro anunciado, a partir del lunes 13 de junio, es una evidente manifestación de hartazgo de diversos sectores sociales, laborales, estudiantiles, profesionales, étnicos y de género, que ven desoídas sus demandas sectoriales mientras el régimen confiesa tener “en reserva” 8 mil millones de dólares. La protesta social es convovada por bananeros en grave crisis que exigen la renuncia al ministro de Agricultura; Frente Campesino que marcha sobre Quito exigiendo soluciones a sus problemas territoriales; Conaie que convoca a un paro indefinido contra el alza de combustibles y privatizaciones; jubilados y afiliados que denuncian una dramática situación ante la “ingobernabilidad del IESS”; profesores que hacen huelga de hambre exigiendo pago justo de sus haberes. Sin embargo, autoridades del gobierno han dicho que “no saben qué está pidiendo el pueblo”.
La respuesta del Estado ante la protesta social se proyecta disonante. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó un cuerpo legal que legitima el uso progresivo de la fuerza y faculta a efectivos policiales y militares a desenfundar armas letales, mediante una ley que entrará en vigencia en estos días. El régimen reúne al Consejo de Inteligencia en reunión reservada -sin prensa-, convocando a la cúpula militar, policial y de inteligencia estatal para definir un proyecto de Ley de Inteligencia que anticipa ser un cuerpo legal reiterativo de la doctrina de “Seguridad Nacional”, célebremente represiva de los años ochenta.
Para muestra un botón. Un desubicado consejero presidencial, Diego Ordoñez, escribe en Twitter: “Es extraño, sospechoso, que en medio de una lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, se desvíe a Policía y FFAA, a enfrentar los bloqueos y violencia que intenta provocar el señor Iza ¿Acaso se quiere reducir la fuerza requerida para combatir el crimen? En evidente disonancia cognitiva, Ordoñez contradice lo que anteriormente había dicho: “La historia demuestra que los regímenes despóticos necesitan magnificar las intenciones de las protestas para justificar sus abusos”. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que la movilización nacional e indefinida del próximo lunes 13 de junio es una estrategia de victimización de los sectores populares contra el régimen de Guillermo Lasso: “La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse”.
¿Un anticipo de abusos represivos? Todo victimario estigmatiza a su víctima.
Disonantes cognitivos, los funcionarios del régimen viven desubicados al margen de la realidad. El país exige que asuman una postura de autoridad dialogante frente al interlocutor social, no obstante, prefieren emitir exabruptos destemplados que evidencian su desconocimiento del país y de su gente. La protesta social y la respuesta del Estado marcan la coyuntura del mes de junio que deja oír los preludios, en tono mayor, de una movilizacion ciudadana con represión anunciada.
